El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sospecha que los magistrados del Tribunal Supremo que están resolviendo los recursos sobre sus nombramientos para cargos dentro de la carrera fiscal podrían estar actuando con parcialidad. Por eso ha planteado la recusación de cuatro de los jueces del Alto Tribunal que tienen que resolver próximamente su propio nombramiento por parte del Gobierno.
En un escrito, al que ha tenido acceso La Vanguardia, el letrado de García Ortiz ha reclamado al Supremo que se inicie un incidente de recusación para que estos cuatro magistrados no participen en las deliberaciones para estudiar el recurso planteado por una asociación de fiscalees (APIF) contra su nombramiento. El argumento es que estos magistrados formaron parte del tribunal en otro asunto contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de lo Militar. Aquella sentencia sostuvo que existió por parte de García Ortiz una “desviación de poder” por ascender a Delgado como fiscal de sala a pesar de incumplir los criterios para ello.
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En las últimas horas, García Ortiz ha recibido varios varapalos judiciales
Delgado había sido fiscal general del Estado con García como su mano derecha. Cuando esta –que previamente había sido ministra de Justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez– dimitió por motivos personales, fue sustituida por García. Desde entonces, este ha hecho dos nombramientos para ascender a Delgado, pero se ha encontrado de frente con el Supremo, que los ha anulado.
Para García Ortiz, estos cuatro magistrados no pueden participar ahora en el estudio de este nuevo recurso una vez que ya dictaron una sentencia de la que él discrepa y que además critica porque ni siquiera se le permitió hacer alegaciones para defenderse. Aquella sentencia sirvió además para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmara en contra de su idoneidad para revalidar su puesto como fiscal general tras conformarse el nuevo Ejecutivo salido de las urnas del 23 de julio. A su vez, la decisión del órgano de gobierno de los jueces –preceptiva, pero no vinculante– ha sido la base del recurso planteado por la APIF para que el Supremo revise ahora si su nombramiento debe ser anulado.
En las últimas horas, García Ortiz ha recibido varios varapalos judiciales. El Supremo anuló este martes otro nombramiento de Delgado –esta vez, como fiscal de sala de Memoria Democrática–, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite una querella contra la Fiscalía por ofrecer una nota informativa con datos sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Además, el Senado, con mayoría absoluta del PP, aprobó este miércoles su reprobación y reclamó su cese al Ejecutivo. La iniciativa del PP contó con el apoyo además de Vox y de UPN, mientras que el PSOE votó en contra, y los socios habituales del Gobierno –Junts, ERC, PNV y EH Bildu– se abstuvieron.
La reprobación de García Ortiz se incluía en una moción promovida por el PP en la que insta al Gobierno a proponer la destitución del fiscal general, “ante el incumplimiento de sus funciones”, y la designación de otra persona para el cargo.
