A pesar de tener atado el apoyo del PSC, el Govern no tiene garantizados aún los presupuestos del 2024. Necesita que los comunes los faciliten. En Comú Podem ha advertido de que no los apoyarán hasta que el Govern retire el plan director urbanístico ( PDU) del Centre Recreatiu i Turístic ( CRT) del Hard Rock en Vila-seca y Salou. Pero el Ejecutivo catalán avisa de que tiene un margen de maniobra escaso para paralizarlo por decisión propia y unilateralmente si no es asumiendo una compensación económica millonaria por responsabilidad patrimonial.
Por responsabilidad patrimonial se entiende la obligación de las administraciones públicas de reparar el daño causado. Unos daños que incluyen desde el resarcimiento, por ejemplo, por los proyectos arquitectónicos y urbanísticos que Hard Rock haya podido encargar, por el coste de abogados, por los viajes, etcétera. Como perjuicios económicos también constarían daños emergentes, es decir, toda la perspectiva de negocio que la empresa privada calculase que ha visto frenada por la acción de la administración pública.
En el proyecto en Vila-seca y Salou hay tres actores implicados: CriteriaCaixa –propietaria de los terrenos–, Hard Rock –la empresa inversora– y el Institut Català del Sòl o Incasòl, que depende de la Generalitat y que ejerce de intermediaria. No existe cláusula alguna por la cual la Generalitat tenga que indemnizar a CriteriaCaixa o Hard Rock. Tampoco entre las dos compañías privadas, y ni siquiera obligación por parte de estas de sacar adelante la operación. Por tanto, no sería extraño que se renegocien los 120 millones pactados en el 2020 por la compra de los terrenos. Pese a todo, la responsabilidad patrimonial está sobre la mesa.
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En todo caso, no es un procedimiento automatizado. Exige que la empresa perjudicada, Hard Rock, reclame esta responsabilidad. Puede hacerlo, ya que la Generalitat, por ejemplo, le otorgó en el 2018 la licencia y la autorización para la instalación y explotación de un casino en el CRT que con las salas de apuestas ocuparía 30.000 metros cuadrados.
El PDU se aprobó en el 2016. En el 2020 los jueces lo declararon parcialmente nulo a raíz de un contencioso administrativo impulsado por el Grup d’ Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya ( Gepec), al apreciar que “el grueso de los espacios libres y de los equipamientos públicos del Sector 1, están situados en una zona de riesgo de accidentes graves procedentes de la industria química”.
Ahora, tras decenas de informes, se está pendiente de uno de mediambiente, el último que queda. En el 2022, Acció Climàtica ya emitió uno desfavorable. El PDU se volvió a modificar y ahora está pendiente de este nuevo informe que en el Govern reconocen que está al caer. Sin embargo, otra consideración desfavorable tampoco detendría el proyecto, ya que se incluyen siempre medidas resolutorias, sugerencias y compensaciones a estudiar.
la compañía afirma al Ejecutivo catalán que ahora mismo no posee la financiación necesaria
¿Hay opción de que el proyecto se detenga sin asumir costes económicos? La opción menos lesiva sería que la multinacional renunciara. Según indican desde el Govern, Hard Rock, aunque hace años que el complejo recreativo debería haber visto la luz, sigue interesada. Pero la compañía afirma al Ejecutivo catalán que ahora mismo no posee la financiación necesaria. Solo se pondrá en marcha si se aprueba el PDU.
Por último, de salir adelante a nadie se le escapa que se presentarán nuevos contenciosos administrativos ante los juzgados en contra del proyecto. Y que habrá cierta contestación en la calle.
Sea como fue, por todos estos últimos factores en el Govern –que no ve con buenos ojos el complejo– existe el convencimiento de que es complicado que el Hard Rock cristalice.
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