El complejo recreativo y turístico del Hard Rock, proyectado junto a Port Aventura, entre Vila-seca y Salou (Tarragona), es el responsable indirecto de que la legislatura catalana haya llegado a su fin y Pere Aragonès haya convocado elecciones para el 12 de mayo. El proyecto es la excusa que ha servido para impedir la aprobación de los presupuestos de este año y, reforzado por la crisis hídrica, dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral.
El Govern de ERC arrastraba un proyecto turístico que contempla la construcción de un complejo con un gran casino, centros comerciales y hoteles, que consumiría 1.086.000 metros cúbicos de agua al año, según datos de la conselleria d’Acció Climàtica, tanto como la ciudad de Reus. Además, hay quien añade problemas asociados al juego a este proyecto, como la inseguridad o la ludopatía, pero la mayoría de los partidos catalanes lo avalan.
Aunque el Hard Rock dista mucho del embrionario Eurovegas que presentó Artur Mas en 2012, PSC y Junts apoyan sin fisuras un proyecto que a día de hoy dedicaría solo el 4% del terreno al juego, el 16% al ocio, el 6,7% a usos comerciales y el 57% a hoteles. De los millones de metros cuadrados de edificaciones proyectados al inicio se ha pasado a los actuales 700.000 m2con grandes superficies de protección ambiental.
“Es un proyecto más a la catalana”, justifican en Junts. “Hay que hacer que las cosas pasen”, reclaman los socialistas, que advierten de que Catalunya pierde la carrera con Madrid en inversiones y grandes proyectos, “como la Fórmula 1”, recuerdan.
El president Pere Aragonès admitió hace unas semanas que el Hard Rock saldría adelante aunque “no lo abrazamos con entusiasmo”, y en ERC confiesan en privado que preferirían enterrarlo aunque fuera Oriol Junqueras quien lo rescató en el 2016: “Eran otros tiempos. Estábamos en plena crisis económica y había miles de parados, pero ahora...”.
PSC y Junts defienden el proyecto, y el Govern lo asumía por obligación por salvar unos presupuestos imposibles
En cambio los comunes, espoleados tras haber perdido la alcaldía de Barcelona, han jugado la carta de la ecología más fuerte que nunca, mirando de reojo a la próxima cita con las urnas. "A los comunes no nos manda Madrid ni la Caixa", ha soltado en el debate de las enmiendas a la totalidad de las cuentas Jéssica Albiach.
Se cruzan intereses electorales. Los comunes, que pugnan por parte del electorado de ERC y del PSC, ven que en la sociedad catalana va calando la sensibilidad medioambiental.
Según el CEO, la generaciones que más votan – baby-boomers, generación X y milenials – rechazan priorizar el crecimiento económico sobre la protección del medio ambiente. Al contrario opinan la generación Z (entre 16 y 26 años) y la generación silenciosa (a partir de 77 años). Lo relevante en cualquier caso es que hay margen de crecimiento electoral por la vía del respeto al medio ambiente.
“¿Tenemos que parar el país por la sequía? No siempre la habrá y, de hecho, en Tarragona no se da la situación de emergencia de Barcelona. Además, en el territorio están a favor del Hard Rock”, señalan en el PSC. Pero no es fácil cuantificar el apoyo que suscita el proyecto en la zona.
Todo el Camp de Tarragona sigue con atención el destino del macrocomplejo, donde la plataforma Aturem Hard Rock, surgida desde movimientos sociales de izquierdas, ha batallado en contra desde hace más de una década con el apoyo de los comunes y de la CUP. Si el Hard Rock embarrancó en los juzgados fue precisamente por el tesón de esta plataforma. Pero el peso de los comunes en la provincia de Tarragona es menor, con apenas una veintena de concejales.
Los comunes creen que en la sociedad catalana va calando la sensibilidad medioambiental
A pesar de las demoras, los inversores americanos mantienen su interés en el proyecto. “No van a echarse atrás ahora”, explican fuentes políticas y económicas de referencia de la Costa Daurada. Pero la sequía ha modulado la acogida local del proyecto. En el sector primario están muy irritado al ver que el turístico sigue con cifras récord y sin apenas restricciones.
Los partidos políticos del territorio con aspiraciones a gobernar o ya en el gobierno de ayuntamientos e instituciones no se sienten cómodos cuando tiene que hablar en público del Hard Rock, salvo los alcaldes de Salou, Pere Granados (Sumem per Salou-PSC), y de Vila-seca, Pere Segura (Junts). Granados incluso pone fecha: “Estará en funcionamiento en 2027”. En cambio, en ERC no gusta porque sería un duro golpe para el potente lobby comercial de Reus, pero en público evitan posicionarse claramente en contra porque eso les restaría credibilidad y amistad con los poderes económicos del territorio.
El Hard Rock ha sacado a relucir la dificultad de algunos partidos para adaptar su modelo de desarrollo económico tradicional al reto ecológico, mientras otros asumen el ecologismo como religión aun a riesgo de caer en el decrecimiento. Tampoco ninguna administración ha sabido explicar con detalle un proyecto que ha sufrido modificaciones importantes y tuvo la amonestación medioambiental del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La sequía ha modulado la acogida local del proyecto pero los inversores mantienen el interés
El TSJC tumbó en 2020 el Plan Director Urbanístico (PDU) inicial, obligando a la Generalitat a adaptarlo a la conveniencia climática, pero las reticencias de ERC sobre el Hard Rock han hecho que el nuevo PDU siga en el cajón más allá de las recientes elecciones municipales, incumpliendo el acuerdo de presupuestos con el PSC del año pasado.
El Govern está obligado a cumplir con los trámites administrativos, además de estar condicionado por el PSC para aprobar las cuentas de este año. Por eso se disculpaban por mantenerlo vivo: “No podemos hacer otra cosa, nos arriesgamos a una multa” en caso de no tramitar el proyecto.
Aunque se desconoce el contenido, diversas fuentes, también de Tarragona, dan por hecho que existe una cláusula confidencial que penalizaría a la Generalitat si se echara atrás, por no hablar de las posibles consecuencias judiciales a las que se enfrentaría en caso de no cumplir con la obligación de tramitar el PDU.
El Govern de ERC asumía a regañadientes el proyecto para contar con los votos del PSC a los presupuestos, pero los comunes exigían paralizarlo a cambio de su apoyo. No ha habido vuelta atrás en el choque y Aragonès ha convocado elecciones.
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