En Aragón “no se habla catalán”. Así de contundente se mostró la pasada semana el presidente aragonés, Jorge Azcón, al defender los planes de su Ejecutivo de retirar al aragonés y al catalán el reconocimiento de lenguas propias de la región. Desde Bruselas, el popular afirmó que los hablantes de la Franja, la zona oriental de la comunidad que limita con Catalunya, no hablan este idioma, sino “modalidades lingüísticas propias” que van “desde el cheso al fragatino”. También que no van a “normalizar” ni el aragonés ni el catalán, “lengua que se habla en una comunidad vecina” y que, a su parecer, quieren “imponer” en la suya. “Si lo que me piden es que trague con lo que quieren los independentistas, no lo van a conseguir”, aseveró.
La controversia político-lingüística no es nueva. En los últimos años, cada alternancia en el poder regional ha llegado con una modificación en la normativa bajo el brazo. La ley de lenguas del PSOE y Chunta Aragonesa (CHA) de 2009, que incluía el catalán y el aragonés como lenguas propias, fue derogada por el gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi. En su lugar, dictaron otra en 2013 que reconocía la “lengua aragonesa propia del área oriental” (LAPAO) y la “lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica” (LAPAPYP), germen de una acalorada disputa política y social que traspasó el ámbito autonómico.
En 2016, fueron PSOE-CHA quienes reformaron esta norma para otorgar el reconocimiento de lengua propia al aragonés y al catalán, cambio que ahora pretende revocar de nuevo la coalición PP-Vox. “Estamos igual que cuando llegó Rudi”, asegura Javier Giralt, presidente de la Academia Aragonesa de la Lengua (que cuenta con el Instituto de l’Aragonés y el Institut Aragonès del Català), para quien lo que de verdad “escuece” es la aparición del término “catalán” en la norma.
Desde su abultado triunfo en las urnas en mayo, la coalición gobernante ha seguido a pies juntillas su programa en este terreno. Primero suprimieron la dirección general de Política Lingüística, cuyas funciones se diluyeron en la consejería de Presidencia, Interior y Cultura. Durante la tramitación de los presupuestos, una enmienda de Vox acabó con la subvención nominativa de 20.000 euros que percibía la citada Academia aragonesa.
Ahora, sus planes pasan por eliminar el reconocimiento expreso de lenguas propias al catalán y el aragonés para hacer referencia en su lugar a las variedades lingüísticas, entre las que se encuentran el cheso, el patués, el chistabín, el ansotano, el maellano o el fragatino, entre otras. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que están trabajando en ello, pero que es un “tema delicado” y que “todavía es pronto” para hablar de cómo y cuándo se llevará a cabo o qué efectos prácticos tendrá la reforma.
En la actualidad, se estima que entre 50.000 y 55.000 personas hablan catalán en Aragón y unas 90.000 lo entienden. Además su enseñanza -voluntaria dentro del horario escolar- se imparte a unos 5.000 alumnos de 30 centros.
A falta de más detalles, algunos partidos ya han alzado la voz en contra. Desde la oposición, CHA tildó este cambio de “involucionismo” y de “ataque” a la cultura de la tierra. También mostró su desacuerdo Aragón Existe, que ha apoyado al Ejecutivo en momentos puntuales como los presupuestos. “Crear los términos LAPAO y LAPAPYP para referirse a nuestras lenguas fue algo que avergonzó a muchos aragoneses. Repetir esta situación de inventarse acrónimos para no llamar las cosas por su nombre supondría una nueva vergüenza”, indicó su secretaria de organización, Raquel Marco.
Por su parte, las cuatro asociaciones más veteranas en la promoción y defensa del aragonés y el catalán en Aragón –Rolde de Estudios Aragoneses, Consello d’a Fabla Aragonesa, Institut d’Estudis del Baix Cinca y Associació Cultural del Matarranya– presentaron una queja ante el Justicia (el Defensor del Pueblo autonómico) para señalar la “desprotección legal” en que quedarán ambas lenguas si se suprimen sus nombres. A su juicio, esto infringiría “la normativa estatal e internacional, especialmente la Carta Europea de las lenguas”, aseguran.
Las instituciones
Dudas sobre el futuro de la Academia aragonesa
La reforma legislativa en ciernes también afectará a la Academia Aragonesa de la Lengua, cuya existencia ampara la normativa. Según Heraldo de Aragón, el actual Ejecutivo teme que su trabajo por homogeneizar una gramática corre el riesgo de que en la comunidad se acabe hablando “el catalán de Barcelona” en lugar de sus variedades lingüísticas. Más contundente se muestra la Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán, que exige un “cambio radical” para el centro y la supresión del Institut del Català d’Aragó, que debe llevar aparajeda la “modificación total de la manipuladora web de la Academia”.
Desde el centro, su director asegura desconocer si las modificaciones normativas acabarán afectando a sus estatutos o al personal que la integra, y se declara “expectante” ante unos tiempos que intuyen convulsos. “Confío en que, tal y como se nos dijo, tengan cierta deferencia hacia nosotros y nos soliciten nuestro parecer sobre los cambios, aunque el resultado final no sea el deseado. Ya veremos”, apuntó Giralt.