La exconsellera de Salut, Alba Vergés,compañada del actual conseller de Salud, Manel Balcells, y de la consellera de Exteriores, Meritxell Serret, a su llegada a la Ciutat de la Justicia
La vicepresidenta del Parlament y exconsellera de Salut, Alba Vergès, ha comparecido de forma voluntaria ante el juez que la investiga por presunta prevaricación por haber retrasado la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La exresponsable de Salut ha defendido su actuación durante el plan de vacunación de la Covid y ha alegado que la decisión de suspender las dosis de la Policía Nacional y la Guardia Civil y priorizar al colectivo de edad de 60 a 65 se tomó siguiendo "criterios sanitarios". "Lo que hace la Policía y la Guardia Civil es cuestionar y ofender estos criterios profesionales y sanitarios", ha afirmado en una declaración ante los medios. Tras escuchar sus argumentos, el magistrado deberá decidir si ve indicios de delito y si envía una exposición razonada al TSJC para que impute formalmente a Vergès. La exconsellera ha declarado durante una hora ante el titular del juzgado de instrucción 17 de Barcelona y ha respondido al juez, a la fiscal y a sus abogadas.
El dispositivo para inmunizar a los agentes de CNP y Guardia Civil estaba previsto para los días 25, 26 y 29 de marzo de 2021. El día antes, 24 de marzo Salut cambió el criterio después de que el Consejo Interterritorial de Salud diera luz verde a retomar la vacunación con Astrazeneca en el colectivo de 55 a 65 años después de doce días de parón por la aparición de casos de trombos. En su comparecencia ante el juez, Vergès ha aludido a esta decisión del Consejo para justificar el cambio de criterio. Además, ha recordado que había problemas de suministros y se priorizó la vacunación de aquellos colectivos con mayor tasa de hospitalización y de mortalidad.
Los whatsapps incriminatorios están fuera de contexto
Lee tambiénSalut priorizó vacunar a mayores de 60 años antes que a Policía y Guardia Civil
Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil secundados por sindicatos policiales se sintieron discriminados y decidieron llevar ante la justicia a los responsables de la consejería. Hasta el mes de noviembre, la imputación de la exconsellera siempre había sido desestimada pero la presentación de unos whatsapps en la causa presuntamente incriminatorios la han llevado a declarar ante el juez. "Otra vez la consellera me pide parar (la vacunación) de Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo. Lo tendríamos que parar". Este fue el mensaje enviado por un miembro del gabinete de Vergès a Josep Maria Argimon, secretario de salut pública, y Carmen Cabezas, entonces subdirectora general de Promoció de la Salut. Cabezas respondió: "Vosotros mandáis".
Vergès ha asegurado que ese mensaje está fuera de contexto y que cabe interpretarlo como que no se podía argumentar seguir con la vacunación a la Policía nacional y a la Guardia Civil cuando ya se contaba con la autorización para inmunizar a colectivos de 60 a 65 años, que eran los más afectados por el virus. Sin embargo, la exconsellera no se ha responsabilizado de haber dado la orden sino que ha dicho que la instrucción venía del Consejo.
En Catalunya, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil recibieron las primeras dosis de las vacunas contra el coronavirus un mes y medio más tarde que los efectivos de los Mossos d’Esquadra, bomberos, maestros y otros colectivos considerados esenciales debido a que la Generalitat no gestionaba sus datos y debía pedirlos y elaborar un censo Aquello retrasó el proceso, según ha explicado la exconsellera.
En el auto en el que pedía a Vergès que declarase de forma voluntaria - puesto que es aforada ante el TSJC - , el juez sostiene la Generalitat tomó una decisión "arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria" contra los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil y recuerda que el TSJC que obligó a la Generalitat a vacunar de inmediato a los agentes en abril de 2021.
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