La exconsellera de Salut y actual vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, presidiendo la reunión de la Mesa.
El juzgado de instrucción 17 de Barcelona ha vuelto a imputar a la exconsellera de Salut y actual vicepresidenta del Parlament, Alba Vergès, por el retraso en la vacunación por la Covid de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En un auto difundido este jueves, el magistrado ve indicios de la comisión de un delito de prevaricación y contra la salud de los trabajadores en la actuación de la exconsellera. Al ser aforada, el juez le ofrece la posibilidad de prestar declaración voluntaria antes de remitir una exposición razonada al TSJC para que la impute formalmente.
A pesar de que la exconsellera había sido exonerada de la causa al no apreciar el juez indicios de delito, su situación cambió después de que su sucesor en el cargo, Josep Maria Argimón, presentase una retahíla de whatsapp en los que se evidenciaba la responsabilidad de Vergès en la paralización de la vacunación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El propio juez alude a un mensaje de una miembro del gabinete de Vergès en el que se ordenaba frenar la inmunización de los policías. "Otra vez, la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo, lo tendríamos que parar”, escribió.
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El juzgado mantiene la imputación de varios altos cargos de la conselleria de Salut como Josep Maria Argimón, Marc Ramentol, Adrià Comella y Xavier Rodríguez, si bien dicta el archivo respecto de la doctora Carmen Cabezas que fue subdirectora general de Promoció de la Salut y Sara Manjón, directora del área de organización y profesionales del Servei Català de la Salut.
El juez acusa a los exresponsables de Salut de "desprecio" a los policías por ser un cuerpo nacional
En su auto, el juez ve evidente que la Generalitat tomó una decisión "arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria" contra los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil y recuerda que el TSJC que obligó a la Generalitat a vacunar de inmediato a los agentes en abril de 2021. El proceso de vacunación estaba ya dispuesto para reemprenderse el 24 de marzo de 2021 "pero quedó suspendido por una decisión irrazonable e inexplicable y que solo encuentra una explicación en sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios integrados en cuerpos nacionales", arremete el juez.
La vacunación en masa debía iniciarse el día 25 de marzo de 2021, pero justo el día antes la conselleria, tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, cambió el criterio y eliminó la priorización de los colectivos esenciales para centrarse en los mayores, de 60 hasta 65 años, que tenían mayor riesgo de mortalidad. Los responsables de la conselleria siempre han mantenido que se guiaron por razones de salud pública y niegan haber discriminado a nadie.
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