Los sindicatos policiales Confederación Española de Policía (CEP), Justicia Policial (Jupol) y Sindicato Unificado de Policía (SUP) han criticado la delegación de competencias sobre immigración a la Generalitat que recoge el acuerdo que el PSOE pactó con Junts junto a otras concesiones, a cambio de permitir la convalidación de dos decretos que se sometieron ayer a votación en el Congreso. La medida se produciría mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución a través de una ley orgánica específica por Catalunya y permitiria que el Govern y el Parlament determinen "una política propia" en la materia, según la formación independentista.
Junts afirma que la medida permite a la Generalitat y al Parlament establecer "una policía propia"
La CEP ha emitido un comunicado en que asegura que la delegación de competencias “no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades”, y que no se ha acreditado que “la gestión compartida de las políticas migratorias es más eficaz o va a beneficiar más a los ciudadanos". Asimismo, desde el sindicato han defendido que “el Estado mantenga el ejercicio exclusivo vinculado al estatuto jurídico del inmigrante”, tras hacer un llamamiento “a todos los poderes e instituciones para que esto siga siendo así".
Jupol también ha lamentado la decisión a través de otro comunicado, en que han lamentado que la medida supone "un nuevo paso para consumar la salida de la Policía Nacional de Catalunya, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones". El secretario general de Justicia Policial, Aarón Rivero, ha denunciado que el acuerdo alcanzado entre Junts y el PSOE es, a su juicio, "el inicio del desmantelamiento de la Policía Nacional en Catalunya y su expulsión de este territorio, tal y como han hecho con la Guardia Civil en Navarra", y que se trata de una "merma en las competencias" del cuerpo.
Además, SUP ha solicitado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska que “defienda a la Policía Nacional sobre la que ejerce el mando y preserve las competencias del Cuerpo”. En el comunicado emitido por el sindicato, han reclamado el “amparo de la Unión Europea” frente a lo que consideran “un riesgo extremo” para las fronteras españolas.
SUP solicita a Marlaska que “preserve las competencias" de la Policía Nacional
Las tres organizaciones han afirmado que la medida anunciada "responde a la aplicación de un criterio de conveniencia política” con "objetivos políticos y partidistas". Jupol ha advertido que el pacto "es una muestra del talante que pretende mantener este Gobierno durante la legislatura y del perjuicio que va a suponer el mismo para todos los policías nacionales, para la institución y en consecuencia para la ciudadanía en general", y ha añadido que "si este Gobierno va a utilizar los ataques y desprecios a la Policía Nacional para contentar a sus socios independentistas, va a contar siempre con la oposición" del sindicato.
Las tres organizaciones se oponen al pacto y denuncian "objetivos partidistas" por parte del Gobierno
También SUP ha reiterado su negativa a permitir “el desmantelamiento de la Policía Nacional” y a amparar “al mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos”. Desde el sindicato han calificado la medida de “retroceso” y de “casi total desintegración” del cuerpo en Catalunya y han subrayado su intención de proteger a los catalanes ante lo que han considerado una “posible venta de sus derechos”.
En la misma línea, la CEP ha advertido que la medida "debilita al Estado nuevamente en un plano competencial exclusivo por culpa de la aritmética parlamentaria pura y dura", y ha asegurado que el pacto "no constituirá la última de las demandas de cesión de competencias en ámbitos directa o indirectamente relacionados con el trabajo policial en favor de las autoridades de Catalunya".