El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante el pleno del Congreso
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado este jueves que para lograr que Junts permitiera convalidar los dos decretos que él presentó ayer en el Congreso el Gobierno delegará competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya mediante una ley orgánica en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, confirmando así uno de los acuerdos que los posconvergentes anunciaron ayer en contrapartida. Sin embargo, fuentes del PSOE han matizado otros de los acuerdos, como los que se refieren a la asunción por parte del Estado del coste de la totalidad de los descuentos del transporte público o la publicación por parte del Gobierno de las conocidas como balanzas fiscales.
Balanzas fiscales
Al respecto, fuentes socialistas limitan este acuerdo a que "el Ministerio de Hacienda permitirá el acceso a los datos para poder elaborar las balanzas fiscales a cualquier Administración Pública o centros de investigación con la finalidad de que puedan aplicar su metodología y publicar sus conclusiones". De este modo, -aseguran- se ganará en transparencia y capacidad de conocer con precisión el balance fiscal de cada Comunidad Autónoma. Esto ha sido solicitado en otros momentos no solo por Catalunya, también por otras CC.AA, señalan estas fuentes. Esta explicación contrasta con la que dio el partido de Puigdemont que anunció "la publicación inmediata de las balanzas fiscales, que no se desvelan por parte de la Administración central desde el 2016".
Competencias de inmigración
"El acuerdo en esa materia es que vamos a desarrollar una ley orgánica para delegar las competencias en materia de inmigarción", ha reconocido Bolaños en declaraciones a TVE este jueves después de que ayer lograra sacar adelante en el pleno del Congreso (ayer en el Senado por obras) los decretos ómnibus y anticrisis en una sesión agónica.
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"Lo que hoy asume el Estado se puede delegar a las Comunidades Autónomas como dice la Constitución", ha explicado el ministro visiblemente satisfecho haciendo alusión al artículo 150.2 que señala que "el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Fuentes del PSOE, señalan que "no se toca ningún aspecto de la Constitución", por los que advierten que "los recursos de inconstitucionalidad que anuncia el PP son, una vez más, un brindis al sol".
En todo caso, Bolaños ha explicado que esta mañana ya ha tenido contactos con la Generalitat, gobernada por ERC y no por Junts, para hablar de este y el resto de acuerdos que deben desarrollarse en enmiendas.
Descuentos en el transporte público
Por otro lado, Bolaños ha matizado otro de los acuerdos que Junts comunicó ayer que había sacado al PSOE de la negociación. Según los posconvergentes el Estado aumiría todos los costes de los descuentos del transporte público. Sin embargo, el ministro ha explicado que lo que se acordó es desvincular lo que va a hacer el Estado, es decir asumir su parte del 30%, de lo que deberá hacer cada Comunidad Autónoma, que podrá complementar el descuento o no.
Supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil
El primer problema que Junts detectó para poner objeciones al decreto que reformaba la Justicia fue el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, a su juicio, podía disficultar la aplicación de la ley de amnistía que ayer pasó el trámite de las enmiendas a la totalidad al poner en un texto legal una práctica que ya se produce en la actualidad. Cuando un juez eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre una causa, esta se paraliza automáticamente. El ministro Bolaños ha explicado que ni con el Real Decreto ni con la enmienda "no cambia el régimen de las cuestiones prejudiciales" y que los tribunales españoles conservan su plena capacidad de elevar cuestiones prejudiciales. En este punto, el ministro ha admitido que en el marco de las conversaciones "el hecho de que hubiera una controversia sobre un artículo que no cambiaba nada no tenía mucho sentido".
Retorno de empresas
Una de las cuestiones que han marcado los últimos días de las negociaciones es el retorno de las empresas que sacaron su sede social de Catalunya en el 2017 en virtud del Real Decreto aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy. Junts ha llegado a pedir incluso sanciones para las empresas que no vuelvan, cuestión que ha tenido una gran contestación incluso interna. Ayer Junts anunciaba medidas para facilitar su retorno y este jueves el PSOE ha confirmado que se aprobará en Consejo de Ministros un Plan de apoyo a empresas catalanas para revertir las consecuencias de aquel Real Decreto del 2017. Fuentes socialistas señalan que esto "no supone ni obligación, ni sanción ninguna para las empresas que decidan mantener su sede social fuera de Catalunya".
El aceite sin IVA
Junts también exigió que el aceite de oliva se considere producto de consumo básico con un IVA al 0% y ha logrado que el PSOE incorpore el aceite entre estos productos. Fuentes socialistas admiten que "dada la subida de precios en el aceite las dos formaciones políticas hemos considerado necesario dejar el IVA del producto en el 0%".
6,25 milones para justicia y prisiones
Otro de los anuncios que hizo Junts y que ha confirmado el PSOE es el aumento de 1,2 a 6,2 millones de euros los recursos destinados a Catalunya para la digitalización del sistema judicial. Dado que Catalunya es la única comunidad con sistema propio de gestión de centros penitenciarios, se transferirán 2,25 millones de euros a Catalunya, para mejorar su sistema de información e interoperabilidad y convertir las prisiones catalanas en lugares seguros de realización de videoconferencias, indican las fuentes socialistas que anuncian otra partida de 4 millones para "proyectos de transformación digital de la Administración de Justicia Catalunya, la comunidad que más sistemas propios tiene".
Reconocimiento de los derechos históricos de Catalunya en materia de régimen local
Uno de los acuerdos que el partido de Puigdemont destacó ayer fue el reconocimiento de los derechos históricos de Catalunya en materia de régimen local, que para Junts supone "un reconocimiento de la singularidad de Catalunya en su organización institucional” y a juicio de la formación independentista abre vías de reconocimiento de derechos históricos como los fueros que había tenido en el pasado y podría conducir a un concierto económico. Este reconocimiento se hará con la inclusión en el decreto 6/2023 de una cláusula en forma de Disposición Adicional en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local cuyo contenido será: "Disposición adicional decimoséptima. Derechos históricos de Cataluña. Las previsiones de esta Ley se aplicarán respetando en todo caso la posición singular en materia de sistema institucional recogida en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como las competencias exclusivas y compartidas en materia de régimen local y organización territorial previstas en dicho Estatuto, de acuerdo con el marco competencial establecido en la Constitución y en especial en el Estatuto de Autonomía de Cataluña."