Una consigna de movilización nacional contra la ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez se está extendiendo en los aparatos del Estado en paralelo a diversas iniciativas de protesta en la calle.
“Pedro Sánchez es un peligro para España. Estamos ante una crisis constitucional sin precedentes. El que pueda hacer que haga y el que pueda aportar que aporte. En esta historia la inhibición no tiene hueco”. Son palabras de José María Aznar, expresidente del Gobierno y líder en la sombra del Partido Popular desde que abandonó el primer plano de la vida política en 2004, pronto hará veinte años. Durante dos décadas Aznar he seguido operando como director estratégico de la derecha española, no siempre bien avenido con sus sucesores. Siempre consideró que Mariano Rajoy era un ‘flojo’. Cuando se inició la crisis económica, indicó rápidamente a Rajoy que una actuación contundente en Catalunya debía ser el más acertado cortafuegos de la oleada de malestar social que se avecinaba. (Los dirigentes de Convergencia Democràtica, encabezados por Artur Mas, pensaron lo mismo, pero en sentido inverso).
Tras la derrota de Rajoy en la moción de censura de mayo del 2018, Aznar apoyó inicialmente a Pablo Casado, que había sido su jefe de gabinete en la fundación FAES. Pronto descubrió que Casado no tenía suficiente cuajo y empezó a desplazar sus simpatías hacia Isabel Díaz Ayuso. Ahora da instrucciones a Alberto Núñez Feijóo y este sigue las pautas principales de la partitura, en la medida que los resultados electorales del pasado mes de julio no cumplieron las enormes expectativas creadas y su liderazgo puede ser provisional, según cómo evolucionen las cosas en los próximos meses. El actual presidente del PP no se halla hoy en condiciones de contradecir al jupiterino Aznar. No son pocos los dirigentes y cuadros intermedios del Partido Popular que piensan que la derecha no consiguió asegurarse una mayoría en las últimas elecciones generales como consecuencia de una manifiesta torpeza de Núñez Feijóo durante la última semana de la campaña.
En pocas palabras, Aznar es quien sigue dibujando las líneas básicas y podemos afirmar que esta semana ha lanzado la consigna de Huelga Nacional –que no Huelga General-, especialmente dirigida a los aparatos del Estado. Movilización de arriba hacia abajo para provocar el colapso de la actual situación política, tratar de impedir la investidura de Pedro Sánchez, y en caso de no conseguirlo, someter al futuro Gobierno a un estrés insoportable para que entre en crisis lo antes posible.
“El que puede hacer que haga y el que pueda aportar que aporte”, dijo el comandante en jefe el pasado jueves. Empieza a haber aportaciones significativas. Inmediatamente después de la llamada de Aznar al alzamiento, el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial emitía un comunicado afirmando que la aprobación de una ley de amnistía significará “abolición” del Estado de Derecho en España. Podemos interpretar ese comunicado como un explícito llamamiento a todos los demás estamentos del Estado para intervenir en la coyuntura política.
El citado sector conservador del órgano de gobierno del Poder Judicial intentará el próximo lunes que el CGPJ emita una resolución de rechazo y condena a una ley que todavía no existe. Inmediatamente después, la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación mayoritaria de los jueces españoles, de perfil conservador, también alertaba sobre un posible “hundimiento” del Estado de Derecho en España.
En el plano procesal, acelerando plazos, la Guardia Civil entregó ayer viernes a la Audiencia Nacional una nueva investigación del Tsunami Democràtic que apunta a Marta Rovira, secretaria general de ERC, como presunta coordinadora política de la plataforma que convocó las principales protestas por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés en octubre del 2019. Rovira podría ser acusada de un delito de desordenes públicos agravados e incluso de terrorismo. A su vez, la Audiencia Nacional acaba de abrir juicio contra 12 miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República) acusados de un presunto delito de terrorismo. La Guardia Civil y la Audiencia Nacional han acelerado de manera evidente esta semana.
Más madera. El PP ha movilizado a todos sus presidentes autonómicos acusando al Gobierno de favorecer a Catalunya en detrimento de las demás autonomías con una posible quita del 20% de su deuda, medida incluida en el pacto entre el PSOE y ERC, que será extensible a todas las demás autonomías de régimen común, según consta en el mismo acuerdo. La generalización de la quita, que consta por escrito en el pacto, no ha sido obstáculo para presentar esa medida como un “privilegio” para los catalanes. “El que pueda aportar, que aporte”. Esa es la aportación de los presidentes de las autonomías gobernadas por los conservadores, que son mayoría en el mapa territorial español desde el pasado mes de mayo. Asimismo, el Partido Popular acometerá una reforma del reglamento del Senado, donde dispone de mayoría absoluta, para alargar los plazos para la tramitación por la vía de urgencia de las proposiciones de ley. Se pretende que ese plazo pase de 20 días a dos meses. Han comenzado por tanto las labores de fortificación del Senado para obstaculizar en la medida de lo posible los acuerdos que adopte el Congreso.
Habrá más manifestaciones en la calle. Hay una nueva convocatoria en Madrid para el 18 de noviembre en la plaza de Cibeles y ayer se produjo una manifestación de poco más de un millar de personas ante la sede central del PSOE en la calle Ferraz, en la que se pidió el ingreso de Pedro Sánchez en prisión (además del encarcelamiento de Carles Puigdemont, claro está) y se lanzaron vítores a Franco. La manifestación se convocó a través de las redes sociales y llevaba el sello de Vox. Las manifestaciones ante sedes del PSOE podrían repetirse en las capitales de provincia. A su vez, un sindicato anexo a Vox, denominado Solidaridad, está estudiando la fórmula legal para poder convocar una huelga de carácter general, pese a no ser sindicato mayoritario. “El que pueda hacer que haga y el que pueda aportar que aporte”.
Aznar parece haber leído la historia del Partido Comunista de España que durante décadas se empeñó, sin éxito, en la consigna de la Huelga Nacional Política (HNP) para provocar la caída del franquismo. Se trataba de ensanchar una huelga general en las fábricas con movilizaciones en otros ámbitos sociales para generar un amplio bloque de oposición a la dictadura que acabase provocando su colapso. Los comunistas se dedicaron abnegadamente a ese objetivo desde 1959. No lo consiguieron, pero sus constantes iniciativas de movilización social, vehiculadas principalmente a través de Comisiones Obreras a partir de los años sesenta, erosionaron de manera suficiente a la dictadura como para provocar una transición pactada y un proceso constiyuente rápido en términos históricos. En 1976, los planes del sector más duro del tardofranquismo eran otros: un lento proceso de evolución a una democracia limitada en la que no todos los partidos serían legales. Una España sin autonomías, evidentemente. La aceleración de la transición estuvo directamente conectada a la movilización social, especialmente intensa en las grandes ciudades. Se cumplen ahora cincuenta años del Proceso 1001 contra los dirigentes de Comisiones Obreras, proceso judicial que expresaba la preocupación de la dictadura por la creciente movilización social. De abajo hacia arriba para intentar modificar el rumbo de la historia.
Aznar sueña ahora con una Huelga Nacional en sentido inverso: de arriba hacia abajo. Movilización de los aparatos del Estado para obstruir el pacto de investidura y aumentar la temperatura de una calle que no está suficientemente calentada. Vienen días especialmente delicados. No es más de lo mismo. No es el mismo ruido de siempre. Es algo más.
Sánchez quería celebrar el debate de investidura a mitad de la próxima semana para interceptar la acumulación de fuerzas que está intentado llevar a cabo la derecha. Ese calendario posiblemente no podrá llevarse a cabo como consecuencia de la falta de acuerdo con Junts per Catalunya, después de que el PSOE cerrase el jueves un pacto con ERC. Carles Puigdemont ahora no quiere prisas. Quien conozca un poco la política catalana sabía que ese escenario era perfectamente posible. Poner de acuerdo a Junts y ERC de manera sincronizada es algo muy difícil después de las célebres 155 monedas de plata que Esquerra arrojó simbólicamente a la cara de Carles Puigdemont, tratándolo de traidor el 26 de octubre del 2017, en un momento muy delicado.
La esfera política catalana tiene sus propias pautas y sus específicos melodramas. Después de seis años refugiado en Bruselas, Puigdemont no quiere aparecer ahora como un peón de los socialistas. Muy probablemente tampoco desea quedarse en Bruselas otros seis años. Por lo tanto se plantea pactar sin parecer un peón del PSOE.
¿No habrá pacto de investidura? ¿Se repetirán las elecciones? La semana que viene posiblemente lo sabremos. La manifestación de anoche en Madrid ha enviado una señal. No tanto por el número de participantes, como por las vibraciones que se emitieron. La derecha sueña en estos momentos con una Huelga Nacional (sin huelga en los lugares de trabajo) que rompa el resultado electoral de julio. El ruido no es el de siempre.
Este es el tema del video-blog de esta semana.