La llegada del PP y Vox de la mano al poder en diversas autonomías y municipios empieza a cuajar con la puesta en marcha de medidas que dibujan un antes y un después. Los idearios de esta alianza con peso de la ultraderecha ya se deja ver con cambios en el modelo lingüístico, los impuestos, la gestión del turismo, la vivienda o el veto a las expresiones culturales que denuncian la vulneración de derechos.
El Gobierno valenciano acaba de echar a andar y aunque ha evitado pisar algunos charcos ya ha dado muestras de la nueva orientación tras dos legislaturas de ejecutivos progresistas. Carlos Mazón tomó posesión la última semana de campaña y anunció la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una de las promesas compartidas por los ahora socios, PP y Vox.
A partir de entonces, los principales acuerdos se han destinado a conformar la nueva estructura del Gobierno, con menos conselleries (tres de ellas en manos de los ultranacionalistas) y asesores. Han llamado la atención, las dificultades iniciales de los de Santiago Abascal para fichar a altos cargos, sobre todo, si se compara con la vuelta a la primera línea de dirigentes del PP, muchos ligados a la etapa de Eduardo Zaplana.
Mazón agilizará la construcción de viviendas, Prohens derogará la moratoria de plazas turísticas
Con cuentagotas, el nuevo Consell ha ido desgranando algunas de sus primeras medidas. Esta semana, el presidente valenciano anunció un cambio normativo para “agilizar los trámites para la construcción de nuevas viviendas”. Una medida que ha generado dudas en la oposición temerosa de que se aproveche el problema de la vivienda para generar un nuevo boom urbanístico.
No ha sido la única decisión polémica tomada por el Consell valenciano. Mazón también ha informado que se levantará la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes que se mantenía vigente desde la época de la pandemia. También ha contentado a los empresarios turísticos el anuncio de derogar la llamada tasa turística que aprobó el anterior gobierno del Botànic que, eso sí, aún no estaba en marcha por una moratoria pactada entre los socios de izquierdas.
En materia cultural, el departamento que dirige el extorero Vicente Barrera aún no ha tomado ninguna decisión. El dirigente de Vox dejó clara el día de su presentación su intención de que la tauromaquia dejara de ser “la Cenicienta de la cultura”.
Comunidad Valenciana
Nuevas propuestas
1. Impuestos. La Generalitat Valenciana ha anunciado la supresión del Impuestos de Sucesiones y Donaciones.
2. Vivienda. Carlos Mazón ha indicado que cambiará la normativa urbanística para agilizar los plazos para la construcción de viviendas.
3. Educación. No se ha concretado cómo pero se quiere modificar el modelo de plurilingüismo. Todo apunta que el castellano ganará peso en la educación pública valenciana.
4. Turismo. El nuevo ejecutivo autonómico derogará la tasa turística que no gustaba al sector y que aprobó el Botànic, aunque todavía no se aplicaba.
5. Sanidad. Esta semana Mazón informó que se volverá a permitir fumar en las terrazas de bares y restaurantes, medida que aún estaba en vigor desde la pandemia.
Tampoco se han tomado medidas de calado en materia educativa, aunque el nuevo conseller ha insistido en que los padres podrán elegir la lengua de enseñanza de sus hijos. Este sábado, en una entrevista en Europa Press, confirmaba que se retocará el modelo plurilingüe que, no sin trabas judiciales, impulsó el anterior gobierno y se reforzará la exención lingüística del valenciano en las zonas castellanohablantes de manera que los alumnos no harán otras asignaturas en esta lengua.
En materia de cultura, es donde se han producido las primeras protestas ciudadanas, aunque no ligadas directamente a decisiones del Gobierno sino de ayuntamientos gobernados por PP y Vox. Hubo concentraciones en Borriana contra la decisión de eliminar la suscripción a revistas supuestamente catalanistas, que se rectificó. O en Torrent, donde el consistorio ha quitado al auditorio municipal el nombre del cofundador de Al Tall. La protesta más sonada fue la que se celebró en Nàquera contra el acuerdo que prohibía las banderas LGTBI en los edificios municipales.
La presidenta del Partido Popular de Balears, Marga Prohens se reúne con Jorge Campos, de VOX,
En el Govern balear, la llegada del PP anticipa cambios de calado en la política de contención turística que promovió Francina Armengol, antecesora de Marga Prohens. Las primeras medidas que se han tomado dan una idea de hacia dónde quiere condicionar Vox el Ejecutivo balear sin estar en él: menor presencia del catalán en las instituciones, con garantías del bilingüismo en la administración.
El ayuntamiento de Palma ha cambiado una normativa lingüística en vigor desde hace 30 años para que los ciudadanos reciban las comunicaciones en castellano y los premios literarios ya no serán solo en catalán a partir de las nuevas ediciones. En esta política de gestos, Vox, que tiene la Presidència del Parlament, también ha conseguido que la bandera LGTBI no ondeara en la fachada de la institución. El catalán ya no será un requisito en la sanidad y está por ver que pasa en el resto de la administración.
Vox necesita demostrar que tiene poder en las instituciones, pero los cambios profundos se anuncian de la mano del PP. Prohens ha iniciado mandato con la supresión del impuesto de sucesiones que supondrá una pérdida de ingresos de 60 millones, unos cálculos que la oposición eleva a 120.
Es en materia económica donde Prohens prevé dar el volantazo. Baleares tiene en vigor una moratoria de plazas turísticas que impide la concesión de nuevas licencias en una comunidad que tiene 1,2 millones de habitantes y casi 500.000 plazas. El ejecutivo de Armengol había aprobado un decrecimiento turístico de facto para tratar de contener la saturación que presentan las islas.
Prohens derogará la moratoria y además recuperará la posibilidad de que hoteles y determinados establecimientos pueden aumentar plazas a cambio de que mejoren su categoría e implanten modelos energéticos limpios.
El otro gran cambio político que llegará a Baleares tiene que ver con la regulación de la vivienda. El anterior gobierno aprobó una ley pionera que permite la expropiación del uso de las viviendas vacías de grandes tenedores para destinarlas al alquiler social. También permite ejercer el derecho de tanteo y retracto en las ventas entre grandes tenedores. Marga Prohens ya ha anunciado que se cambiará la ley para eliminar las posibilidades de expropiación y, de momento, ha abortado la compra de 88 pisos de Metrovacesa en ejecución del derecho de tanteo y retracto que firmó el ejecutivo de Armengol a dos días de las elecciones autonómicas.
Baleares
Nuevas propuestas
1. Derechos. La bandera LGTBI no ha ondeado este año en el Parlament para la celebración del Orgullo LGTBI. La presidencia de la Cámara esta en manos de Vox.
2. Lengua. Se ha procedido a un cambio normativo en Palma para introducir el castellano.
3. Impuestos. Derogación del impuesto de sucesiones. La mengua de ingresos en las arcas públicas será de uno 60 millones
4. Vivienda. Se ha anunciado la derogación de la expropiación de pisos a grandes tenedores con las viviendas vacías.
5. Turismo. Entre las previsiones del gobierno balear está derogar la moratoria de concesión de nuevas plazas turísticas. Y permitir que los hoteles puedan ampliar su capacidad.
El Gobierno de Extremadura, con una coalición entre el PP y Vox celebró la primera reunión el 28 de julio y su primera medida fue derogar la comparecencia previa a su nombramiento de los altos cargos para dar cuenta de su currículum y sus bienes.
La alianza de la derecha y la ultraderecha empieza a configurar una forma de gobernar que se ha retratado también con cancelaciones de actividades culturales en diversos municipios. En Valdemorillo se suprimió la representación de la obra Orlando, de Virgina Woolf. En Getafe se ha censurado una obra de Lope de Vega y, entre otros ejemplos de este giro político, en Toledo se suspendió la obra de Lydia Cacho. La periodista mexicana es referente en la investigación y denuncia de las redes de explotación sexual.
Retrocesos en la movilidad
Tras los pactos de gobierno, autonómicos y municipales, entre el Partido Popular y Vox se han derogado proyectos relacionados con la movilidad sostenible en varias partes del país. En Elche, Palma de Mallorca y Gijón el bloque conformado por la derecha y la ultraderecha ha compartido, en el pasado, su intención de retirar carriles bici. Ahora, los mismos ayuntamientos buscan reducir o retrasar las zonas de bajas emisiones (ZBE) pese a la obligación europea.
Cada vez más municipios retroceden en políticas relacionadas con la crisis climática. En Valladolid, se aprobó en junio de forma inicial la derogación parcial y modificación de la Ordenanza Municipal para establecer determinados carriles de uso restringido en la ciudad. En Gijón se ha vuelto a permitir aparcar a los coches sin etiqueta, los más antiguos y los que más contaminan, y se planea ampliar su área de tráfico.