Nombres de empresas, corruptelas, parentescos, vicios personales, fechas de cumpleaños, enfermedades de sus colaboradores y de los familiares de sus colaboradores: “Su padre está mal, llamarle”. Todo cabe y todo vale en la agenda de José Manuel Villarejo, tanto si es verdad como si no. El 12 de septiembre de 2012, con las portadas de la prensa catalana sobre la mesa, y las fotos de la gran manifestación de la Diada del día anterior, una reunión en el Ministerio del Interior sirve para arrancar la operación Catalunya. Villarejo recibirá el encargo unas semanas después. Hay que desacreditar como sea al independentismo. Es el “plan Barna” de sus notas. Un equipo coordinado por este veterano agente empieza a recabar nombres y rumores, a partir de los cuales elaborará informes que, antes o después, acabarán en ciertos medios de comunicación. Villarejo, en realidad, ya está en ello, porque después de unos años fuera de la policía dedicándose a sus negocios privados –justamente, de fabricación de informes con los que chantajear a los enemigos de sus clientes– ahora tiene un pie dentro y el otro fuera. La lista de nombres de su plan de trabajo es enorme, y mezcla potenciales independentistas a los que investigar con tipos con los que hace o quiere hacer bisnes. Algunos de esos nombres acaban recibiendo alguna de las andanadas previstas por el agente: o titulares de la prensa coaliada o querellas judiciales, basadas a veces en los supuestos pufos desvelados por tales medios. Estos son los casos que están pendientes de admisión o que meditan sumarse a la querella que un juzgado de Madrid admitió de Sandro Rosell.
Caso Sumarroca
La familia que vincula con Villarejo su imputación en el caso 3%
Cinco miembros de la familia Sumarroca denunciaron directamente ante l Tribunal Supremo, porque una de las denunciadas, la expresidenta del Partido Popular de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, es actualmente senadora y por tanto es el alto tribunal el que podría eventualmente investigarla y juzgarla. Pero el TS argumentó que el caso ya se estaba viendo en la Audiencia Nacional, cuyo juzgado central 6 analiza la pieza Tándem, sobre Villarejo, y por tanto no le correspondía, aunque la Audiencia Nacional sólo ha admitido hasta ahora aquellos casos que afectan a los negocios privados del ex comisario. No los casos de carácter político.
Los Sumarroca acudieron entonces a los juzgados de instrucción de Madrid y están a la espera. En su escrito acusan a Sánchez-Camacho, y a diversos altos cargos del Ministerio del Interior, de los presuntos delitos de organización criminal, falsedad en documento oficial, detenciones ilegales, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
El ex comisario José Manuel Villarejo, epicentro de la policía patriótica
Según los empresarios, las “cloacas del Estado” actuaron contra ellos por sus larguísimos y sólidos vínculos con la familia Pujol, “cuyo patriarca se consideraba el factótum del movimiento independentista”.
La familia Sumarroca está imputada en la trama del 3%, de presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.
Las referencias a los constructores son frecuentes en las agendas del ex comisario, ya desde la reunión que, a inicios de noviembre de 2012, Villarejo mantiene con Sánchez-Camacho en el domicilio de ésta en Barcelona. El 25 de junio de 2014, por ejemplo, José Manuel Villarejo y su superior, Eugenio Pino, hablan durante dos horas de, entre otros temas, “Sumarroca, banca andorrana y tema Ferrovial”. En total hay al menos una decena de referencias a los Sumarroca en dicho documento.
Sandro Rosell
La querella que ha abierto el camino
El expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell no se ha querellado expresamente contra Alicia Sánchez-Camacho, para evitar precisamente tener que pasar por el TS y sufrir el mismo periplo procesal que los Sumarroca. De hecho, la de Rosell es la única causa que hasta ahora ha pasado el primer filtro judicial –el del juzgado de instrucción número 13 de Madrid– y que se ha comenzado a tramitar. Rosell apunta al propio Villarejo; al inspector jefe Alberto Estévez, presunto autor de informes falsos de la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional; a Antonio Giménez Raso, ex inspector y socio de Villarejo en Barcelona; y al estadounidense Marc L. Varri, exagente del FBI, dado que Rosell fue detenido a raiz de una investigación en EE.UU. de corrupción en el fútbol, el llamado Fifagate. Tras casi dos años en prisión preventiva, por orden de la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, Rosell fue juzgado y absuelto. De haber acudido al TS, Rosell quizás se habría reencontrado con Lamela, dado que fue ascendida a dicho tribunal.
El caso Andorra
Una maraña de querellas espera tras el cierre de Banca Privada d’Andorra
Otras dos querellas esperan en los juzgados de instrucción de Madrid que la fiscalía y la judicatura se definan sobre su admisión a trámite. Una es del excomisario y ex jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Catalunya, Narcís Ortega, y la otra del ex consejero delegado de la Banca Privada d’Andorra, Joan Pau Miquel, ambos representados por Molins Defensa Penal.
La querella de Miquel se dirige contra el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; su secretario de Estado de seguridad, Francisco Martínez; el director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó, los comisarios jubilados Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, Marcelino Martín-Blas, Celestino Barroso (que era el agregado en la embajada española en Andorra), el inspector Bonifacio Díaz y el comisario Pedro Esteban, responsable de información en Catalunya.
Miquel se considera víctima de la operación Catalunya porque en el 2014 recibió presiones de diversos agentes policiales para que desvelara si en su banco tenían cuentas Jordi Pujol, Oriol Junqueras o Artur Mas.
Joan Pau Miquel, en su época de CEO de Banca Privada d'Andorra y su filial, Banco Madrid
En Andorra existía todavía el secreto bancario, pero Miquel fue instado en junio del 2014, en una visita del agregado de Interior en Andorra, a que revelara dichos datos. De lo contrario, BPA recibiría un “hachazo”. Extrañado por la reunión solicitada, Miquel la grabó. No así a las que posteriormente acudió en Madrid, donde le amenazaron con que Estados Unidos actuaría contra BPA por el carácter supuestamente delictivo de algunos de sus clientes. Estados Unidos, efectivamente, decretaría un año más tarde, el 10 de marzo de 2015 (hoy hace ocho años) el cierre de BPA mediante el FinCen, un organismo de control financiero del terrorismo, que incluyó el banco en una lista negra. Según la policía, tenían fondos en BPA las mafias china, venezolana, rusa y mexicana. De las tres acusaciones, sólo se produciría una condena, y por delito fiscal. De los mexicanos nunca hubo noticia. BPA cree que el ministerio del Interior intoxicó al FBI con información hinchada. De hecho, el FinCen retiró la acusación a los seis meses. El caso ha generado más de 50 denuncias en Andorra, donde está querellado Mariano Rajoy y parte de su gobierno.
Narcís Ortega
Un policía contra la policía
La querella de Ortega, además de Fernández Díaz, Martínez y Villarejo, se dirige también contra la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ortega, que en su destino en Canarias, antes de llegar a Barcelona en el 2008, dirigió numerosas investigaciones por corrupción contra cargos del PP insular, fue cesado por Fernández Díaz en cuanto fue nombrado ministro. En una grabación publicada hace poco por el digital El Món, la entonces dirigente del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, le explica a Villarejo que Ortega simpatiza con los independentistas. Tras el cese, fue destinado en Teruel, en una plaza muy inferior. Para Ortega, se trató de un cese “por motivos puramente ideológicos y en el marco de la campaña de acoso y derribo a todo aquel que estuviera relacionado con el movimiento independentista”, dice la denuncia.
Artur Mas
El ex president presentará una querella si ve opciones de que tenga recorrido
El ex presidente de la Generalitat Artur Mas madura estos días si presentar una querella contra la llamada “policía patriótica”. En una entrevista el fin de semana con Xavi Bundó en RAC1, dijo que la presentaría si ve garantías “de que se llegará hasta el final”. No se querellará simplemente como “hecho testimonial” sino sólo si tiene “la convicción» de que tendrá recorrido. “Lo estoy meditando y lo estoy valorando seriamente”, insistió en la entrevista. El ex president añadió que si los juzgados de instrucción madrileños comienzan a admitir, y eventualmente a acumular, las diferentes causas presentadas –los querellados no coinciden exactamente en todas ellas- verán cómo aparecen nuevos interesados en sumarse.
El ex president Mas, en 2022 en el Palau Robert
En las agendas del ex comisario aparecen una treintena de personas susceptibles de vinculación con el independentismo. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional hizo un informe en el que detalla que Villarejo tenía en marcha 70 proyectos, esto es, clientes que le encargaban investigaciones. Alguna de ellas, como la de la ex vicepresidenta del FC Barcelona Susana Monje, la recicló luego presuntamente en su cruzada anti independentista.
Jordi Pujol Ferrusola
Dos años esperando entrar en la causa madre de Villarejo
También espera el primogénito de la familia Pujol-Ferrusola. Jordi Pujol Ferrusola, imputado por la presunta trama de corrupción que permitió a su familia acumular fondos no declarados en Andorra, ha tratado reiteradamente desde el 2018 de personarse en el sumario Tándem sobre Villarejo, sin éxito por ahora. Para la fiscalía, Jordi Pujol Ferrusola carece de vínculo –“conexidad”- con los negocios privados que investiga Tándem. Pujol sí logró por el contrario que el Tribunal Superior de Madrid condenara a un año de cárcel al exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino –jefe de Villarejo– por facilitar al Centro Nacional de Inteligencia, a la unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a la Audiencia Nacional un pendrive con información sobre los Pujol obtenido ilegalmente.
Francisco Marco
Un detective acosado por policías
La pieza 27 de Tándem está protagonizada por el detective privado Francisco Marco, de la agencia barcelonesa Método 3, que en el 2020 denunció que su detención, siete años antes, fue ilegal y orquestada por Villarejo. Marco se querelló contra el comisario y sus colaboradores. Según su relato, Villarejo quería expulsar del mercado a Método 3 porque era competidora suya.
Jaume Giró
El ex conseller mencionado por Villarejo que se sintió espiado
El que fuera conseller de economía hasta noviembre, Jaume Giró, ha presentado también una querella en los juzgados ordinarios de Madrid. Giró –Jiro en las notas de Villarejo– atribuye a la brigada del ex comisario José Manuel Villarejo los seguimientos que dice haber sufrido en los últimos años. Los querellados son el propio Villarejo, María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández-Díaz y Francisco Martínez.
Xavier Trias
El ex alcalde no confía en la justicia
Las querellas que el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, presentó contra el ex Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, quedaron en nada. Por eso, el hoy candidato de Junts no quiere seguir litigando. Los periodistas que publicaron que tenía una cuenta en Suiza, lo que se demostró falso, fueron absueltos.