“El rey fue el motor del golpe de Estado”. Lo dice un veterano agente de los servicios secretos españoles. Es una de las muchas revelaciones del documental de HBO Salvar al rey, que habla abiertamente de la sucesión de amantes del rey emérito Juan Carlos I, de sus negocios y comisiones y del activo papel de los servicios de inteligencia españoles, antes CESID, después CNI, en la protección del monarca y en el ocultamiento e incluso complicidad en sus actividades presuntamente ilícitas o indecorosas.
Salvar al rey, que no cuenta nada que no se hubiera oído antes, pero que le da a todo ello carta de certeza, ha provocado la enésima solicitud de comisión de investigación de las actividades del monarca en el Congreso de los Diputados. La firman los habituales: Unidas Podemos, Esquerra, Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Compromís, BNG y Más País, y lo más probable es que siga el curso cosuetudinario en la Mesa del Congreso: archivo en la papelera.
La solicitud se hace eco expreso de muchos de los asuntos que se ponen de relieve en el documental de HBO, entre otros, la prerrogativa otorgada al rey por Francisco Franco para comisionar por cada barril de petróleo procedente de los países árabes durante la crisis del petróleo, o de las acciones de los servicios secretos para silenciar a cualquiera que amenazara con desvelar las actividades financieras o recreativas del monarca.
Entre los objetos declarados de la comisión está la investigación de las actividades como comisionista del monarca y también la afectación que su relaciones personales y comerciales con terceros países puedan haber tenido en la acción del ministerio de Asuntos Exteriores y en las relaciones diplomáticas españolas, así como la actividad del CNI (antes CESID y aún antes CESED) relacionada con el ocultamiento de todas esas actividades presuntamente ilícitas durante su reinado y después de su abdicación.
Estas revelaciones del documental Salvar al rey también provocaron este miércoles una pregunta de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, dirigida al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La diputada abertzale mostró su estupor por el hecho de que las revelaciones de los servicios secretos sobre asuntos como la implicación del monarca en el Golpe de Estado de 1981 puedan despacharse en un documental pero estén vedadas a los diputados debido a una ley de Secretos Oficiales que prohíbe acceder a cualquier documento sobre el particular.
Bolaños aseguró que la nueva ley de Secretos será una “referencia” democrática, y se ofreció a negociar aspectos de la ley como los plazos de prescripción del secreto en la tramitación legislativa, aunque no aclaró cuándo los documentos sobre el 23F serán públicos.