Hubo un tiempo en que socialistas poco sospechosos de veleidades soberanistas como Carlos Solchaga o Josep Borrell dejaban la puerta abierta a corresponsabilizar a las autonomías en la recaudación de impuestos. El Gobierno central aparecía como el cobrador, figura siempre ingrata, mientras los ejecutivos regionales sólo tenían que ocuparse de gastar y tender la mano. Pero Felipe González no era de ésos, hasta que necesitó los votos de CiU para gobernar y Jordi Pujol reclamó a cambio el 15% del IRPF. La cesión se ejecutó con el rechazo de Ibarra y Chaves, barones socialistas de Extremadura y Andalucía, con el argumento de que aumentarían las desigualdades. También con la oposición del PP por claudicar ante “el chantaje” nacionalista. Aznar estaba en contra hasta que precisó del apoyo de Pujol para gobernar… y cedió el 30%. Lo criticaron Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, todas del PSOE. La socialista Magdalena Álvarez se quejaba de que esa cesión “da a Catalunya 72.000 millones más que a Andalucía”.
Hubo un tiempo en que, ante las quejas de Catalunya por la financiación autonómica, el PP replicaba que los impuestos no los pagan los territorios, sino las personas. Ahora, los populares elevan las taifas a máxima expresión fiscal, abrazando con el fervor del converso la “sana” competencia entre autonomías. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez y hasta sus socios independentistas y nacionalistas hablan con la boca pequeña de armonizar algún impuesto para evitar el dumping de Madrid, que los baja gracias al dopaje de ser la capital. Lo comentan por lo bajini , ya que no pueden defender una centralización fiscal. Si se sustrae al sistema autonómico capacidad para fijar algunos impuestos, se convierte en mera descentralización administrativa.
Y hubo un tiempo en el que sólo IU o Podemos abogaban por ordeñar más las ubres de los grandes capitales, apelando al combate frente a los “poderosos”, mientras el PSOE prefería una retórica menos inflamada, que se limitaba a prometer atención a quienes más lo necesitan. También esto ha cambiado.
La recaudación de impuestos sobre la que tanto se habla no da para mucho, pero sí para construir un discurso político
¿Por qué hablamos de impuestos estos días? ¿Acaso es inminente una reforma a fondo de la fiscalidad? En absoluto. Sigue siendo la asignatura pendiente. Pero se ha puesto en marcha la maquinaria electoral. La recaudación de los impuestos que se discuten estos días no va a revolucionar el estado del bienestar, pero sí da para construir un discurso político.
Feijóo reivindicó el balance económico de Aznar esta semana en un acto de Faes
El PSOE siempre se había abierto en canal cuando se abordaba el debate de los impuestos
El PP abrió el juego tras el debate sobre energía entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado, en el que el primero vapuleó al popular. Aunque las encuestas le sonríen, Feijóo necesita construir un discurso alternativo que vaya más allá de criticar las alianzas de Sánchez con “separatistas y filoetarras”. La economía es una baza en la que el PP confía en contextos de crisis y en ese campo busca batirse a través de barones afines, como el andaluz Juanma Moreno. El mensaje: sólo el PP rebaja los impuestos frente a un PSOE al que le gusta rebuscar en bolsillos ajenos. El objetivo: pescar entre los votantes socialistas tibios y provocar división en el Gobierno y el PSOE. El debate fiscal siempre ha abierto en canal a los socialistas.
Sánchez no habla tanto de ayudar a los pobres o los vulnerables, sino a la clase media y trabajadora
Pero los barones han callado y Sánchez ha aprovechado para rescatar la propuesta de Unidas Podemos de crear un impuesto a las grandes fortunas que le permite abonar su nuevo credo: erigirse en el Robin Hood de “la clase media trabajadora”. Obsérvese que no habla de rescatar a los pobres, los vulnerables o los más necesitados. ¿Quién no se siente clase media, trabajador o aspira a serlo? El nuevo impuesto, además, engrasa la difícil relación con UP y los aliados parlamentarios.
Catalunya, que antaño lideró los debates sobre financiación e impuestos, se limita a responder a los provocadores cantos de sirena del presidente andaluz para que los catalanes con posibles se trasladen a su tierra con un “saquen ya sus manos de Catalunya”, solemne pero poco concreto. Aunque el Govern tendrá oportunidad de fijar posición sobre impuestos en la inminente discusión presupuestaria.
JxCat y ERC
Juntos, pero cada vez peor
Es poco probable que Junts y ERC lleguen unidos en el Govern hasta el final de la legislatura, en 2015. Pero la ruptura, que hace unas semanas parecía inminente, parece que se retrasará, salvo sorpresas en el debate de política general de la próxima semana. Eso no significa que la relación mejore. Al contrario, va a empeorar, puesto que Junts piensa marcar más perfil propio en los próximos meses. Así que podemos encontrarnos que los consellers de Junts propongan iniciativas de las que ERC no tenga ni idea, y viceversa. En estos momentos, más que estar en discusión si el Govern se romperá, lo que falta por conocer es más bien en qué momento: antes o después de las elecciones municipales de mayo.
Reforma legal
Dudas sobre el Código Penal y la sedición
La reforma del Código Penal para rebajar el castigo por sedición sigue siendo un asunto espinoso sobre el que Pedro Sánchez aún no ha tomado una decisión definitiva. El presidente es partidario de esa medida y considera que se deberían homologar las penas por ese delito a las de otros países del entorno europeo. A la vuelta de las vacaciones de verano parecía proclive a afrontar ese asunto. Pero en la Moncloa hay dudas al respecto. Elegir el momento adecuado, la dificultad de contar con los apoyos necesarios para aprobar la reforma y el calendario electoral del próximo año y medio complican que se adopte la decisión, así que en la Moncloa siguen sopesando si acometerla o no.