La continuidad de Laura Borràs al frente de la presidencia del Parlament pende de un hilo. El Tribunal Superior de Justícia ha decidido enviar a juicio a la presidenta y traslada el debate a la Mesa del Parlament que deberá decidir ahora si vota su suspensión. El magistrado de la sala civil y penal, Carlos Ramos, ha dictado el auto de apertura de juicio oral este martes lo que obligará al Parlament a decidir si suspende de forma inmediata a la presidenta en base al artículo 25.4 del reglamento de la cámara catalana. Este artículo establece la suspensión inmediata de los diputados contra quienes se abra juicio oral “por delitos vinculados con la corrupción”. La Mesa del Parlament estaba reunida este martes, en su cita ordinaria, cuando ha trascendido la noticia, pero no se ha abordado el asunto. ERC, PSC y la CUP tienen mayoría para forzar la suspensión de la presidenta.
La apertura de juicio contra Borràs era una decisión esperada e inevitable después de que el TSJC rechazara todos los recursos que la presidenta presentó en contra de su procesamiento y una vez se agotaron las posibilidades de apelar. Borràs llegó a presentar a última hora un incidente de recusación contra el magistrado que este rechazó acusándola de "abuso de derecho" para intentar retrasar su enjuiciamiento.
Borràs se sentará en el banquillo por fraude y prevaricación
La presidenta del Parlament y líder de Junts se sentará en el banquillo de los acusados en un juicio para el que todavía no hay fecha. En el banquillo la acompañará su amigo Isaías Herrero a quien supuestamente quiso beneficiar fraccionando los contratos para el servicio de informática cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes. La Fiscalía en su escrito de acusación señala que Borràs y su amigo Isaías Herrero actuaron "de mutuo acuerdo" para fraccionar indebidamente diversos contratos menores para no superar el umbral de 18.000 euros "con el propósito de vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública".
Lee tambiénUn error de Correos destapó la causa judicial contra Borràs
Para ambos la Fiscalía pide una pena de 6 años de cárcel y 21 años de inhabilitación para ejercer un cargo público. El tercer acusado es Andreu P., quien supuestamente elaboró facturas que permitieron enmascarar las irregularidades y que se enfrenta a una condena de tres años de cárcel y diez de inhabilitación. A pesar de que el juez también apreciaba que Borràs había cometido malversación y fraude, la fiscalía acabó acusándola de dos delitos: prevaricación y falsedad.
Lee tambiénEl círculo se estrecha sobre Borràs (y Dalmases)
Ante esta discrepancia entre la instrucción judicial y la acusación del fiscal, el magistrado señala que "esta diferencia técnica es irrelevante", puesto que se trata de "la supresión de dos de los cuatro tipos penales que fueron considerados en su día por el Instructor, manteniéndose los otros dos sin realizar ningún cambio en cuanto a los hechos ni en cuanto a los sujetos, lo cual entra dentro de las facultades que nuestra ley procesal penal reconoce al Ministerio Fiscal en esta fase del procedimiento”.