La familia Pujol perdió hace un año el último cartucho que tenía para no ir a juicio por corrupción, pero tiene otro de más calibre para cuando el juicio arranque. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó en abril del 2021 el recurso con el que querían evitar el banquillo, y concluyó que el matrimonio y sus siete hijos funcionaron como una asociación ilícita y cometieron delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y falsedad documental.
Cuando empiece el juicio, se planteará una duda: ¿está todo el caso contaminado de inicio por una actuación irregular, al nacer de una información obtenida por la policía española supuestamente bajo coacciones a la cúpula de un banco, vulnerando así el obligatorio secreto bancario? ¿Los testigos empleados como palanca para abrir la investigación inicial, Victoria Álvarez y el poco fiable Javier de la Rosa, que recibieron dinero por sus palabras, son fiables? Por otro lado... ¿de qué modo afectará la actuación de la llamada ‘policía patriótica’, con las grabaciones del comisario Villarejo apareciendo día tras día?
El patriarca Pujol se enfrenta por ese gran caso a una petición de pena de 9 años. Su hijo Jordi Pujol Ferrusola, a la mayor de todos: 29. Ya pasó 246 días entre rejas por ello en el 2017.
Otros dos hermanos quedaron salpicados: Oriol cumplió 36 días de cárcel, a inicios del 2019, tras ser condenado –con su conformidad– por el caso de tráfico de influencias en las concesiones de estaciones de ITV. Y Oleguer sigue pendiente del caso Drago, en el que los siete imputados iniciales han quedado en uno: él.
Antes o después, el gran caso Pujol llegará a juicio, pero pocos días deja de ser noticia. En las últimas semanas, diversos medios han publicado informaciones que apuntalan la idea de que una gran operación de Estado se puso en marcha cuando, en 2012 o 2013, el movimiento secesionista empezó a ganar músculo, y algunas altas esferas gubernamentales empezaron a inquietarse por lo que venía y a actuar para dinamitarlo. Como fuera.
La segunda fase del caso Pujol, la más mediática, explota con una información que, el 7 de julio del 2014, publica El Mundo . Es “el pantallazo” de un supuesto resumen bancario en el que aparecen ingresos (de 2010 y 2011) de seis de los miembros de la familia en la Banca Privada d’Andorra (BPA), institución clave de toda esta trama. 3’4 millones de euros trasladados allí en un mes desde otra entidad, Andbank.
Apenas nueve días después, un descomunal terremoto sacude Catalunya: Jordi Pujol i Soley, el molt honorable president, confiesa que durante 34 años mantuvo en Andorra una gran cantidad de dinero. Dice que se la dejó su padre en herencia y que nunca encontró el momento de regularizarlo. El daño es tremendo, y la querella contra los Pujol por parte del sindicato Manos Limpias, inmediata.
El caso arrancó en el 2012 con una declaración de Javier de la Rosa y Victoria Álvarez, “asistidos” por un socio de De la Rosa
El juez de instrucción de la Audiencia Nacional José de la Mata no cree esa versión de la herencia, sino que sostiene que es el fruto de años de mordidas por parte de todo el clan en concesiones públicas.
Pero volvamos al pantallazo: ¿quién dio los datos que acabaron en la portada de El Mundo? En los últimos meses han trascendido numerosos detalles de lo que ocurrió con BPA en aquellos meses, antes y después. Los directivos de la entidad, investigada por tener entre sus clientes a presuntos criminales de varios países, fueron conminados por mandos policiales españoles a que les facilitaran datos bancarios de Artur Mas, Oriol Junqueras y Jordi Pujol.
El 2 de junio deL 2014, poco antes del “pantallazo”, el consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, graba una conversación con Celestino Barroso, agregado de Interior de la embajada de España en Andorra, en la que le sugiere que si no facilitan ciertos datos (que no concreta) el banco recibirá un “hachazo”.
Celestino Barroso y Joan Pau Miquel en una grabación de audio
Los referidos a los Pujol acabaron en El Mundo , pero aun así en marzo del 2015, Estados Unidos (según BPA alertados por el Ministerio del Interior español en venganza por su poca colaboración) activa un mecanismo de lucha contra la financiación del terrorismo que supondrá el cierre de BPA y su filial, Banco Madrid.
Los Pujol, en todo caso, se querellan inmediatamente contra BPA por revelación de secreto bancario. Un delito mayor en Andorra, que puede conllevar altas penas de prisión, y que jurídicamente es un as en la manga de los Pujol; estos querrían que la justicia andorrana fuera más veloz que la española en el caso Pujol. También se han sumado a la querella que BPA presenta contra altos mandos policiales por coacciones.
Podemos ir aún más atrás, porque conversaciones grabadas por Villarejo a finales del 2012 –y reveladas ahora por El País y elmon.cat – sugieren una operación de largo recorrido.
En una de ellas, Villarejo cuenta que el empresario Javier de la Rosa asegura que Pujol tiene cuentas en el banco suizo Lombard. Este dato acabará publicado en cierta prensa española en enero del 2013, e inmediatamente será desmentido por el propio banco.
En otro diálogo, Villarejo habla con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que le pregunta si la información sobre corrupción de Artur Mas y de Jordi Pujol es susceptible de ser judicializada. Villarejo dice que sí, y el ministro le espeta: “Con el fiscal del Estado se ha hablado ¿eh?”.
Porque las investigaciones no solo arrancan del “pantallazo”. Exactamente el mismo día –7 de julio– del 2010 comen en el restaurante La Camarga de Barcelona la entonces dirigente del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola. Sin que esta lo sepa, el diálogo se graba. Álvarez revela que su novio sube a Andorra maletas llenas de billetes. Cuando trasciende la conversación, los Pujol reciben requerimientos de la Oficina Nacional de Inspección del Fraude. El caso de La Camarga generó un intenso cruce de denuncias entre los implicados, y en el 2018 tuvo un epílogo que ya está en la mano de los Pujol: más allá de si era cierto que Jordi Pujol Ferrusola subía dinero a espuertas a Andorra, Álvarez reconoció a El Independiente que entre el 2011 y el 2016 cobró de los fondos reservados del Estado. El concepto: “Gastos de investigación”.
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