El error del secreto

Transbordo, Moncloa

El error del secreto

Esta crónica se escribe cuando la directora del CNI, Paz Esteban, se confiesa ante la Comisión de Fondos Reservados y Secretos Oficiales. Cuanto está diciendo la señora Esteban es secreto, pero se terminará sabiendo. Es imposible mantener la confidencialidad ante compañeros o jefes de partido, con lo cual el informe solo necesita horas para dejar de ser secreto. Las versiones que llegarán a los medios informativos corren el riesgo de estar contaminadas por el sesgo ideológico del diputado informante, por mucho que el redactor se esfuerce en contrastar esas versiones. Con lo cual el cronista llega a una primera conclusión: el secreto es una imposición legal, pero también puede ser un error; el último de una demoledora cadena de errores.

Me explico. El espionaje a ciudadanos, complicado después con las intrusiones en los teléfonos del jefe del gobierno y la ministra de Defensa, entre otros, ha provocado la crisis política más grave del mandato de Pedro Sánchez. Puso en cuestión valores trascendentes, como la calidad de la democracia. Según criterio compartido por Yolanda Díaz y Gabriel Rufián, supuso un peligro para la democracia misma. Deterioró el prestigio del CNI, básico para la seguridad del Estado y sus instituciones. Quebró el ya decaído principio de confianza entre los nacionalismos catalán y vasco y el Estado español. Demostró la descoordinación gubernamental, hasta el punto de que el presidente del gobierno no sabía quién cuidaba la seguridad de sus comunicaciones. Y, como remate de despropósitos, los episodios desembocaron por el momento en el insólito espectáculo de un partido que es al mismo tiempo gobierno y oposición poco leal y ministros que piden la destitución de una compañera de gabinete. Parece la crónica de una descomposición. Y a lo mejor la es.

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Paz Esteban, la directora del CNI en la entrada de la comision de secreretos oficiales en el Congreso de los diputados

Dani Duch / Propias
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Rufián dice que el espionaje sin orden judicial vino de otro país o de otro órgano estatal

Ante ello, se suscitó un debate con los ingredientes conocidos: a un lado, quienes propugnan el derecho del Estado a defenderse de sus enemigos reales o posibles, sin otra limitación que el aval judicial; al otro, quienes, a pesar del aval, ven un comportamiento residual franquista con resultado de persecución ideológica. Y el Estado entra en el debate con la proclamación de secreto de las actuaciones, salpimentada con guerras internas de poderes y viejas vendettas de ministros. Se niega a los ciudadanos el derecho a formar su propia opinión por encima de la lucha de partidos y sin la información que maneja el gobierno. Y algo peor: con mentiras, naturalmente interesadas, o con verdades fabricadas para salir del paso.

No son formas de tratar una grave y profunda crisis política. La confesión de la responsable del CNI no debiera ser reservada. Si me apuran, su comparecencia tendría que haber sido retransmitida. Por tres razones: para formar opinión pública; para facilitar a los independentistas lo más difícil, que es la marcha atrás de sus denuncias, y porque esa es la transparencia y no la que predican los ministros bajo un eslogan convertido en mantra: “no tenemos nada que ocultar”. Basta que insistan tanto para que los ciudadanos pensemos que sí, que hay algo o mucho que ocultar.

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