Nueva vuelta de tuerca al escándalo del espionaje al independentismo, que amenazaba con bloquear el mandato de Pedro Sánchez y toda la legislatura, además de mantener en el punto de mira a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como última responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En un inesperado giro de guion, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes desde la Moncloa, en una comparecencia convocada de urgencia pese a tratarse de un día festivo en Madrid, que también los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa se han visto infectados por el programa Pegasus, igual que desveló la investigación sobre más de sesenta dirigentes y activistas independentistas.
Bolaños ha comunicado así que el Gobierno ha presentado esta misma mañana una denuncia en la Audiencia Nacional, basada en dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, según los cuales los teléfonos móviles de Sánchez y de Robles “han sido infectados con el software Pegasus”. Según estos informes, se han producido dos intrusiones, consumadas, en el teléfono del jefe del Ejecutivo, en mayo del 2021, y otra más en el móvil de la ministra de Defensa, en junio de ese mismo año. “No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas”, ha advertido el ministro de la Presidencia. El Gobierno ha tenido conocimiento de estos hechos ayer mismo, y ha reaccionado de inmediato ante la gravedad de los mismos.
Los dos ataques contra el móvil de Sánchez, en mayo del 2021, lograron extraer 2,6 gigas de datos –una cifra muy elevada- en el primero, y otros 130 megas en el segundo
Fuentes gubernamentales han señalado que el volumen de lo extraído en los dos ataques contra el móvil de Sánchez, en mayo del 2021, lograron extraer en el primero hasta 2,6 gigas de datos –una cifra muy elevada-, y otros 130 megas en el segundo. En la intervención en el teléfono de Robles, en junio del 2021, se sustrajeron 9 megas de datos.
Estas fuentes han explicado a La Vanguardia que de la investigación realizada solo se puede conocer el volumen de los datos extraídos, pero no el contenido concreto. En todo caso, en la Moncloa apuntan que se ha tratado de tres ataques “puntuales”, en las citadas fechas del año pasado, ya que desde entonces no se ha producido ninguna intrusión en los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. Los sistemas de blindaje de los móviles de los miembros del Ejecutivo, añaden, se van sofisticando y perfeccionando periódicamente, y son cada vez “más eficaces”, según defienden. Y la prueba, justifican, es que desde entonces no se ha vuelto a consumar ningún ataque de estas características a los móviles investigados con este programa Pegasus que, según los datos que manejan en la Moncloa, han afectado a más de 50.000 personas en una veintena de países. “No ha vuelto a suceder. El desarrollo y la implementación de las herramientas para prevenir este tipo de ataques han funcionado”, alegan fuentes gubernamentales.
“La intervención ilegal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno”, ha señalado Bolaños. Los dos primeros móviles analizados en el Ejecutivo son precisamente los de Sánchez y Robles, y en los dos se ha detectado la intrusión del programa espía, y que se extrajo un volumen de datos de ambos terminales telefónicos, por lo que ahora se produce un vuelco en los acontecimientos.
Son hechos contrastados y fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley”
“Son hechos contrastados y fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley”, ha advertido el ministro de la Presidencia. “Existe constancia de que el software Pegasus ha sido utilizado de modo ilícito en al menos veinte países, y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos, informadores”, ha señalado.
Bolaños ha asegurado así que “es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas”. Y ha asegurado que el Gobierno “va a ser inflexible con cualquier vulneración de derechos y libertades fundamentales”. “España es una democracia plena, con todas las garantías, un Estado de derecho avanzado, perfectamente homologable a los países europeos de nuestro entorno. Y por eso el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de la verdad y con la verdad es también el compromiso del Gobierno con la defensa de nuestro Estado de derecho y de las instituciones”, ha advertido.
En cuanto a la procedencia del ataque, Bolaños se ha limitado a asegurar que es una intrusión externa, “ajena a los organismos estatales y que no cuenta con autorización judicial”. “En España, las intevenciones judiciales únicamente se pueden justificar o bien para prevenir o bien para perseguir delitos. En este caso no se ha producido la autorización judicial ni se ha llevado a cabo por ningún organismo oficial. Por eso calificamos estas intervenciones de ilícitas y externas”, ha zanjado.