El pelotazo de cinco millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas, guantes y test que se embolsaron los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño hace peligrar la situación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el tablero judicial. Una carta firmada por él como “salvoconducto” para que los comisionistas pudieran sacar el material de China; la intermediación de su primo; la existencia de otra estafa que sí denunció el Ayuntamiento; o la llamada a Medina agradeciéndole la labor prestada pone en duda, por lo menos para alguna de las partes del proceso, el papel que tuvo el dirigente en este asunto.
Además de estos ítems, el juez que instruye la causa a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción tiene encima de la mesa una denuncia contra Martínez-Almeida por omisión del deber de perseguir el presunto delito de estafa por no ser el consistorio el que actuara contra los comisionistas.
Para el abogado denunciante no ha sido hasta la interposición de la querella de la Fiscalía cuando el Ayuntamiento ha movido ficha y se ha personado como perjudicado. Su argumento, es que en la compra de mascarillas por valor de 2,5 millones de euros a una empresa estadounidense, el consistorio sí que denunció los hechos al considerar que las mascarillas no cumplían con los certificados correspondientes. Por eso, este denunciante cree que en el caso de Medina y Luceño hay algún interés oculto en protegerles.
En el sumario de la causa, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, consta una carta rubricada por él mismo en el que califica la labor de Luceño y Medina como colaboraciones “de gran ayuda para que la ciudad de Madrid pueda hacer frente a las necesidades derivadas de la tremenda crisis sanitaria, social y económica que vive en la actualidad garantizando las mejores condiciones de trabajo de sus profesionales”.
Carta rubricada por Martínez-Almeida para avalar el trabajo de los comisionistas imputados
Según se desprende de la causa, Martínez-Almeida remitió esta misiva a requerimiento de los comisionistas para poder desbloquear la salida de los productos desde China. En un mail, fechado el 2 de abril de 2020, que cruzan entre los dos empresarios para comunicarse que ya les ha llegado la carta esperada, el nombre del documento es “salvoconducto mascarillas Leno”, bajo el asunto: “carta alcalde mascarillas”.
En el documento del alcalde se explica que Luceño y Medina van a hacer una donación de 238.000 mascarillas N95, fabricadas por la empresa asiática Leno. “Estas mascarillas viajan a Madrid junto con otro millón de mascarillas de similares características, adquirido por el Ayuntamiento de Madrid a este mismo fabricante, por lo que la cifra total de mascarillas que debemos recibir asciende a 1.238.000 unidades”.
Mail con el documento titulado “salvoconducto mascarillas Leno”
La postura que mantiene la responsable de la empresa pública Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid que gestionó el contrato, Elena Collado, es que desde el Ayuntamiento nunca supieron del elevado cobro de las comisiones –éstas las negociaron con el fabricante- porque si no ellos mismos lo hubiesen denunciado. De hecho, la tesis del consistorio es que las mascarillas que vendieron eran de excelente calidad y a un precio muy inferior del que se podían obtener en aquellos primeros momentos de la pandemia.
Sin embargo, el Ayuntamiento ahora se siente estafado por Luceño y Medina, aunque este último ya ha hecho un aviso a navegantes. En un escrito remitido al Juzgado ya advirtió que el consistorio dio el visto bueno al contrato y si ahora hay problemas con éste, el Ayuntamiento es igual de responsable, y por eso ha reclamado al juez que se le retire la condición de perjudicado.
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La contradicción
La situación judicial del consistorio es difícil: se siente perjudicado, pero niega la estafa
La situación judicial actual del consistorio es compleja. Por un lado, se ha presentado en calidad de perjudicado en la causa, después de que el juez haya admitido a trámite la querella de Anticorrupción. Sin embargo, la principal testigo del asunto siempre ha negado que hubiese una estafa porque las mascarillas eran de buena calidad y el precio era razonable.
En el caso de los guantes, es cierto que la calidad no era la que se esperaba, pero Luceño y Medina les devolvieron 4 millones de euros, correspondientes a la parte del contrato. Y respecto de los test, aunque la fiabilidad no era la esperada, no se tiene conocimiento de que hayan realizado una reclamación al fabricante, tal y como el propio Medina ha sostenido.
La postura de Medina presiona más a Martínez-Almeida. Sobre todo a cinco días de que el comisionista acuda a declarar como investigado por estafa, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. El empresario deberá responder qué papel tuvo en todo esto el primo del alcalde, persona que hizo de nexo entre los comisionistas y el Ayuntamiento.
En el sumario, son varias las ocasiones en las que aparece la firma del alcalde de Madrid
Una de las claves para saber el papel que tuvo el alcalde es si su primo le utilizó para favorecer el contrato y por qué Medina tenía hilo directo con éste. En el sumario consta una cadena de conversaciones tanto vía correo electrónico como por Whatsapp entre los dos comisionistas y Collado. En una de éstas, dicen que “Almeida ha llamado a Luis” (en referencia a Medina).
Fuentes del Ayuntamiento ya salieron a explicar que la llamada, que es cierto que existió, fue para agradecer la donación de las casi 300.000 mascarillas. Esa llamada se produjo el 7 de abril de 2020, cinco días después de que Martínez-Almeida firmara el “salvoconducto”, por lo que era conocedor que además de las donaciones, el Ayuntamiento había realizado un fuerte desembolso en compra de este material a los mismos, a través de la empresa malaya Leno.
El juez Adolfo Carretero ha bloqueado todas las cuentas bancarias del comisionista Luceño, en las que acumulaba unos 130.000 euros. En una de ellas, de la empresa Takamaka Invest SL. -de la que es apoderado- disponía de 119.397 euros. En las otras dos: 1.300 euros en una y 8.377 euros en la otra. Lo llamativo, al igual que sucedió con el otro imputado Medina, es que el magistrado ha tenido que comunicar a las partes que los bienes incautados no llegan a cubrir la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción considera que cobró en comisiones: 5,5 millones de euros.
En una providencia, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, el magistrado también expone el juez que los coches de lujo que compró -un Range Rover y un Lamborghini Huracan Eco Spiderque- ya no están en su poder y que, por tanto, las partes deben proponer nuevas medidas cautelares contra él en el plazo de cinco días.
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