Acorralar a Ayuso o recuperar 1,5 millones de euros, lo que esconde la guerra entre fiscalías
El contrato del hermano de la presidenta madrileña
Anticorrupción ha tenido que reconocer que está detrás de la presidenta por la adjudicación de un contrato de mascarillas en el que salió beneficiado su hermano mientras que la Fiscalía Europea busca recuperar los 1,5 millones de euros adjudicados
Feijóo encarga al PP ponerse a trabajar ya en el ciclo electoral que se avecina
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegando a la jornada de clausura del XX Congreso Nacional del PP
La semana pasada se vivió un tsunami entre fiscalías ante el intento de la Fiscalía Europea de asumir la investigación por un contrato de mascarillas por importe de 1,5 millones de euros adjudicados por la Comunidad de Madrid del que habría salido beneficiado el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
La causa está en manos de Anticorrupción y, sin embargo, la Fiscalía Europea quiere liderar la investigación al entender que lo que hay detrás es un perjuicio a las finanzas europeas y por tanto tienen prioridad para asumir el caso.
El choque viene porque cada una defiende un punto totalmente distinto. De hecho, tras saltar el conflicto Anticorrupción, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, ha tenido que reconocer que está detrás de la propia Díaz Ayuso. Es decir, a su manera de ver, el contrato es correcto porque durante la pandemia, en un momento de urgencia y crisis, no se tenían que someter a concurso ni adjudicación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vota para elegir al nuevo presidente del partido
A juicio de Anticorrupción, la clave es conocer si la presidenta madrileña hizo tráfico de influencias para que el contrato fuera a parar a una empresa de la cual el intermediario era su hermano, Tomás Díaz Ayuso. Actualmente analiza varias denuncias de los partidos de la oposición en Madrid, PSOE, Unidas Podemos y Mas Madrid.
Incriminar a Ayuso
Su objetivo es lograr datos que incriminen a Díaz Ayuso, tal y como explica en el escrito que entregó a la Junta de Fiscales para defender su competencia y al que ha tenido acceso La Vanguardia.
En éste sostiene, que lo que se investiga es “el posible trato de favor a una empresa por razón de la mediación del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo papel en la contratación no está claro y podría llegar a integrar algún concreto delito previsto en el Código Penal”.
Sin embargo, del escrito se desprende que lo que se investiga es el presunto trato de favor, lo que en todo caso supondría un delito de tráfico de influencias, pero en ningún caso el delito de malversación de caudales públicos tal y como defiende la Fiscalía Europea para quedarse con el caso. “Resulta palmaria la falta de fundamento de las calificaciones jurídicas apuntadas por la Fiscalía Europea”, apunta.
Según sostiene el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en su escrito “aventurar que el perjuicio ocasionado al patrimonio de la Unión Europea ascendería a 1.512.500 euros, cuando ese es el precio total pagado por la compra de mascarillas (…) resulta insostenible”.
Afecta exclusivamente a intereses personales
Por tanto, Anticorrupción defiende que en el contrato analizado a Priviet Sportive por mascarillas no se ha utilizado para algo distinto a lo que estaba fijado en el contrato ni se han “falseado” ni “ocultado” las condiciones requeridas para la concesión de estos. Del mismo modo, para Luzón resulta evidente que “no ha existido malversación, pues no se ha producido apropiación de dinero del patrimonio público”.
“La presente investigación no afecta, pues, a delito alguno competencia de la Fiscalía Europea. La investigación nuclear y que ha determinado la intervención de Anticorrupción no pone en cuestión el contrato -no lo hacen siquiera los denunciantes- sino que atañe a delitos de corrupción que pudieran afectar al más alto cargo de la Administración autonómica madrileña: tráfico de influencias, negociaciones prohibidas… en la medida en la que se pueda confirmar o descartar la hipótesis de la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, advierte.
A su juicio, lo que se analiza afecta “directa y exclusivamente a intereses nacionales”, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española, y por tanto, la Fiscalía Europea nada tiene que decir al respecto.
Además, advierte a la Fiscalía Europea del riesgo de abrir una investigación prospectiva. “No existiendo delito alguno competencia de la Fiscalía Europea tampoco cabe hablar de infracciones penales conexas, pues no existe un delito con el que establecer la relación de conexidad”, concluye.
La Fiscalía Europea ve malversación
Por su parte, la Fiscalía Europea ve claramente un fraude en el contrato, por el que se recibió el dinero del Fondo Europeo de Desarrollo (FEDER). A su juicio, lo ocurrido con el contrato en cuestión, con un posible suministro de mascarillas de inferior calidad al convenido, con el consiguiente cambio de precio, y al posible pago del transporte de dichas mercancías por parte de la Comunidad de Madrid “constituirían, en su caso, de acreditarse, un delito de malversación de caudales públicos referidos a fondos europeos. Delito que sería en todo caso competencia de la Fiscalía Europea”, sostiene en un decreto entregado en la Audiencia Nacional para comunicar el inicio de una investigación, y al que ha tenido acceso este diario.
La Fiscalía General del Estado, ante la votación de la junta de fiscales, ha apoyado la tesis de Anticorrupción, lo que provocó la semana pasada la publicación de una serie de notas de prensa desde la Fiscalía Europea criticando la decisión, algo que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha calificado como un “pataleo” en una entrevista a La Vanguardia.
No obstante, la Comisión Europea defendió el viernes que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien resuelva las diferencias de criterio entre la Fiscalía europea (EPPO) y la Fiscalía General del Estado sobre quién debe investigar el contrato vinculado al hermano de la presidenta de madrileña.
Para la Fiscalía Europea, la fiscal general ni siquiera tenía que haber sometido el asunto a una junta de fiscales para estudiar la competencia porque debería concedérsela de manera automática una vez requerida por tratarse de los delitos que perjudican o pueda perjudicar a los intereses financieros de la Unión.