El poder judicial, con el Tribunal Supremo a la cabeza, confía en que la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular ponga fin al colapso que vive la justicia por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace más de tres años. Las consecuencias y derivadas por una falta de acuerdo entre el PSOE y el PP ha generado un desgaste de la justicia que algunos ya califican de insostenible.
El próximo día 2 de abril, Núñez Feijóo será proclamado nuevo presidente del PP, en sustitución de Pablo Casado, y una de las primeras decisiones que deberá adoptar es si mantiene el férreo bloqueo defendido por su antecesor o, por el contrario, levanta la mano y busca otra estrategia. Fuentes del actual Consejo creen que el actual presidente de la Xunta buscará presentarse ante la opinión pública como un hombre de Estado, en defensa de los pactos constitucionales, y por tanto llegará a un acuerdo.
Casado llevaba instalado en el no más de tres años bajo la premisa de que el partido de Gobierno debía antes modificar la ley para que fueran los jueces quienes eligieran a los vocales del Consejo en vez del Parlamento. Fuentes próximas a las negociaciones entre ambas formaciones apuestan porque Feijóo acepte que primero haya una renovación para dejar de incumplir el mandato constitucional que establece un periodo de cinco años por cada mandato. Y sería, con el órgano renovado, cuando se podría intentar llegar a un pacto con los socialistas. No obstante, estas mismas fuentes reconocen que para Casado cada vez era más insostenible mantener el bloqueo.
El Supremo ya ha alertado de los graves riesgos para el tribunal si no se renueva el órgano de gobierno
A raíz de su postura, el PSOE y Unidas Podemos aprobaron una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impide al órgano de los jueces, que actualmente preside Carlos Lesmes, hacer nombramientos de la carrera judicial mientras se encuentre en funciones. El objetivo de la reforma legislativa era presionar al PP para que se aviniera a desbloquear la situación. Sin embargo, esta maniobra es la que ha agravado el colapso real de la justicia. En el caso del Supremo, ya se ha alertado que este año se dictarán hasta 1.000 sentencias menos por la falta de magistrados –hasta un 20% menos– al no renovarse plazas por jubilación o fallecimiento.
De hecho, el Alto Tribunal ya dejó constancia en un informe del riesgo de colapso en el que se encuentra. A esto se añade que no han recibido el apoyo que esperaban del Ministerio de Justicia para aliviar la situación.
Y todavía hay más. El Tribunal Constitucional se va a encontrar en los próximos meses en un dilema que deberá afrontar si nadie pone una solución antes. En junio, hay que renovar a cuatro de los magistrados del Tribunal de Garantías, pero tras la última reforma, el CGPJ no podrá hacer los dos nombramientos que le corresponden –los otros dos los propone el Gobierno–. La reforma está recurrida ante el TC, que intervendrá si no se alcanza una solución antes.
El Constitucional baraja estudiar el recurso contra la reforma de la LOPJ si no hay acuerdo
Según fuentes del Constitucional consultadas por La Vanguardia , si el CGPJ no se renueva antes de mayo o no hay una modificación de la reforma, el tribunal pretende llevar a pleno el recurso de inconstitucionalidad para definir si tal modificación, que impide al órgano de los jueces hacer nombramientos, es parcialmente inconstitucional en lo que se refiere a los nombramientos de magistrados del TC, ya que es algo que está recogido en la Constitución. El tribunal deberá aclarar si una norma legal puede prohibir un mandato constitucional. De declarar la inconstitucionalidad de parte de la norma, dejaría vía libre para que se pudieran hacer los nombramientos a tiempo.
Si finalmente el Consejo no pudiera llevar a cabo en junio sus dos nombramientos por culpa de la reforma, un sector judicial sostiene que el Gobierno tampoco podría nombrar a los suyos porque, según marca la Constitución los nombramientos se deben producir en un bloque de cuatro.
Esto a su vez impediría un cambio en la correlación de fuerzas en el seno del tribunal para pasar de mayoría conservadora a progresista, en un momento en el que están pendientes varios recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
PSOE y UP valoran volver a cambiar la ley para permitir al Consejo caducado nombrar jueces del TC
En todo caso, la vía más sencilla sería que el PSOE y el PP lograran un acuerdo para la renovación y por eso se espera que Núñez Feijóo levante la bandera antes de julio.
Fuentes próximas a la negociación veían una ventana abierta para que el PP rompiera su bloqueo tras las elecciones de Castilla y León. Al no obtener el PP unos resultados tan buenos como se esperaba, la opción del adelanto electoral en Andalucía ha quedado aparcada y, por tanto, hay por delante unos meses, hasta otoño o final de año, para lograr el acuerdo que en la etapa anterior estaban intentando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el hasta entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea. Sin embargo, la crisis que sacudió al PP en febrero por el supuesto espionaje al hermano de Isabel Díaz Ayuso y que ha acabado con la salida abrupta de Pablo Casado interrumpió las negociaciones.
Por eso, fuentes socialistas ven ahora posible un cambio de criterio del PP ya que, según estas, la negativa obstinada a renovar el Consejo venía estrictamente del anterior líder popular. En caso de que antes de junio sea inviable la renovación del órgano de gobierno de los jueces, fuentes del PSOE y de Unidas Podemos aseguran que ambos partidos ya valoran la opción de modificar la reforma para permitir que el Consejo pueda nombrar a los magistrados del Constitucional.