“Si esto es humo...”. Tras nueve meses de muy complicada gestación, “hasta altas horas de la madrugada”, el último Consejo de Ministros del año alumbró ayer la reforma laboral pactada con las principales patronales empresariales y centrales sindicales. “Hoy no es un día cualquiera, hoy es uno de los días más importantes del Gobierno y de esta legislatura”, celebró la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como principal muñidora de un pacto laboral que el Ejecutivo se propone ahora blindar frente a las críticas y demandas de sus principales aliados de legislatura, singularmente Esquerra, el PNV o EH Bildu.
Los 44 folios del real decreto ley de la nueva legislación laboral entrarán hoy en vigor –salvo el plazo de tres meses que se concede a las empresas para adaptarse a los cambios–, pero habrán de ser convalidados antes de 30 días naturales por el Congreso. El Gobierno requiere de una mayoría simple –más síes que noes– para lograrlo. Y su pretensión es que el decreto se ratifique sin que se toque ni una coma. No quiere verse forzado a transformarlo en un proyecto de ley que permitiría a sus socios introducir unas enmiendas en la tramitación parlamentaria que comprometieran el acuerdo sellado con los agentes sociales. “La vocación es que permanezca como está. La vocación es mantener este texto, pero vamos a dialogar para concitar todos los apoyos necesarios”, alegó.
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“Humo, exactamente humo, no es”, replica la ministra de Trabajo frente a las críticas de ERC, PNV o EH Bildu
La vicepresidenta prometió “cariño y diálogo” a los aliados parlamentarios, para lograr que convaliden el decreto sin modificaciones, sin contemplar un cambio de alianzas que introduzca a Ciudadanos en la ecuación. Y replicó a los recelos expresados por ERC, PNV, EH Bildu, Más País o Compromís. “Humo, exactamente humo, no es”, rechazó. “No ha sido fácil, ha costado muchísimo”, resaltó Yolanda Díaz, que se definió como “una humilde abogada laboralista”. “Es muy difícil poder decirle que no”, advirtió a los socios del Gobierno, a una norma que a su juicio recupera y mejora los derechos laborales de los ciudadanos, frente a la “depreciación laboral y devaluación salarial” que subrayó que impuso la mayoría absoluta del PP en el 2012 para afrontar la crisis económica que se sufría en aquellos momentos, “debilitando a los trabajadores y los sindicatos”. “Esta reforma pasa página a la precariedad laboral en España, es un acuerdo de país”, insistió.
Y resaltó su empeño porque la patronal de los empresarios no se levantara de la mesa y lograra alinearse con los sindicatos para garantizar la “perdurabilidad” de la norma. Yolanda Díaz aseguró que se consiguió gracias a que cada frase del decreto, cada verbo y hasta cada coma “está repensada y recuestionada”. En la Moncloa advierten del coste que el acuerdo supone para el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. “¡Le están descuartizando!”, señalan, ante las fuertes presiones que aseguran que está sufriendo en el seno de su propia organización y por parte de la derecha. La ministra de Trabajo lamentó así que el líder del PP, Pablo Casado, siga instalado en “el no por el no, con mucho ruido”.
La Moncloa advierte del coste del acuerdo para el presidente de la patronal: “¡Le están descuartizando!”
El Gobierno, en todo caso, esconde por ahora posibles “bazas negociadoras” con sus aliados parlamentarios para convalidar el decreto y que no impongan unas modificaciones de calado que podrían expulsar a Garamendi del acuerdo. Una de ellas, no obstante, sería que no avalar esta reforma implicaría retrotraer la legislación laboral a la del 2012 del PP. Y otra que “la calle no está en este debate”, porque en la Moncloa aseguran que “esta reforma beneficia la vida real de la gente”. “¿Cómo le dices que no a esta norma?”, emplazan en el Gobierno a sus críticos aliados.