“Es el primer acuerdo después de 42 años que cambia la tendencia de la devaluación salarial y derechos laborales en nuestro país. Esta reforma hace pasar página a la precariedad en España”. Con estas palabras presentó ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la reforma laboral que aprobó el Consejo de Ministros y que, junto con la prórroga del salario mínimo en 965 euros, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que está previsto para mañana 30 de diciembre, aunque deja un período de tres meses para ajustar los contratos temporales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá
La primera gran reforma laboral consensuada desde 1980 entrará en vigor el jueves
El texto, que fue consensuado por los agentes sociales el pasado día 23 de diciembre, recoge que el contrato ordinario en España será el contrato indefinido y que los contratos temporales que se permitan tendrán que tener una causalidad muy motivada por sustitución de un trabajador o por circunstancias de la producción u oscilación de demanda, y no podrá tener una duración superior a los seis o doce meses, en función de lo que marque el convenio.
El texto aprobado establece un plazo de tres meses para que las empresas ajusten los actuales contratos temporales a la nueva legislación. En el caso de los actuales contratos de obra y servicio, que desaparecen totalmente de la legislación, el plazo se extiende a seis meses.
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La apuesta por acabar con la precariedad laboral también se refleja en una modificación de la ley de Infracciones y del Orden Social, donde las multas por el abuso de la temporalidad pasan de 8.000 a 10.000 euros, y lo que es más importante, se establecen por cada situación fraudulenta, es decir, por cada trabajador contratado irregularmente, y no por empresa, como ocurría hasta ahora.
“Debemos dejar atrás la idea de que España debe competir a través de la devaluación salarial, debe hacerlo con trabajadores más cualificados y con mayor capital humano”, aseguró el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien compareció junto a Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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Escrivá destacó que la nueva legislación laboral ha puesto el acento también en la formación para romper el desajuste entre las necesidades del mercado de trabajo y las capacitaciones de los trabajadores. Un desajuste que “ha sido un déficit permanente en España”, aseguró.
La reforma contiene incentivos para la formación y establece que durante los períodos de inactividad de los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) deberán utilizarse para la capacitación y actualización de la formación de los trabajadores.
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Porque los ERTE, tras su éxito en la última crisis, quedan incorporados como medida de flexibilidad en la legislación ordinaria “para proteger las rentas salariales y el tejido productivo”, en palabras del ministro de Seguridad Social. Serán mecanismos estructurales, denominados Mecanismo RED de Flexibilidad, y se podrán aplicar en dos tipos de circunstancias. Por un lado, en coyunturas macroeconómicas específicas, y por otro, en sectores que se vean sometidos a necesidades de transición y recualificación de su personal. Podrán estar operativos por un periodo de un año ampliable a otro en dos prórrogas sucesivas.
Otro de los grandes logros de esta reforma es dar carpetazo a uno de los puntos más lesivos de la aprobada por el PP en el 2012, como era el recorte de los derechos de negociación laboral de los trabajadores. Desde este jueves queda reinstaurada la ultraactividad de los convenios sin límite de tiempo, lo que deja más margen de negociación. Además, se recupera la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa, aunque solo en cuestiones salariales. Ese convenio sectorial será, a su vez, el que rija la relación con los trabajadores procedentes de contratas y subcontratas.
En definitiva, un conjunto de medidas que la vicepresidenta Díaz aseguró que “han causado estupor en Europa, por ser el primer acuerdo que recupera derechos para los trabajadores y no los recorta”. Aunque todavía es pronto para cantar la victoria final. A esta reforma le falta el trámite de aprobación por el Congreso de los Diputados, y no parece que vaya a ser un camino de rosas según la primera reacción de las fuerzas que apoyan al Gobierno, como Esquerra o Bildu, que ya han pedido cambios. En este sentido, la ministra de Trabajo pidió respeto. “No hemos estado nueve meses negociando para eso, la vocación es la de mantener este texto”, reiteró. Díaz recordó que el contenido del acuerdo está muy discutido y negociado entre las partes. “Cada frase, cada coma, cada subordinada”.
“Será muy difícil decirle no a una norma que mejora la vida de la gente”, recalca Yolanda Díaz
La vicepresidenta admitió que hubiera sido más fácil diseñar una norma unilateral, pero que ella se ha empeñado expresamente en que el acuerdo fuera a tres para garantizar su “perdurabilidad” y dar tranquilidad a empresarios y trabajadores. Pese a ello, mostró su compromiso con el diálogo, “con especial atención y cariño” a las fuerzas que han apoyado al Gobierno a lo largo de la legislatura. Pero advirtió: “Será muy difícil decir que no a una norma que mejora la vida de la gente”.
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