“Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolao y ni me has llamado para decirme (...) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”.
Quien hablaba en la anterior conversación intervenida por los agentes era el excomisario José Manuel Villarejo en enero de 2017, meses antes de ser detenido, cuando los investigadores ya le pisaban los talones. A quien manifestaba pedirle una cantidad de dinero como compensación a los trabajos prestados, ese Javierito, no sería otro que el empresario Javier López Madrid, exconsejero de la todopoderosa constructora OHL, que contrató supuestamente los servicios del policía para “hostigar” a la dermatóloga madrileña Elisa Pinto, con quien mantenía un “conflicto privado”.
La doctora comienza ahora a ver la luz al final del túnel, después de un calvario judicial en el que ha sido tachada de “loca”. Esta semana, el juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa de los turbios asuntos de Villarejo ha cerrado la investigación de una de las piezas –de más de una treintena– más particulares: no tiene que ver con contrataciones de empresas del Ibex, ni abogados que espían a otros despachos, ni tramas parapoliciales montadas desde el Ministerio del Interior, sino que la vertebra el machismo, el “hostigamiento” a una mujer que en un momento dijo “hasta aquí”.
El juez ha dictado auto de procesamiento para López Madrid, yerno de Juan Villar Mir y amigo íntimo del rey Felipe VI, por contratar al excomisario –mientras este estaba en activo en el cuerpo–: al contratante le acusa de un delito de cohecho activo y al contratado de cohecho pasivo. Están a un paso del banquillo, tal y como lleva batallando Pinto durante más de siete años.
El excomisario utilizó medios policiales para lanzar una campaña de desprestigio, según el juez instructor
Los hechos se remontan a 2013. Un año antes el empresario de las altas esferas madrileñas conoce a la dermatóloga cuando fue a su consulta para quitarse un lunar. Ambos casados, su relación se estrecha hasta que surge –tal y como lo llama el juez– “un conflicto privado”. Del flirteo y los regalos, según relata ella, pasó a recibir mensajes subidos de tono que la incomodaban, encuentros forzados que provocaban situaciones embarazosas y fotografías sexuales explícitas que llegaban a su móvil. La situación se volvió irrespirable y amenazó con denunciarlo.
Para evitarlo, López Madrid habría recurrido –a través de un intermediario– al excomisario, quien pronto se puso manos a la obra. En diciembre de ese año, el empresario acudió a la consulta de la doctora junto al socio de Villarejo, Javier Redondo, que también está imputado, para decirle a la doctora que “le dejase en paz, que parase y que la policía iría a verla”. Pinto no entendía nada. Casualmente, esas advertencias fueron grabadas y filtradas a la prensa amiga con la que Villarejo pudo expandir durante años sus tentáculos. La campaña de desprestigio estaba ya puesta en marcha.
Tras ese día y durante todo 2014 Villarejo, expone el magistrado, “en cumplimiento de lo pactado” se dedicó a hostigar a la doctora para impedir que denunciase a López Madrid por acoso, llegando incluso a utilizar “medios policiales” para desacreditar a Pinto: realizó seguimientos, accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial solicitando información sobre el estado de las pesquisas –una vez que ella ya se había decidido a denunciar–. Es más, López Madrid tuvo durante el tiempo que duró la investigación “estrecha relación” con varios policías, gracias a Villarejo. Uno de ellos, el inspector Alberto Carba, precisamente instructor de la denuncia que puso Pinto: este agente envió varios correos electrónicos al empresario informándole sobre el estado de las pesquisas y “recibiendo instrucciones”.
De las amenazas se pasó a la agresión física. En enero de 2014, un hombre con un tatuaje en la mano al que no logró identificar pinchó a Pinto mientras le susurraba “estás indefensa”. Y siguieron las amenazas, según la denuncia a la que tuvo La Vanguardia: “Vas a pagar cada una de las explicaciones que está teniendo que dar. No estás cansada puta loca; vamos a pinchar a tus hijos”. Pero se mantuvo firme y no retiró la denuncia. Así que de nuevo la apuñalaron, pero tampoco le hicieron caso. Hasta que un policía honesto, Jaime Barrado, –gracias al chivatazo de un confidente– puso sobre la mesa el apellido de Villarejo. Lo incluyeron en una rueda de reconocimiento y Pinto lo señaló. Inmediatamente después Barrado fue cesado –y expedientado– por “hiperactividad laboral” y el caso quedó en el limbo.
Elisa Pinto comenzó a recibir amenazas y agresiones para que no denunciase a quien fuese delegado de OHL
Pero un apunte en la agenda de Villarejo cambió el rumbo de Pinto. El excomisario tenía apuntado “va a intentar retrasar la rueda. En todo caso hay que preparar la declaración una vez que me identifique, porque será así”. Esa nota ha arrastrado a López Madrid, de momento, a su primer banquillo, mientras que en otro juzgado avanzan las denuncias cruzadas por amenazas y las agresiones