Los socios del Gobierno piden otra vez investigar al rey emérito, ahora por tráfico de armas

La constelación de formaciones que secundan al ejecutivo no cejan en su empeño por que el Congreso de los Diputados investigue las actividades presuntamente ilícitas del rey emérito, Juan Carlos I, y en esta novena ocasión, centran su petición de investigación en las últimas revelaciones en torno a opacidad de la venta de armas a terceros países no democráticos, en la eventual existencia de comisiones ilegales y en la posible participación del propio monarca como comisionista. 

La petición la firman conjuntamente de nuevo el grupo confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en común, socio del PSOE  en el Gobierno de coalición, así como las cuatro formaciones catalanas, Esquerra, Junts, PDecat y Cup, EH-Bildu, BNG, Más País y Compromís, en el entendido de que las informaciones desveladas por el diario Público sobre las presuntas actividades de venta de armas en las que el emérito habría participado como comisionista, "no dejan duda a la existencia de irregularidades legales y de malversación de fondos públicos". 

Los firmantes consideran que las informaciones publicadas en fechas recientes "la problemática arraigada a la falta de transparencia de la venta de armas del Estado español, especialmente en relación a todas aquellas transacciones comerciales armamentísticas realizadas con Estados no democráticos".    

A su juicio esta opacidad, además de impedir conocer el alcance y destino de las transacciones, "oculta presuntas malversaciones de fondos públicos y altos porcentajes en comisiones de dudosa legalidad". Y en ese sentido, señalan a la vinculación del emérito con la empresa Alkantara Iberian Exports, conformada en 1977 con capital de una compañía árabe y fondos públicos del Estado español al 50, a pesar de lo cual quedó fuera del control de la Agencia Tributaria desde el inicio de su actividad, al radicarse en Londres, y posteriormente en Chipre. 

En su escrito los grupos recuerdan que la empresa fue disuelta por decisión del INI (hoy SEPI) en 1989, tras verse implicado el millonario Adnan Khashoggi, delegado saudí de la empresa, en el escándalo Irán-Contra.

Los grupos quieren aclarar las operaciones de Alkantara Iberian Exports y las eventuales comisiones ilegales del emérito

Los grupos se quejan además de que la actividad de la empresa y las decisiones que el Estado español adoptó como socio partícipe, así como las operaciones de venta de armas que ejecutó, los precios y las eventuales comisiones, están protegidas por la actual ley de Secretos Oficiales, que data del franquismo. En todo caso, consideran que la turbiedad que rodea a estas operaciones y a todo lo relacionado con Alkantara Iberian Exports debe ser abordado por el Congreso de los Diputados para velar por el buen uso de los recursos públicos, dilucidar los eventuales delitos fiscales y también "dilucidar las responsabilidades éticas y políticas" del caso. 

De las nueve ocasiones en que estos grupos han solicitado una comisión de investigación sobre las actividades del rey emérito, solo en una los letrados de la cámara lo consideraron pertinente. Pero ni siquiera en esa ocasión lo dejaron pasar en la Mesa del Congreso PSOE, PP y Vox, que han votado de forma sistemática contra cualquier iniciativa parlamentaria que pudiera conocer de las actividades del rey emérito, antes, durante o después de su reinado.