Una juez investiga la acción exterior del Govern hasta el 2017
Imputados el exconseller Raül Romeva y nueve dirigentes
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El exconseller Raül Romeva, antes de volver a entrar en Lledoners
El juzgado de instrucción 18 Barcelona ha imputado al exconseller Raül Romeva, al exsecretario general del Diplocat Albert Royo y el todavía secretario del Govern, Víctor Culell, por presuntamente haber malversado fondos públicos para “internacionalizar” el procés . También hay siete investigados más: Roger Albinyana, Teresa Prohías, Aleix Villatoro, Roser Clavell, Manuel José Vila, Gerard Martí Figueras y Antoni Reig.
La causa se ha abierto después de que la Fiscalía presentase una denuncia tras haber recibido un informe del Tribunal de Cuentas elaborado en el 2019 que analizaba los gastos destinados a la acción exterior de los ejercicios 2011 al 2017 y que apreciaba que algunos de ellos iban destinados a finalidades ajenas a la Generalitat como “dar a conocer, impulsar y obtener el respaldo internacional del procés ”, según señala en el auto al que ha tenido acceso La Vanguardia .
Indicios de delitos
La juez aprecia indicios de delito en varias contrataciones y subvenciones que fueron otorgadas por el Departament d’Exteriors y por el Diplocat que fueron “llevadas a cabo al margen de las competencias asignadas, bien eludiendo la concurrencia pública o sin justificar”. Además, también ve indicios de delito en la contratación de trabajos académicos en materias ajenas al ámbito competencial de la Generalitat que estaban “orientados a la creación de las estructuras de un nuevo Estado una vez Catalunya alcanzara la independencia”.
De hecho, la juez destaca un caso en que el Diplocat contrató un estudio sobre defensa a una empresa belga del cual no hay “ninguna evidencia sobre su elaboración, ni se lo ve justificado ni acreditado quién es el titular de la cuenta bancaria del banco belga al que se transfirió el pago del trabajo”.
Proceso paralelo en el Tribunal de Cuentas
En paralelo, por el mismo informe el Tribunal de Cuentas citó hace dos semanas para el 29 de junio a una cuarentena de ex altos cargos de los ejecutivos de Carles Puigdemont y Artur Mas para reclamarles fianzas millonarias por la acción exterior de la Generalitat y las actividades del Diplocat.
En el informe de fiscalización inicial se pudo establecer que el total de las obligaciones reconocidas en el período 2011 a 2017 en acción exterior por la Generalitat ascendió al menos a 416 millones de euros. El gasto total de las delegaciones durante el citado periodo superó los 27 millones de euros. Y, por su parte, los gastos ejecutados por el Diplocat ascendieron a 15,8 millones de euros.
Ayer mismo, uno de los investigados, tanto por la vía contable como en este proceso penal, Albert Royo, hizo público el importe de la fianza que su abogado estima que le reclamará el Tribunal de Cuentas a partir del expediente individualizado que le remitió el tribunal y que asciende a cuatro millones y medio de euros.
El propio Royo en declaraciones a La Vanguardia lamentó que se abra la vía penal por este asunto y considera que el único propósito de la Fiscalía es que “acaben en la cárcel y “destruir” económicamente a sus familias. Ayer pidió ayuda a la caja de solidaridad a la que ya han acudido otros procesados.
Captura de la señal del Tribunal Supremo, durante la declaración del exsecretario general del Diplocat, Albert Royo