El reparto del poder siempre es doloroso para cualquier partido. No es de extrañar que a ERC y Junts les esté resultando difícil. Los republicanos aspiraban a un mayor margen de maniobra y los de Carles Puigdemont no están acostumbrados a quedar por detrás en unas elecciones. Con todo, distribuir cargos y competencias, cuando se dispone de tantos cromos para intercambiar, siempre es algo que se acaba resolviendo. Ocurre lo mismo cuando los dirigentes políticos negocian partidas económicas. El regateo será más o menos feroz, pero suele acabar en acuerdo. Los problemas surgen cuando se discute sobre el trasfondo, sobre las corrientes de opinión, los discursos hegemónicos. Y es lo que está ocurriendo en Catalunya. ERC deseaba una inflexión en el proceso independentista. Para recuperar impulso, sí, pero también para controlar los tiempos y asentarse como partido de gobierno. Junts, en cambio, intenta que los republicanos no vuelen solos, sujetar su estrategia a un ejercicio constante de negociación, a un pulso entre ambos partidos independentistas.
Las conversaciones han dado un giro en los últimos días. Después del intento fallido de investidura de Pere Aragonès, las posiciones estaban tan enconadas que las dos partes parecían tener más un pie fuera que dentro. En una entrevista a La Vanguardia , Jordi Sànchez, que lleva las riendas por Junts, aseguró que, si no había acuerdo, se quedarían en la oposición, aunque votarían a Aragonès como presidente de la Generalitat para no repetir las elecciones. Durante algunos días proliferaron las voces de Junts que abogan por no entrar en el gobierno y dejar macerar a ERC en precario para recuperar fuelle en una convocatoria electoral a medio mandato. Entre algunos republicanos empezó a cundir la tentación de dejar a Junts fuera del poder esperando que se diluyeran como un azucarillo y apoyarse en los comunes y la CUP. Puesto que los dos socios han acumulado recelos y desconfianzas abismales, las pocas ganas se aliaban con la desidia… Y así han transcurrido dos meses.
Después de dos meses de negociación y, a pesar de encarrilar un programa, ERC y Junts siguen distanciados
El riesgo parece conjurado por el momento. Poco después de las declaraciones de Sànchez a este diario, entre ERC y Junts se abordó qué pasaría si Aragonès optara por aliarse con los comunes y la CUP. En Esquerra no acababan de creerse que los de Puigdemont dieran su voto para no provocar una repetición electoral. Junts confirmó que ésa era su posición, aunque con la salvedad de que el president contaría sólo con los cuatro votos indispensables para evitar que los partidos contrarios a la investidura de Aragonès pudieran desbancarle, pero no tendría los 32 votos de los diputados de Junts, ya que eso sería tanto como avalar “la vía amplia” que defiende ERC y no el Govern nítidamente independentista que reclaman los postconvergentes.
Esos tanteos parecen haber quedado atrás. También se ha dejado de lado la discusión sobre el papel del Consell per la República, más allá de acordar que debe reconfigurarse su organigrama y que no tutelará al presidente de la Generalitat. Se ha avanzado en el programa de gobierno y se espera entrar en la estructura de departamentos de la Generalitat la próxima semana. Aún no se ha hablado ni de reparto de conselleries ni de nombres, aunque todos son conscientes de que, en la medida en que se entra más en materia, siempre resulta más difícil echarse atrás. Es curioso que lo menos espinoso sea acordar un programa de gobierno… Y, siendo eso así, ¿cuál es el principal escollo?
Aragonès, ayer en un acto en Montjuïc por los 90 años de la Segunda República
Lo más difícil pasa por Madrid. Por la Moncloa y por el Congreso de los Diputados. ERC ha entablado una relación privilegiada con Pedro Sánchez que no está dispuesta a supeditar a sus socios. Y Junts considera esencial que exista una dirección estratégica del independentismo que consensúe cómo relacionarse con el poder central. Los de Puigdemont ponen como ejemplo lo ocurrido esta semana con la votación de la ley de protección a la infancia, conocida como ley Rhodes , que contó con un “sí crítico” de ERC, que apoya la norma pero censura la invasión de competencias, motivo éste que llevó al PNV a votar en contra. Junts considera que este sería un caso claro en el que el Govern debería plantear un litigio competencial con el Ejecutivo central, pero que resulta incompatible con el voto concedido por los republicanos.
Es un ejemplo de una ley que nada tiene que ver con el procés , pero que plantea diferencias de perspectiva entre los dos socios. Y se trata de una norma en la que los votos independentistas no eran decisivos, ya que salió adelante con un amplísimo respaldo de la Cámara. Hasta ahora, cuando Pedro Sánchez ha necesitado de los votos de ERC para aprobar alguna iniciativa parlamentaria sólo tenía que negociar con los republicanos. Ahora tendría que hacerlo también con Junts, puesto que los dos socios acordarían su posición frente al Ejecutivo central. También en lo que hace referencia a la mesa de diálogo político entre los gobiernos central y catalán. Para ERC, eso supone ceder parte de su poder en Madrid.
Si finalmente, los dos socios llegan a un acuerdo de esas características, la mayoría parlamentaria que sustenta a Pedro Sánchez quedaría así alterada en el flanco catalán, en un momento en el que otros aliados, como el PNV, muestran su irritación con algunas formas del Ejecutivo central. Sánchez aún puede apoyarse en Ciudadanos, pero ya sabe –y las elecciones madrileñas probablemente se lo ratificarán– que ése es un sostén de escaso recorrido futuro.