Tramo final de la negociación de los presupuestos generales del Estado y presión en todo el campo para resolver los “flecos” a los que aludía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado martes. Unidas Podemos y los socios de la investidura –todos excepto el PNV– han firmado este viernes un comunicado conjunto en el que reclaman que la actual regulación catalana de los precios del alquiler en zonas calientes se extienda a todo el país.
Lo exigido forma parte en realidad del pacto de gobierno al que llegaron PSOE y Unidas Podemos en enero, pero el PSOE, de momento, no está por la labor de incorporarlo a los presupuestos. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dijo hace una semana que prefería diferir esa regulación a una posterior ley de vivienda.
El comunicado conjunto, en el que aparecen las firmas de los portavoces de Unidas Podemos, ERC, Eh-Bildu, Más País, BNG, Compromís y CUP, y secundado por las organizaciones de inquilinos comienza con el dato escalofriante de que “en el último lustro, los alquileres han aumentado 30 veces más que los sueldos en España” y recuerda que hoy 7 de cada 10 desahucios “son por impago de alquiler”.
En el texto, los grupos admiten que la inexistencia de un parque público de vivienda está en la raíz de este despropósito en el comportamiento de los precios, pero añaden que la posibilidad de disponer de un número de viviendas sociales suficientes para que supongan, como en el resto de Europa, un mecanismo de control de precios, es, siendo optimista un plan a largo plazo, lo que obliga a implementar mecanismos que puedan controlar los precios en lo inmediato y en las zonas donde la presión de los pisos turísticos y de los fondos de inversión propietarios de grandes bolsas de viviendas estén disparando los precios.
“La regulación de los precios es una medida temporal, pero clave para frenar las subidas abusivas y garantizar alquileres asequibles: un paso ineludible para garantizar el derecho a la vivienda digna de millones de personas”, recoge el manifiesto, que defiende la decisión del Parlament de Catalunya de intervenir el mercado en las zonas de especial tensión de precios como modelo para una regulación estatal.
La pandemia, sostienen estos grupos, solo ha agravado el problema, que extiende sus consecuencias a todos los sectores de actividad, ya que “los precios actuales están disminuyendo drásticamente la renta disponible en manos de la ciudadanía, con un impacto negativo en toda la economía”.
De ahí que los firmantes consideren “más urgente que nunca blindar la ley catalana y habilitar al resto de Comunidades Autónomas del Estado para regular el precio del alquiler”.
De fondo de este desencuentro entre el PSOE y sus socios de gobierno y apoyos de investidura está la pretensión socialista de que Ciudadanos pueda incorporarse al pacto presupuestarios. La formación que lidera Inés Arrimadas es contraria a cualquier regulación del mercado de la vivienda.
El asunto de los alquileres, que ya enfrentó a PSOE y Podemos en la anterior legislatura y también tras haber llegado a un acuerdo –que el PSOE no quiso aplicar en los términos firmados–, es uno de los últimos escollos para que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rematen el acuerdo presupuestario, que debería ir a Consejo de Ministros, según anunció María Jesús Montero, el próximo martes.