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El Govern vincula Companys y la “represión” actual al independentismo

La Generalitat exige al Estado un perdón más allá de la nulidad del juicio

Vista de la placa conmemorativa tras el acto oficial de homenaje al presidente de la Generalitat Lluís Companys, consistente en la instalación en la Plaza Sant Jaume de este adoquín "stolpersteine" con su nombre que ha portado Mariona Companys, sobrina del homenajeado

Marta Pérez / EFE

Lluís Companys sigue siendo protagonista de la política catalana 80 años después de su fusilamiento. El independentismo aprovechó ayer los actos de homenaje para tratar de ligar un hilo conductor entre la persecución del franquismo y la actual “represión” que, denuncian sus partidos, sufre por parte del Estado.

El ejemplo más claro, esgrimió el vicepresidente en funciones de presidente, Pere Aragonès, es la inhabilitación de Quim Torra. En este sentido, el Govern quiso proyectar la figura del ya expresident, que lideró la ofrenda floral en el Fossar de la Pedrera de Montjuïc, por la mañana, y la colocación de un adoquín Stolperstein en plaza Sant Jaume, por la tarde. “Las formas y las circunstancias son diferentes”, admitió Aragonès, “pero la historia de represión y violencia del fascismo contra lo que representan las instituciones catalanas continúa”, añadió. Un mensaje que subrayó la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, al reprochar que los catalanes siguen “sufriendo una represión como hace 100 años”. La mejor forma de honrar su memoria, añadió, es “persistir en la lucha” por la autodeterminación y la amnistía, mínimo común denominador que, sin estrategia concreta, también defendieron la CUP, ANC y Òmnium.

PSC y comunes valoran la ley de Memoria que se aprobará en el Congreso, pero Capella cree que “llega tarde”

Además, el Govern volvió a insistir en una demanda concreta que ya verbalizó Torra en su última Diada y Aragonès el miércoles en el Parlament: que el Ejecutivo central, con su presidente y el jefe del Estado al frente, pida perdón por el fusilamiento de Companys en un acto solemne, como hicieron Francia y Alemania por su deportación.

El líder del PSC, Miquel Iceta, y las dirigentes de los comunes Ada Colau y Jéssica Albiach –únicos partidos no independentistas que participaron en la ofrenda y en el acto del Parlament la noche antes– pusieron ayer en valor el hecho que la reforma de la ley de Memoria que ha impulsado la Moncloa se debatirá pronto en el Congreso y que servirá para resarcir el fusilamiento de Companys así como otras víctimas del franquismo. No obstante, desde el Govern, la consellera de Justícia, Ester Capella, ya había señalado que esta ley “llega tarde” y que la Generalitat ya trabaja en el mismo sentido desde hace tiempo.

Esto no es nuevo. Desde el 2008, con el PSOE en la Moncloa, el Gobierno y el Congreso han hecho tres declaraciones de reparación sin efectos legales que nunca han sido suficientes para el independentismo, ya que no anulaban la sentencia, un paso que sí que se hará ahora. Con todo, la Generalitat quiere que se vaya un más allá con la petición de perdón. De hecho, el Govern entregó ayer un documento de nulidad de la sentencia a familiares de Companys tal y como había prometido en el 2018, gra­cias a una ley que el Parlament aprobó hace tres años.

Por otra parte, ayer acabó el plazo de diez días de consultas del presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, con los grupos para encontrar a un candidato que sustituya a Torra después de la inhabilitación. Como se preveía, no hay ninguno y hoy Torrent explicará los próximos pasos. El acto equivalente al debate de investidura que activará el reloj será el 21 de octubre y las elecciones, el 14 de febrero, después de que hayan pasado los dos meses para la disolución del Parlament y los 54 días para la ­cita electoral.