Los móviles de Torrent, Maragall y Puigneró fueron víctimas de espionaje

El presidente del Parlament, Roger Torrent, denunció ayer que “en España se practica el espionaje contra los adversarios políticos” después de que una investigación revelara que su teléfono móvil figura en un listado de 1.400 terminales de todo el mundo que fueron hackeados durante la primavera del 2019 a través de una brecha de seguridad en la aplicación de WhatsApp. Para ello, según las informaciones publicadas por The Guardian y El País y las pesquisas del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se empleó el software Pegasus, de la compañía israelí NSO Group. Un programa que solo se vende a gobiernos y cuerpos policiales para luchar contra el crimen y el terrorismo.

Por ello, el presidente de la Cámara catalana exigió que se investiguen “hasta el final” unos hechos que considera de una “gravedad extraordinaria” y que “se depuren todas las responsabilidades” y anunció que emprendería las acciones legales y políticas necesarias para tal efecto. Pero además, en su discurso fue más allá y enmarcó el hackeado en “una causa general” y “la guerra sucia” del Estado contra el movimiento independentista.

Así, recalcó que el Gobierno de Pedro Sánchez “es cómplice” si tenía constancia de dicho espionaje y que si no lo conocía estamos ante “un síntoma muy preocupante de negligencia política”. “Sabíamos de la existencia de prácticas ilegales llevadas a cabo contra el independentismo, pero hoy disponemos de pruebas fehacientes que lo demuestran”, concluyó. En esa línea, la segunda autoridad de Catalunya tachó estas prácticas de “impropias de una democracia” y aseveró que “es la primera vez que se acreditan de forma concluyente”.

Con ese programa, según detalló el propio Torrent, se tiene acceso a todo tipo de información que contenga un móvil: se puede capturar cualquier mensaje o imagen que aparezca en la pantalla y se pueden escuchar las conversaciones telefónicas así como las presenciales que tienen lugar cerca del terminal. Al respecto consideró que no solo se vulneró su derecho a la intimidad, sino que también afectó al de otros líderes políticos, sindicales y sociales con los que se reunió, al de sus compañeros de partido e incluso al de representantes internacionales.

Reacción del Gobierno

Interior niega que el Ejecutivo central o los cuerpos policiales trabajen con Pegasus

Fuentes consultadas señalan que Torrent cambió de terminal poco después de que se le instalara el malware –entre abril y mayo del año pasado– porque empezó a tener problemas con WhatsApp y se le habían borrado mensajes. Al parecer el software infectó el teléfono con una videollamada perdida que no requería respuesta y que se pudo eliminar sin dejar rastro una vez Pegasus ya controlaba el móvil.

El presidente de la Cámara catalana supo por primera vez del hackeado hace unos días cuando la prensa se puso en contacto con él durante la investigación y a posteriori corroboró que se había producido con el Citizen Lab, que dispone de la lista de las 1.400 personas afectadas. Con todo, Torrent no tiene constancia de qué material se pudo registrar o extraer.

El espionaje también afectó al conseller Jordi Puigneró (según eldiario.es ), a Ernest Maragall, a, según se le notificó ayer, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, a Sergi Miquel, colaborador de Carles Puigdemont, y a otro activista.

En el Parlament la mayoría de grupos condenaron el espionaje, si se ha producido tal y como explicó el presidente de la institución, y trabajaban ayer en una declaración conjunta. No obstante, hubo matices y tanto Cs como PSC le instaron a presentar una denuncia. De hecho, populares y naranjas sugirieron que detrás del espionaje podía estar el socio de ERC en el Govern, JxCat. El asunto se coló en la reunión de la comisión de Polítiques Digitals, en la que compareció el conseller Jordi Puigneró, que negó ante las alusiones veladas de Cs y PP que la Generalitat use Pegasus.

Los AFECTADOS

Los teléfonos de Anna Gabriel y un colaborador de Puigdemont también fueron atacados

La consellera de la Presidència y portavoz del Govern, Meritxell Budó también reclamó tras la reunión del Consell Executiu que se “investigue hasta el final” el espionaje para “determinar” quién está detrás de él.

Por otra parte, los grupos independentistas registraron en el Congreso y en el Senado solicitudes de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la titular de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, para que den cuentas del asunto. Fuentes de Interior, sin embargo, aseguran que ni el ministerio,ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil “han tenido nunca ninguna relación con la empresa NSO”, y que “nunca han contratado ninguno de sus servicios”. Por su parte, la portavoz del Ejecutivo central, la ministra María Jesús Montero, señaló tras la reunión del Consejo de Ministros que desconocían el hackeado y animó a Torrent a poner los hechos que denunció en conocimiento de las autoridades judiciales.