Torrent denuncia que en España “se practica el espionaje contra adversarios políticos”

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado este martes en una declaración institucional desde la Cámara catalana que “en España se practica el espionaje contra adversarios políticos” y ha pedido que se investiguen “hasta el final” unos hechos que considera de una “gravedad extraordinaria”, en alusión al hackeo de su teléfono móvil entre abril y mayo de 2019.

Además, ha pedido que “se depuren todas las responsabilidades” y ha afirmado que el Gobierno español “es cómplice” si tenía constancia de dicho espionaje y que si no conocerlo “sería un síntoma muy preocupante de negligencia política y desconocimiento de presuntas prácticas ilegales”. Por ello, ha interpelado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha preguntado “que opinión” tiene sobre estos hechos.

Anoche The Guardian y El País, en una investigación conjunta, revelaron que el móvil del presidente del Parlament era uno de los 1.400 terminales que fueron espiados el año pasado con el software Pegasus, un programa de la compañía israelí NSO que solo se vende a gobiernos y cuerpos policiales para luchar contra el crimen y el terrorismo.

Según ha detallado Torrent, con ese programa se tiene acceso a todo tipo de información, se puede capturar cualquier mensaje y se pueden escuchar las conversaciones telefónicas o las presenciales que tienen lugar cerca del terminal.

Al respecto ha considerado que no sólo se vulneró su derecho a la intimidad y a las conversaciones secretas, así como el derecho a poder desarrollar un proyecto político sin intromisiones ilegítimas, sino que también se pusieron “en riesgo los derechos fundamentales de muchísima gente” como otros líderes políticos, sindicales y sociales con los que se reunió, a compañeros de su partido e incluso a representantes internacionales.

Sabíamos de la existencia de prácticas ilegales llevadas a cabo contra el independentismo, pero hoy disponemos de pruebas fehacientes que lo demuestran”

En su intervención ha enmarcado ese presunto espionaje en “una causa general” y “la guerra sucia” contra el movimiento independentista, y, a su juicio, estas prácticas “degradan la democracia en el Estado” y “deben preocupar al conjunto de los demócratas, sean o no independentistas”.

“Sabíamos de la existencia de prácticas ilegales llevadas a cabo contra el independentismo, pero hoy disponemos de pruebas fehacientes que lo demuestran”, ha asegurado uno de los líderes de ERC, que también ha considerado “impropio de una democracia que los aparatos del Estado espíen de forma ilegal a los adversarios políticos”. “Es la primera vez que se acredita de forma concluyente lo que muchos ya sabíamos y veníamos denunciando desde hace tiempo: en España se practica el espionaje contra los adversarios políticos.

Torrent cambió de móvil poco después de tener problemas

Fuentes consultadas señalan que Torrent cambió de terminal poco después del mes de mayo, porque empezó a tener problemas con WhatsApp y se le habían borrado mensajes. Al parecer el software infectaba el teléfono con una videollamada perdida que no requería de contestación y que se podía eliminar una vez Pegasus ya controlaba el móvil.

El presidente de la Cámara catalana supo por primera vez del hackeo hace unos días cuando la prensa se puso en contacto con él durante la investigación y a posteriori corroboró que así había sido con el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que dispone de la lista de las 1.400 personas afectadas, entre las que también estaría Jeff Bezos. Con todo, no tiene constancia de que material se pudo extraer o registrar de su teléfono.

En el Congreso de los Diputados el grupo de Esquerra Republicana ha registrado este martes una petición para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ya era titular de esa cartera en la época en la que se produjeron los hechos, dé explicaciones por el presunto espionaje a Torrent y a otros líderes independentistas “por parte de estructuras gubernamentales”. También han solicitado la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Junts per Catalunya, por su parte, ha solicitado que Grande-Marlaska comparezca en el Senado y en la comisión de la Cámara Baja.

En el Parlament la CUP ha planteado a la Junta de Portavoces una propuesta de declaración contra “las prácticas de espionaje del Estado español contra representantes político y activistas sociales”. La exdiputada de la formación anticapitalista Anna Gabriel, expatriada en Suiza desde hace dos años, es otra de las personas que habrían sido espiadas según la información de los citados medios. Los comunes y el PSC, a su vez, han presentado otros textos que se están discutiendo en la reunión de hoy para buscar el consenso de todos los grupos.

Cs y PSC instan a Torrent a presentar una denuncia en los juzgados

Desde Ciudadanos, su líder en Catalunya, Lorena Roldán, ha considerado “inaceptable” que se haya espiado a líderes políticos, en caso de ser así, pero ha censurado las “acusaciones de Torrent contra el Gobierno de España” y le ha instado a llevar “las pruebas fehacientes que dice tener” a los juzgados. Además, ha dejado entrever que el espionaje podría venir del socio de Esquerra Republicana en el Govern, más que del Ejecutivo central, donde, a su juicio, socialistas y republicanos “son socios”.

Fuentes del partido naranja han apuntado que el Govern usa Pegasus desde 2013 y uno de sus diputados ha relacionado en la comparecencia del conseller Jordi Puigneró en la comisión de Polítiques Digitals al Govern con la empresa NSO Group y las cumbres de ciberseguridad que se celebran en Israel. También el diputado del PP Santi Rodríguez ha remarcado en un tuit, con más detalle, que el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) empleaba ese software. “Las luchas cainitas entre separatistas no tienen límites. Esta aplicación la tiene el Cesicat, y se usó. ¡Pero la culpa será de España!”, ha escrito el portavoz popular. En la comisión la diputada Esperanza García se ha referido a los viajes a Tel Aviv, otra alusión velada al asunto.

Por parte del PSC, su portavoz adjunto, Ferran Pedret, ha expresado “la firme condena” de su grupo a “a cualquier intento de vulnerar el secreto de las comunicaciones de forma ilegítima y cualquier intento de hacer espionaje a cualquier persona”. “Más aun si no es por una presunta actividad delictiva, sino por razón de su condición”, ha añadido.

Asimismo, ha señalado que los socialistas esperan que los hechos sean “objeto de la denuncia correspondiente” y que haya “una investigación que aclare los hechos y determine las responsabilidades”.

La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha vinculado el caso de Torrent a las “cloacas del Estado”, que considera que afectan también a su espacio y al vicepresidente Pablo Iglesias, y ha pedido que se investigue el asunto para determinar las responsabilidades aunque por ahora “se conoce muy poca información”. Los comunes pedirán que se investigue el asunto junto con el de Iglesias en el Congreso.

Desde ERC, en la comisión, han pedido que no se lancen acusaciones contra su socio sin pruebas por un viaje de la consellera Àngels Chacón a Israel y el conseller Puigneró ha asegurado que el Govern no emplea el software del hackeo.