El Congreso aprueba el ingreso mínimo vital con enorme consenso y el apoyo del PP

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) está considerada como medida estrella aprobada por el Gobierno de coalición desde que comenzó su andadura hace 7 meses, ha sido convalidada en el Congreso de los Diputados con el voto afirmativo del PP, que minutos antes de iniciarse el debate ha anunciado el sentido del voto. La medida ha salido adelante con 297 votos a favor y solo 52 abstenciones.

Con el sí de los populares, la formación de Pablo Casado se quería desmarcar de Vox, que en un principio se preveía que votara en contra del real decreto, pero finalmente se ha abstenido, lamentando eso sí, que la ayuda se vaya a convertir en algo permanente, vaya a traer una “ruina económica y moral” y vaya a provocar el “efecto llamada” entre los inmigrantes. De esta forma, el real decreto sale adelante sin votos en contra.

El PP quiere que el real decreto se tramite como proyecto de ley con el objetivo de presentar enmiendas con las que definir su modelo de esta renta que varios gobiernos autonómicos de ese color político han implantado ya. De hecho, desde el PP reconocen que este ingreso mínimo ya está basado en el que el partido lleva gestionando “dos décadas” en las comunidades autónomas en las que gobierna, por lo que está a favor del mismo, aunque quiere que se establezcan ciertos requisitos.

Desde el PP reconocen que este ingreso mínimo ya está basado en el que el el partido lleva gestionando “dos décadas” en las comunidades autónomas en las que gobierna

Entre las condiciones, los populares pretenden que la prestación esté vinculada a la búsqueda activa de empleo y que se centre sobre todo en los afectados por la crisis del coronavirus. Además, los populares reclamar que se cree una tarjeta social única para garantizar “la transparencia, la sostenibilidad y el rigor en el sistema de ayudas”.

La postura del PP era una incógnita, pero parece haber pesado el hecho de que corrían el riesgo de quedar solos junto a Vox en una foto que tantas veces ha denunciado el Gobierno de coalición, pero también que la prestación está extendida a nivel autonómico y permitirá paliar la pobreza de 850.000 hogares en España, que además han sufrido el azote de las consecuencias de la crisis sanitaria. El Gobierno prevé la renta que se ponga en marcha el 15 de junio, sea de entre 461 y 1.015 euros en función de la composición de la unidad familiar, que se beneficien unos 850.000 hogares y 2,3 millones de personas y que cada año se dediquen unos 3.000 millones de euros. Además, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivà, ha asegurado que llegará de oficio a 76.000 hogares este mes.

Se calcula que se beneficien unos 850.000 hogares y 2,3 millones de personas y que cada año se dediquen unos 3.000 millones de euros

La postura final del PP no ha estado exenta de tensiones internas, sobre todo después de que desde la Faes, la fundación de ideas del expresidente José María Aznar, se hiciera hincapié en el hecho de que ese ingreso mínimo debía ser eventual y no permanente, en la línea con lo sostenido por Vox.

La tramitación del real decreto ha sido defendido de manera conjunta por el ministro Escrivà y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha defendido que se trata del “mayor avance en derechos sociales de nuestro país desde la creación de la Seguridad Social en 1976”. En su intervención, el líder de UP ha lamentado lo “indignante” que ha sido que la prestación haya sido tildada de “paguita” por la extrema derecha, y ha defendido que desde el punto de vista económico es una buena medida, por cuanto es dinero que va destinado directamente al consumo y, por tanto, al desarrollo de la economía.

Iglesias agradece al PP que “haya rectificado”

Iglesias ha valorado como “una buena noticia” que el PP “haya rectificado y vaya a aprobar el ingreso mínimo vital”, porque esta medida “supone tomarse en serio la Constitución Española”, ha asegurado. “Las sociedades más igualitarias y que protegen mejor los derechos sociales son más seguras”, ha destacado antes de señalar que “no hay libertad si no se llega a fin de mes”. Medidas como esta son “la mejor vacuna frente a discursos del odio y del enfrentamiento del penúltimo contra el último en la sociedad”, ha apuntado.

Por su parte, Escrivá ha resaltado que “nuestro país tiene un problema estructural de pobreza, que aunque aumente en épocas de crisis, no remite en época de bonanza”. Y ha asegurado que tiene que ver “con decisiones políticas, o mejor dicho, con su ausencia”. A diferencia de nuestro entorno, el ministro ha evidenciado que “no tenemos una red de protección sólida y potente de rentas de último recurso”, y el hecho de que esta responsabilidad haya caído sobre las comunidades, con diferente cuantía, ha provocado de hecho que “estas desigualdades se hayan agrandado en el tiempo”.

Escrivá resalta que “nuestro país tiene un problema estructural de pobreza, que aunque aumente en épocas de crisis, no remite en época de bonanza”

El titular de Inclusión ha advertido de que el IMV debe entenderse “a la vez como una herramienta de lucha contra la pobreza y una palanca para la inclusión social”, y ha ensalzado la medida por ser “un buen diseño de una política pública que logrará sus objetivos a un coste fiscal perfectamente asumible”. Por último, ha asegurado que el IMV será incompatible con situaciones de “irregularidad administrativa” y será “una política viva”, “evaluada de manera continua, no solo por nosotros, sino por el resto de administraciones implicadas y organismos independientes”.

La prestación no ha estado exenta de polémica, por cuanto las CCAA han reclamado la gestión de esta ayuda después de que el Gobierno llegara a un acuerdo con el PN para que el IMV sea tramitada por las administraciones vasca y Navarra. El acuerdo con los jeztales escoció a algunos presidentes autonómicos, pero el Gobierno zanjó la cuestión recordando que lo importante “no es el debate competencial”, sino agilizar el pago de la prestación. Y en el caso del País Vasco y Navarra tienen que “hacerlo desde el primer momento”, mientras que con el resto de las comunidades “se irá viendo”.

Críticas a Vox

Los respectivos grupos parlamentarios han expresado su percepción ante la medida del Gobierno, cada uno con sus particularidades. JxCat pide que sea la Generalitat quien gestione el IMV, BNG ha lamentado que “queda corto, en concepción y cuantía” y que sea un nuevo motivo de recentralización por parte del Ejecutivo; Ciudadanos ha remarcado que “la norma debe ser mejorada” y ha criticado a Vox, a los que ha pedido “no fomentar prejuicios y estereotipos” porque la ley no va a tener un “efecto llamada” para los inmigrantes.

Desde ERC, Gabriel Rufián ha destacado que “esta puede ser la ley del divorcio de nuestra generación”, de manera que “la derecha la criticará y en el futuro la defenderá”, ha augurado, porque “cuando algo se gana en la calle, en la política y en el BOE es terriblemente difícil de revertir”.

Vox cree que “va a traer ruina económica y moral” y provocará “un efecto llamada” entre inmigrantes

Vox se ha defendido de las críticas recriminando las “colas del hambre” frente a las que el Gobierno receta un “subsidio perpetuo”, y aunque han dicho querer un sistema de protección fuerte, han descrito el IMV como “la famosa medida estrella sin la que el PSOE no habría obtenido el apoyo de Podemos para gobernar”. “Es el precio del pacto con el diablo que tenemos que pagar para que el señor Sánchez esté en Moncloa”, ha dicho la diputada María Ruiz.

“Va a traer ruina económica y moral”, ha advertido después de advertir el “riesgo de muerte” en que incurre el sistema de protección por los gastos que supondrá para el sistema. La diputada ha criticado que no se hayan unificado las ayudas autonómicas y que “hayan sucumbido al chantaje” del PNV, al tiempo que ha avisado del “grave el efecto llamada que está provocando el ingreso mínimo en los términos que lo han planteado”. Aun así, Vox ha anunciado su abstención por considerar que “nuestros compatriotas necesitan las ayudas”.

Desde el PP, Pilar Marcos aseguró que “las autonomías, y de forma destacada las del PP” son las que han puesto en marcha las rentas mínimas. Pero se ha dirigido al vicepresidente Iglesias para comentarle que “este IMV no es su proyecto”, porque no es la renta mínima que pregonaba Podemos. La popular ha reclamado que la ayuda esté ligado a la búsqueda de empleo, ha lamentado que el Gobierno se apropie de una competencia autonómica con esta medida (salvo en País Vasco y Navarra) y que no viniera acompañada de una memoria económica.