El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aplazado sin fecha el juicio contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament debido a “la excepcionalidad del momento y las incertidumbres” provocadas por la crisis del coronavirus. La celebración de la vista estaba prevista para los días 23, 24 y 28 de abril pero el tribunal ha tenido en cuenta las restricciones de movimiento decretadas para suspender sine die el juicio.
En el banquillo debían sentarse en el banquillo los antiguos miembros soberanistas de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura presidida por Carme Forcadell que aprobaron “las leyes de desconexión”. Se trata de la republicana Anna Simó y los diputados de JxCat, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, así como la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Están acusados un delito de desobediencia– que no implica penas de cárcel pero sí de inhabilitación por contravenir las órdenes dictadas por el TC.
La fiscalía pide para la antigua Mesa del Parlament un año y ocho meses de inhabilitación
Esta es la segunda vez que el juicio queda aplazado. La primera vez debía celebrarse en noviembre pero la elección de Joan Josep Nuet, también procesado en esta causa, como diputado en el Congreso obligó a paralizar el proceso para determinar si debía ser el Supremo quien le juzgase en solitario dada su condición de aforado. La decisión finalmente llegó en marzo. El Supremo se declaró competente para juzgar a Nuet y el TSJC decidió seguir adelante con el juicio contra el resto de la Mesa señalando la vista oral para finales de abril.
La causa contra los cinco políticos de la Mesa del Parlament se abrió tras varias querellas de la Fiscalía pero la causa fue desgajada de la causa contra Carme Forcadell. De hecho, los miembros de la Mesa declararon ante el Supremo tras la declaración de independencia del 27S en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación.
La Fiscalía pide para cada uno de los acusados penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación, así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave