La Fiscalía se ha opuesto a que el exconseller de Afers Exteriors Raül Romeva, condenado a 12 años de prisión y otros tanto de inhabilitación por el proceso soberanista, pueda salir de la cárcel de Lledoners (Barcelona) para trabajar en la entidad Associació Districte 11 City to City para evaluar el cumplimiento de los Acuerdos de Dayton en Bosnia al apreciar “cierta similitud” con su actividad como conseller. El lunes pasado Romeva salió por primera vez en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario para ir a trabajar.
En un escrito, el ministerio público rechaza que Romeva salga de la cárcel tres días a la semana durante seis horas para trabajar en esta entidad porque en la entidad organizará toda la actualización de la cooperación entre Catalunya y Bosnia, y “se aprecia cierta similitud entre esta actividad y la que realizaba como conseller, lo que no le impidió cometer el delito”.
El fiscal argumenta que “nadie duda de su extenso conocimiento y empatía con la situación de Bosnia, pero ello no constituye tratamiento alguno”, puesto que sus amplios conocimientos sobre la materia y su preocupación por el conflicto bosnio, no sólo son anteriores a la comisión delictiva sino que en modo alguno le impidieron realizarla, recalca en su texto.
Raül Romeva
La Fiscalía enfatiza que el tratamiento debería “enseñar a respetar la ley, a que sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando mecanismos legales”
Constata que el área laboral “no es un déficit que haya que trabajar en el interno”, puesto que tiene una relevante trayectoria universitaria y antes de entrar en prisión tenía trabajo, y augura que cuando salga en libertad no tendrá ningún problema para obtener trabajo en el exterior, dada su preparación –en prisión está realizando su segunda tesis doctoral–.
Para el ministerio fiscal, el programa de tratamiento acorde con la tipología delictiva debería “enseñar a respetar la ley, a que sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos en la normativa que rige nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”.
No influirá de forma positiva en las carencias tratamentales del interno”
Así, asegura que el artículo 100.2 “no influirá de forma positiva en las carencias tratamentales del interno, puesto que a través de su concesión, facilitando el trabajo del penado en el exterior, no se produce ningún efecto tratamental”.
Insiste en que el área laboral no tiene “ninguna relación” con la tipología delictiva por la que el interno cumple condena, por lo que no ve ningún efecto tratamental, puesto que el interno no cometió los delitos por una necesidad económica, sino que el interno cometió un delito contra el Orden Público y la Administración Pública.
Las necesidades criminógenas del interno no consta que se hayan trabajado a través de programas de tratamiento, ya sea de manera grupal o individual”
Además, la fiscalía argumenta también que no consta que se haya llevado a cabo en prisión una “intervención individual y grupal” para tratar el delito de sedición por el que fue condenado Romeva, sino que el exconseller se ha limitado a participar en actividades orientadas a la promoción de valores sociales y personales.
“Por lo tanto, las necesidades criminógenas del interno no consta que se hayan trabajado a través de programas de tratamiento, ya sea de manera grupal o individual”, añade el informe del ministerio público.
Contra el criterio de la Fiscalía
La jueza de vigilancia penitenciaria ya ha avalado el 100.2 para Cuixart
El fiscal también resalta que Romeva, condenado a 12 años de la cárcel, no ha cumplido todavía un cuarto de la pena, no ha tenido permisos penitenciarios, y que la cárcel también tiene fines de retribución y prevención, de “intimidación al conjunto de la sociedad y al propio delincuente para disuadir mediante ella de la comisión de nuevos delitos”.
El ministerio fiscal se ha opuesto a la aplicación del 100.2 a otros presos del 1-O como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, si bien la aplicación de este precepto fue avalado para él este jueves por la jueza de vigilancia penitenciaria, todo un revés para los informes contrarios que viene presentando la Fiscalía.