El Tribunal de Cuentas reclama a la exinterventora de la Generalitat la cifra más alta por el 1-O

El Tribunal de Cuentas ha fijado la cantidad provisional de dinero público que se utilizó para organizar la votación del 1 de octubre.

Para el órgano fiscalizador, ­desde el Govern se emplearon 4,1 millones de euros y ahora esa cantidad deberá volver a las arcas catalanas. Por esa razón ha reclamado a los miembros del gobierno catalán de entonces y varios altos cargos, en total 28, para que paguen en el plazo de 15 días este dinero en concepto de fianza de manera solidaria. Si no se paga, el tribunal comenzará el proceso de embargo.

Aunque el tribunal fije la responsabilidad que debe asumir cada uno de ellos, deberán pagar esa cantidad entre todos en función de sus responsabilidades, de sus atribuciones en el organigrama del Govern en aquel momento y de su disponibilidad económica.

Vidal ha sido un alta funcionaria del Govern durante 21 años

A pesar de que el máximo responsable político e institucional de aquella votación era el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no es el dirigente que más cantidad debe afrontar. A él sólo se le reclama su parte en 2,1 millones de euros, mientras que al entonces vicepresidente, Oriol Junqueras, se le exige 3,5 millones a pagar junto a otros acusados.

La que peor parada sale de esta causa es la que fue interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, que deberá afrontar el pago de su parte de 3,7 millones de euros, al hacerla responsable de la mayoría de las partidas presupuestarias analizadas. De hecho, Vidal, cuya jubilación fue publicada por el Diari Oficial de la Generalitat la semana pasada, ya fue citada a declarar como investigada por el titular del juzgado de instrucción número 13. Vidal ha sido un alta funcionaria del Govern durante 21 años.

Junto a ella están el resto de miembros de aquel Govern como Dolors Bassa –que será uno de las exconselleres que deberá asumir una mayor cuantía a pagar solidariamente hasta alcanzar los 2,3 millones–, Neus Munté, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Antoni Comín, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Josep Rull, Meritxell Serret, Santi Vila, Clara Ponsatí o Lluís Puig.

También están inmersos en este proceso contable altos cargos como Josep María Jové, y Francesc Sutrias. Precisamente, éste último director general del Patrimoni, es otro de los peor parados con un cuantía de 2,7 millones de euros.

Esta cantidad, fijada por la instructora, es provisional hasta que se celebre el juicio de cuentas en la que se revisará su responsabilidad. En esta vista no es obligada la presencia de los acusados.

Este martes, las partes pudieron realizar alegaciones a la cantidad establecida

La instructora ha fijado en 3,9 millones de euros los daños ocasionados a los fondos públicos y 242.980 euros a los intereses provisionales devengados. Entre las partidas reclamadas, está la de 1,4 millones de euros por los gastos de rehabilitación de la nave anexa del CTTI Call Center; 357.000 euros por la Campaña Civisme; o 1,2 millones de euros por los gastos relativos a Unipost. También deberán asumir solidariamente el gasto ocasionado por la cartelería del referéndum, la campaña internacional para la imagen de la Generalitat, la invitación a grupos de parlamentarios o, entre otros, el pago de observadores internacionales.

Este martes, las partes pudieron realizar alegaciones a la cantidad establecida. Según fuentes del proceso contable, hay dos puntos esenciales en los que versa el asunto. Por un lado, la extensión de la responsabilidad a todos los miembros del Govern. La instructora parte del acuerdo de gobierno firmado en septiembre del 2017 por el que aceptaban solidariamente desde todas las conselleries los gastos para el 1-O. Sin embargo, las defensas alegaron que ese acuerdo nunca se ejecutó y finalmente cada conselleria asumió sus gastos. Por eso, en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés varios consellers, como Vila, Forn o Borràs, fueron absueltos del delito de malversación de caudales públicos.

El Supremo consideró que desde sus departamentos no se autorizó ningún gasto para los preparativos del referéndum. La instructora del Tribunal de Cuentas ha establecido otro criterio y estima que con aquel acuerdo de gobierno se modificaron las reglas del juego, y todos era sabedores de que se iba a hacer un uso irregular de los fondos públicos para sufragar una votación prohibida.

El otro eje del proceso es el gasto real que se hizo. Es decir, algunos de los proveedores que dieron su servicio no llegaron a cobrar, anularon las facturas o condonaron la deuda. Sin embargo, la tesis de la instructora, en este caso avalado por la sentencia del TS, es que el perjuicio se produce una vez que se ha generado la deuda, aunque no se haya llegado a abonar.

Fuentes del caso explican que a este proceso contable se va a unir todo lo relativo a la acción exterior y, por tanto, la instructora realizará una nueva liquidación. En este asunto ya está implicado el máximo responsable de Diplocat, Albert Royo. Esto supone que, si se unen los dos asuntos, la causa se retrasará durante meses.