El TJUE rectifica sobre Puigdemont y vuelve a examinar su inmunidad

Nuevo paso en el camino de Carles Puigdemont y Toni Comín para conseguir el acta de eurodiputados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado la decisión del Tribunal General de la UE de no conceder medidas cautelares al expresident y al exconseller para que pudieran incorporarse a su escaño al Parlamento Europeo. De esta manera, el tribunal anula la decisión anterior del 1 de julio y volverá a ser examinada.

Estas medidas cautelares fueron solicitadas por Puigdemont y Comín, para intentar conseguir el escaño en la primera sesión constitutiva, pero fueron rechazadas por la Corte. Ahora, en vista de la sentencia de ayer, el tribunal ha hecho una primera rectificación al incorporar la doctrina de aquel auto, y vuelve a examinar el caso.

Precisamente el propio Puigdemont y el ex conseller Toni Comín han accedido este viernes en el Parlamento Europeo, donde han logrado su primera acreditación provisional como eurodiputados y han empezado los trámites para tener el acta definitiva. Ayer jueves, el presidente de la Eurocámara, David Sassoli levantó el veto que había impuesto su predecesor Antonio Tajani.

La composición del Parlamento “debe reflejar fiel e íntegramente la voluntad de los ciudadanos de la UE”

En el fallo del TJUE difundido este viernes la vicepresidenta del tribunal señala que la composición del Parlamento “debe reflejar fiel e íntegramente la voluntad de los ciudadanos de la UE”, expresada libremente mediante el “sufragio universal directo”, respecto de las personas que desean que los representen en una legislatura determinada.

Por lo tanto, según una nota del tribunal no se puede excluir a primera vista -como hizo en julio el presidente del Tribunal General que denegó las cautelares- que pueda considerarse que la proclamación del 13 de junio constituya los ”resultados oficialmente proclamados”.

No cabe descartar que el acto que pone fin al proceso electoral sea el que contiene los resultados del escrutinio de los votos de los electores

Por otra parte, en cuanto a la exigencia de que los candidatos electos españoles juren o prometan acatar la Constitución en el plazo de los cinco días siguientes a su proclamación, la vicepresidenta del Tribunal de Justicia señala que, al estar regida la elección de los miembros del Parlamento Europeo por el principio del sufragio universal, directo, libre y secreto, no cabe descartar, a primera vista, que el acto que pone fin al proceso electoral sea el que contiene los resultados del escrutinio de los votos de los electores, de modo que el cumplimiento de cualquier formalidad ulterior impuesta por el Derecho nacional no forme parte de dicho proceso electoral.

Determinar si el juramento o acatamiento de la Constitución forma parte del proceso electoral de los miembros del Parlamento Europeo es una cuestión de Derecho cuya respuesta no salta a la vista, sino que debe ser objeto de un examen en profundidad, que no puede ser hecho por el juez de medidas provisionales, señala la nota.

El presidente del tribunal se equivocó

Por todo ello, el tribunal concluye que el presidente del Tribunal General “se equivocó” al negar que hubiese fumus boni iuris (término jurídico que significa apariencia de buen derecho y que es condición necesaria para conceder medidas cautelares) y no examinó el requisito de la urgencia ni ponderó los intereses en presencia.

Por otra parte, la vicepresidenta reprocha que el auto impugnado se dictó sin consultar previamente al Parlamento Europeo. En consecuencia, entiende que el TJUE no dispone de los elementos necesarios para determinar si concurre dicho requisito ni para poder proceder, en su caso, a ponderar los mencionados intereses. Esto significa que no puede pronunciarse sobre la demanda de medidas provisionales y que, por consiguiente, el asunto ha de ser devuelto al Tribunal General para que examine de nuevo dicha demanda.

El auto del presidente,

El 1 de julio, el TJUE destacó que los nombres de los dos demandantes no estaban incluidos en la lista remitida por las autoridades españolas y por lo tanto, debía estimarse que no habían sido declarados oficialmente electos.

Además, el auto establecía que correspondía a las autoridades españolas decidir si se les debería haber permitido jurar o prometer el acatamiento a la constitución española sin tener que personarse físicamente en la Junta Electoral Central. Sobre esta cuestión, el presidente del tribunal indicaba que los demandantes ya habían presentado recurso ante un órgano jurisdiccional nacional y que el asunto estaba aún pendiente.

En tercer lugar, el auto también consideraba que “a falta de una declaración oficial por parte de las autoridades españolas… en las que se afirmase que los demandantes eran candidatos electos, no había ninguna base sobre la cual el parlamento pudiese verificar las credenciales de los candidatos”.