Los casos de Sandro Rosell y del ‘procés’ reabren el debate sobre la prisión preventiva
Justicia
Los casi dos años que llevan encarcelados algunos de los líderes independentistas han levantado ampollas en ciertos sectores jurídicos
Sandro Rosell, durante su juicio en la Audiencia Nacional
La prisión provisional es la medida cautelar más severa contemplada en el ordenamiento jurídico ya que afecta al bien más preciado, la libertad. Los casi dos años que llevan encarcelados algunos de los líderes independentistas antes de conocer si son absueltos o condenados han levantado ampollas en ciertos sectores jurídicos, académicos y políticos y han reavivado el debate sobre esta cuestión.
Cuando un juez o un tribunal adopta esta medida hace un análisis de los riesgos y beneficios. En este caso, el Tribunal Supremo ha insistido en que es incuestionable que deben seguir encerrados hasta que se conozca la sentencia.
Esta semana finaliza la vista oral y los abogados defensores de los nueve acusados encarcelados han anunciado que solicitarán de nuevo su puesta en libertad bajo la premisa que ya se ha garantizado su presencia en el juicio.
Son diversos los factores que los jueces tienen en cuenta antes de restringir la libertad de una persona. Se deben dar los requisitos de riesgo de fuga, reiteración delictiva o de destrucción de pruebas.
En el caso de los independentistas, el tribunal sostiene que es evidente el riesgo de fuga dado que otros procesados en esta misma causa se han sustraído de la justicia. Además estiman que no han abandonado las instituciones desde las que habrían orquestado su delito, que es público su interés por continuar con el proyecto independentista y que, de poder, lo harían fuera de las vías legales.
España está a la vanguardia del límite europeo de la prisión preventiva, que puede durar cuatro años
Así lo ven los jueces, quienes tienen grandes dudas de que, si se les brinda la oportunidad, no cojan el mismo camino del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y se marchen del país para evitar una posible pena de prisión, sobre todo si se tiene en cuenta que algunos de los acusados, como Oriol Junqueras, se enfrenta a penas altas, en su caso de 25 años de cárcel.
No obstante, este criterio no es unánime. Diversas fuentes jurídicas explican que a pesar de que Puigdemont y cuatro exconsellers (Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, además de la diputada Marta Rovira) huyeron de la justicia no se puede extender la sospecha sobre los que sí han pasado los últimos meses sentados ante el Tribunal.
Además, recuerdan que existen otras medidas cautelares para el aseguramiento de su presencia, como la retirada del pasaporte, comparecencias en el juzgado y la prohibición de salir del país.
Prueba de ello, sostienen, es que los procesados de esta causa que se encuentran fugados se marcharon antes de que un juez dispusiera medidas sobre ellos. Puigdemont salió de España antes de estar oficialmente investigado. En el caso de Rovira, e incluso de la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, a pesar de estar siendo ya investigadas no pesaba sobre ellas medida cautelar alguna. Y se fueron.
En sentido contrario, a favor del mantenimiento en prisión, pesa la respuesta de Alemania a la euroorden de entrega, que a ojos de la justicia española incumplió todos los convenios de cooperación internacional. La decisión alemana ha sido un coadyuvante para mantener en prisión a los que sí cooperaron con la justicia.
Otro de los factores es la gravedad del delito. El tribunal no pierde de vista que se trata de uno de los supuestos más graves recogidos en el Código Penal. El planteamiento del tribunal está “perfectamente” justificado con la ley en la mano. Así lo ven en el Tribunal Supremo (TS). Sin embargo, los menos amigos de la prisión preventiva lo ven con otros ojos. “Nuestra cultura de la prisión está demasiado hiperventilada”, explica un magistrado.
Luis Bárcenas, Eduardo Zaplana o Jordi Pujol Ferrusola han ido a la cárcel con poca polémica
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es muy estricto con la prisión preventiva. De hecho, España está a la vanguardia del límite europeo, pudiendo privar de libertad a una persona antes de dictar sentencia durante cuatro años. Europa insiste que cuando se dicta una prisión todos los esfuerzos del juez deben ir dirigidos a acabar la instrucción cuanto antes, porque el paso del tiempo va debilitando la justificación de esa prisión preventiva.
Los detractores de la prisión preventiva mantienen que esta medida cautelar debería estar enfocada a situaciones muy particulares, como por ejemplo proteger a la víctima de violencia de género o de agresiones sexuales, o para casos de homicidio o grandes criminales.
Lo que no se puede perder de vista es que mientras esté justificada, esta medida queda al albur del criterio del juez.
Y luego está la opinión pública. El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas; el expresidente
de la Comunidad de Madrid Ignacio González; el expresidente de Valencia Eduardo Zaplana, o Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, entre otros muchos, han pasado largas temporadas en prisión provisional. Y nadie (o casi nadie) se ha quejado. “La sociedad busca que esta gente esté en prisión. Si no, parece que la investigación de la Policía o la Guardia Civil está mal hecha o que el juez tiene algún tipo de interés espurio. De hecho, no fueron pocos quienes criticaron que el yerno del rey Juan Carlos Iñaki Urdangarin no fuera encarcelado hasta que la sentencia fue firme”, se lamenta un magistrado.
El problema es cuando se producen giros tan sorprendentes como en la causa contra el expresidente del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell. Fue encarcelado preventivamente por un delito de blanqueo de capitales más de 640 días. Pero la Audiencia Nacional consideró que había una duda razonable y debía quedar absuelto. Mirando atrás, no fueron pocos los que se preguntaron entonces: ¿estamos abusando de la prisión preventiva?