Dos informáticos han declarado este miércoles que Xavier Vendrell, exconseller de la Generalitat y miembro de ERC, les contactó para que organizaran el voto de los catalanes en el extranjero para el referéndum, durante el juicio del procés. El proyecto no cristalizó. La sesión vespertina ha estado dedicada a la búsqueda del dinero que habría pagado el Govern por campañas publicitarias y webs, si bien un publicista y una diseñadora gráfica señalaron que habían renunciado a los honorarios.
Vicente Nos y Quim Franquesa son dos jóvenes informáticos que han trabajado en campañas de participación ciudadana. El segundo contó que a finales de julio o principios de agosto de 2017 recibió una llamada desde un número oculto de una persona que se identificó como Jordi, y que quería ofrecerle un trabajo.
Malverdación
La sesión de tarde se ha dedicado a la búsqueda del dinero que habría pagado el Govern por campañas publicitarias, webs y aplicaciones
Ambos quedaron en un bar de Sant Joan Despí y luego supo que su interlocutor era, en realidad, Xavier Vendrell, que fue por un breve periodo conseller de Governació de la Generalitat durante el Tripartito y militante de ERC. Lo que le propuso fue desarrollar una aplicación para el voto de catalanes en el exterior en el referéndum del 1 de octubre, cosa que aceptó.
A fin de llevarlo a término contactó con Nos, al que conocía y tenía experiencia en este tipo de trabajos en participación ciudadana. Los dos fueron citados en el Palau de Pedralbes el 16 de agosto de 2017, donde se reunieron con una veintena de personas entre las que reconocieron a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Marta Rovira.
Allí presentaron las grandes líneas del posible encargo. Se les dijeron varias cosas en estos días. Una, que todo estaría amparado por la legalidad, por una ley que la Generalitat iba a aprobar. Otra, que no cobrarían de ningún departamento del Govern, sino de un tercero que nunca supieron que iba a ser. Primero no se habló de cantidad a pagar, aunque luego se fijó el coste en nos 500.000 euros, sin especificar el modo de pago.
Franquesa y Nos también fueron al CTTI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de l’Informació de la Generalitat, cuyos técnicos se mostraron reticentes a desarrollar el proyecto. De hecho, no se determinó ni siquiera dónde se alojaría esta aplicación. Finalmente, ambos informáticos desistieron del encargo, porque no estaba claro ni quién les iba a pagar, ni cuando y ni siquiera si habría posibilidad de cobrar.
Ambos llegaron a presentar el encargo en una reunión en agosto a la que asistieron Puigdemont, Junqueras y Rovira
Tampoco percibieron sus honorarios, según declararon a lo largo de la tarde, ni Teresa Guix ni Ferràn Burriel. La primera es autónoma que diseña páginas webs y que tiene contratos menores con la Generalitat. El departament de Difusió le encargó una página llamada Pacte pel Referéndum, que hizo. Sin embargo, explicó que el resultado final no tenía mucho que ver con lo que entregó. Entregó una factura de algo más de 2.000 euros, pero cuando fue citada por la Guardia Civil y el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona hizo un abono negativo, porque, argumentó, no era una cantidad que justificara tener problemas legales. En la actualidad todavía hace trabajos para la Generalitat.
Un camino similar relató Ferràn Burriel, de la agencia de publicidad Nottingham Comunicación, quien tiene un contrato marco para licitaciones de la Generalitat por 1.600.000 euros. Ellos contrataron una campaña para catalanes en el exterior, que tenía como fin, explicó, cosas como la asistencia sanitaria para los que se registraran. No supo que había advertencias del Tribunal Constitucional en torno al referéndum, aseguró.
La campaña se hizo y emitió una factura de más de 80.000 euros, que no cobraron y que reclamaron, hasta que al final los dieron por perdidos y realizaron un abono negativo. A preguntas del fiscal, detalló que nos los han reclamado judicialmente pero que siguen trabajando con la Generalitat a pesar del impago.
Tampoco cobró Focus Media por la compra de espacios publicitarios para el registro de catalanes en el exterior, por lo cual facturaron 130.000 euros. A una segunda campaña, llamada Civisme, renunciaron, porque los medios les avisaron que no era publicidad institucional, sino política, y se tenía que aplicar otra tarifa cuya diferencia tendrían que asumir ellos, cosa que no quisieron hacer. Esta campaña estaba presupuesta en 2.300.000 euros.
Quien si publicó anuncios del referéndum fue El Punt Avui, según reconoció su director Xavier Xirgo. Ahora bien, fue gratuito, como otras iniciativas sociales, tales como el Gran Recapte o la Fundació Pasqual Maragall contra el Alzehimer.
Ante el tribunal también compareció Núria Llorach, actual presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA), que tenía de testimoniar en relación a unos anuncios. Sin embargo, explicó que está siendo investigada por el juzgado de instrucción 13 por este asunto y se acogía a su derecho a no declarar.