Eulàlia Reguant y Antonio Baños mantienen su intención de no responder a las preguntas de Vox en el juicio al 1-O y el procés en el Tribunal Supremo pese a la amenaza de imputación por un delito de desobediencia grave, que conlleva penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.
Los dos exdiputados de la CUP en el Parlament rechazaron este miércoles por la tarde responder al interrogatorio del partido de ultraderecha, que ejerce de acusación popular y les había citado a declarar. A Reguant también le había solicitado el interrogatorio la defensa de Jordi Cuixart, a cargo de Marina Roig y el exdiputado cupaire Benet Salellas. Ambos se mostraron dispuestos a contestar a las demás partes personadas y a las preguntas de los abogados de los líderes independentistas.
Cuando no han pasado ni 24 horas del incidente en el Supremo, que se saldó con una multa de 2.500 euros para los dos testigos, la “caja de resistencia” de la CUP ha recaudado 25.000 euros para hacer frente a las costes que su acción pueda tener, según ha anunciado la propia organización en un comunicado este jueves a mediodía.
Reguant asegura que aún no han recibido ninguna notificación del Supremo y que no se dan por notificados. La regidora de la CUP en Barcelona sostiene que mantendrá su postura al considerarla un acto de “objeción de conciencia” y señala que ya sabían a lo que se exponían al no contestar a Vox y que “asumen las consecuencias judiciales” que se puedan derivar.
“Nos han dado un plazo de cinco días por los medios de comunicación. No tenemos ninguna notificación y eso forma parte de la lógica de este proceso judicial, en el que todo sale antes en la prensa”, apunta a La Vanguardia. “Esto es una posición política, no necesitamos los cinco días”, ha afirmado Baños en Els Matins de TV3. “Es una decisión política personal”, ha expresado quien fuera jefe de filas de los anticapitalistas y portavoz de Súmate.
Reguant explica que hicieron prevalecer “la ética antifascista”. Baños ha revelado que preguntaron a quien podían perjudicar con su maniobra y asegura que no se trata de una acción “alocada”.
Los líderes soberanistas enjuiciados rechazaron en sus declaraciones responder a Vox, pero a diferencia de los testigos, ellos no tenían la obligación de hacerlo. Este miércoles Salellas ha explicado que si hay un juicio por su negativa podría ser en un año y señalado que “esta situación limita su derecho de defensa” porque a Reguant la habían solicitado ellos, en declaraciones a Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, por su parte, ha expresado su desacuerdo con que Vox formara parte de la acusación y ha hecho público que era una “vergüenza” al tratarse de una formación“de extrema derecha, xenófoba y racista”. El portavoz republicano ha explicado que iba a responder para ayudar a sus compañeros de partido, tal y como le habían solicitado los letrados.