Rull y Bassa alegarán su pacifismo y su voluntad política ante el Supremo

Los siguientes en declarar en el juicio del procés en el Tribunal Supremo son los exconsellers Josep Rull y Dolors Bassa. Ambos están en prisión preventiva desde el mes de marzo, cuando el juez Pablo Llarena les comunicó el auto de procesamiento por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos.

La Fiscalía reclama para ambos 16 años de prisión; la Abogacía del Estado, 11 y medio; y Vox, 74 años. En un principio, ambos responderán a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía, tal y como han hecho el exconseller de Interior Joaquim Forn y el de Presidencia, Jordi Turull. Por ahora, los únicos que llevan una estrategia distinta han sido el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva.

La sesión arrancará con el ex conseller de Territorio y Sostenibilidad. Tras la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía en octubre de 2018, sufrió el mismo camino que el resto de sus compañeros. Desde marzo está en prisión, bajo la misma acusación que Turull, Forn, Romeva y Bassa. Las acusaciones le señalan como el representante de Convergència Democrática de Catalunya (CiU) que formalizó, junto a ERC y las entidades soberanistas Òmnium Cultural y ANC, en marzo de 2015 el “concierto de actuación ilegal mediante el acuerdo de una hoja de ruta respecto del proceso de independencia. De hecho, durante el interrogatorio de Turull éste decidió no entrar a explicar aquellas reuniones lideradas por Rull para que sea éste quien de todos los detalles oportunos.

Impidió atracar el buque

Además, le acusan de haber alardeado de haber impedido atracar un buque para alojar miembros de la Policía en la bahía de Palamós el 21 de septiembre de 2017, que venían para impedir el referéndum del 1 de octubre. 6.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se desplazaron aquellos días para reforzar a los Mossos d’Esquadra en el cumplimiento de la orden judicial de evitar la votación. “La mayor parte de ellos se alojaron en barcos habilitados al efecto, que quedaron atracados en el puerto de Barcelona, ante la imposibilidad de hacerlo en otro puertos. el acusado Josep Rull en su condición de conseller de Territorio prohibió arbitrariamente que un barco con efectivos policiales pudiera atracar en el puerto de Palamós”, sostiene la Fiscalía.

En su escrito de defensa, mantiene que el permiso de este barco fue denegado “simplemente porque no se daban las condiciones necesarias para atracar en el citado puerto”.”Por razones operativas no resultaba técnicamente posible, en plena temporada de cruceros, ya que no había disponibilidad estando los muelles previamente reservados por otras compañías”, apunta.

”Radicalmente pacífico”

Rull ha declarado ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que le llevó por primera vez a prisión como ante el instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena. “Mi compromiso político pasa por una defensa de mis ideales, legítimos, siempre desde una actuación radicalmente pacífica. No puedo entender el ejercicio de la política ni del servicio público que no pase por este compromiso insobornable por la democracia, la libertad y la paz”.

Un mes después, cuando declaró ante Llarena y que le permitió quedaren libertad hasta marzo, Rull partió de la base que la Constitución española “tiene una capacidad amplísima de poder ser interpretada”. Y concluyó que “la voluntad política de una parte del pueblo de Catalunya que podemos representar y que me gustaría volver a representar puede canalizarse a través del marco jurídico político vigente”.

Maestra “cristiana”

La siguiente en declarar será Dolors Bassa, ex consellera de Trabajo y Asuntos Sociales. Se le acusa de permitir el uso de centros públicos para la votación del 1-O. “Los locales y centros públicos fueron destinados, por decisión colegiada y solidaria de todos los miembros del Gobierno, a una finalidad que se había declarado ilegal en numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional y en la actuaciones judiciales seguidas en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya”, recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, el 29 de septiembre de 2017, Bassa retiró a los funcionarios de Trabajo, de cuyo departamento era titular, la competencia sobre los centros de votación; desarrolló una base de voluntarios para participar en la celebración del 1-O; animó y alentó la participación y la movilización social; e invitó a los trabajadores de la Generalitat a participar en la huelga del 3-O, dando instrucciones a los sindicatos para que informasen a sus afiliados que todos aquellos que estuviesen desempeñando su jornada laboral tuviesen tiempo necesario para ejercer su derecho al voto el 1-O.

DUI sin efecto

A través de su defensa, Bassa ha rechazado en todo momento que el uso de los centros supongan un delito de rebelión y defiende que la declaración de independencia de Catalunya “no tuvo ningún efecto”.

En sus declaraciones en sede judicial, siempre ha mantenido su pacifismo. “Soy maestra de la escuela cristina, de una escuela concertada, y mis principios son contrarios a cualquier forma de violencia. No he participado, ni he promovido. Sí he hablado de pacifismo y tranquilidad en todos los sitios”, sostuvo ante la juez Carmen Lamela en su declaración el 2 de noviembre de 2017.

Ante Llarena, con un discurso algo más político, reconoció que le costaba asumir “ideológicamente” el artículo 155. Sin embargo, declaró que lo acataba y admitió que estaba cesada y que no le correspondía por lo tanto el aforo.