El Supremo juzgará a los líderes del 1-O pero traslada a Catalunya el juicio a seis acusados por desobediencia

El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves por unanimidad su competencia para enjuiciar los delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos en la causa del “procés” y remite al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la parte que afecta a los seis procesados a los que el Fiscal sólo acusaba de desobediencia.

De este modo, la Sala Penal enjuiciará a los acusados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquin Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Dolores Bassa, Carme Forcadell, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila. Estima, sin embargo, la declinatoria de jurisdicción planteada por las representaciones legales de los procesados Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet Santacana, Joan Josep Nuet, y Mireia Aran Boya, a quienes se les acusa de un delito de desobediencia.

Pese a la rebaja en el número de acusados que enjuiciará el TS, el alto tribunal ha mantenido su postura inicial de que sí es competente para enjuiciar este asunto porque hay miembros aforados y el delito sobrepasa las fronteras de Catalunya, al haber afectado a todo el territorio nacional. Considera que los efectos de pretender declarar unilateralmente la independencia de Catalunya se han excedido de la comunidad autónoma.

Una vez superado este trámite, ahora las defensas tendrán diez días para presentar sus escritos en los que se solicitará la libre absolución de los acusados al entender que organizar el referéndum del 1 de octubre forma parte del derecho al voto y de sus derechos políticos.

Sus escritos son tendentes a rebatir los escritos de acusación presentados por la Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular, en los que se pide para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de acusados altas penas de prisión por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y en algunos casos desobediencia.

A partir de ese momento, el tribunal, compuesto por siete magistrados, decidirá la prueba que admite para el juicio y fijará el señalamiento de las declaraciones tanto de los acusados como de los testigos y peritos, además de la amplia prueba documental que se visionará en el juicio.

Por ahora se espera que a finales de enero o principios de febrero comience el juicio. Para entonces, Instituciones Penitenciarias tendrá que organizar la vuelta de los acusados a prisiones madrileñas dado que los acusados deben estar próximos al lugar de la celebración del juicio para estar presentes en la vista.