El juicio por el caso de los ERE en Andalucía llega a su final un año después

El juicio por el caso de los ERE de Andalucía llega a su final justo un año después del inicio de la vista oral en la Audiencia de Sevilla. Durante este tiempo, dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 19 ex altos cargos andaluces –uno fue desimputado durante el juicio– se han sentado en el banquillo por urdir un sistema “opaco e ilegal” para repartir 847 millones de euros durante una década a trabajadores de empresas en crisis, mediante un procedimiento cuya legalidad debe sustanciar la sala. la sentencia no se conocerá antes del verano. La macrocausa de los ERE no termina aquí y se mantendrá viva en otros 270 juicios, uno por cada ayuda presuntamente irregular, que se celebrarán en los ­próximos años.

La línea de defensa de un juicio tan técnico y complicado se ha basado, de manera esencial, en el desconocimiento de lo que estaba sucediendo.

Tanto Chaves como Griñán y el resto de los acusados lo han alegado. “Nunca conocí, nunca me reuní, nunca negocié, nunca vi, nunca actué y ningún miembro del Consejo de Gobierno pudo conocer”, señaló Griñán a lo largo de las siete horas que duró su interrogatorio. La otra línea de defensa ha sido señalar que las partidas presuntamente ilegales eran aprobadas año tras año por el Parlamento en los presupuestos de la comunidad. Por tanto, la pregunta sale sola: ¿es posible que sea ilegal una ley emitida por el Parlamento?

A pesar de la catarata de testimonios de la defensa, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la petición de condena para Griñán de seis años de prisión y para Chaves de 10 de inhabilitación. Considera que los ex altos cargos enjuiciados “no quisieron ver más”, pese a la información de que disponían al respecto del riesgo de menoscabo de los fondos públicos. Por su parte, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ratificaron que las transferencias de financiación para pagar los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía se efectuaron “indebida e ilegalmente”.