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La Audiencia de Barcelona juzga “un exceso” la actuación de la Guardia Civil en un colegio en el 1-O

Auto provisional

Los magistrados de la Sección Quinta entienden que era innecesario el uso de golpes de porra para desalojar un instituto de Sant Joan de Vilatorrada

Imagen de la fachada donde tuvieron lugar los hechos

ACN

Un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona considera que la actuación de la Guardia Civil para impedir la votación del 1-O en un instituto de la localidad de Sant Joan de Vilatorrada fue excesiva y desproporcionada. Así lo mantienen dos de los tres jueces que han firmado el auto, ya que una magistrada ha emitido un voto particular criticando precisamente que se valore la actuación policial.

El auto de la sección quinta de la Audiencia, que admite unas diligencias de la Fiscalía en una causa abierta en el juzgado número 2 de Manresa, reconoce que “era necesario el empleo de la fuerza” para entrar en el edificio” pero añade que no considera que fuera “necesario golpear con porras y defensas de forma inopinada y sorpresiva” a los que trataron de impedir la entrada de los agentes.

El texto, que subraya varias veces su carácter provisional, añade que “se hubiera podido conseguir el mismo resultado –el de entrar en el edificio–, sacando a los congregados por la fuerza”, es decir, “agarrándolos y arrastrándolos”. Por todo ello, concluye que se produjo “un exceso” en la actuación policial” con “causa de lesiones que seguramente no se hubieran producido de actuar de otra forma”.

Igualmente mantiene que hubo “excesos policiales en algunos casos concretos”, en referencia al “uso de porras o defensas golpeando a ciudadanos también sin mediar agresión física previa, y sin finalidad aparente”. Aunque el auto no señala directamente que los agentes debían haber permitido las votaciones, sí que apunta que no se actuó de forma “proporcional”.

Por ello, sugiere que los mandos policiales deberían “haber valorado que, para lograr su objetivo, era altamente probable lesionar” a las personas congregadas, además “con un posible deterioro de la imagen de las instituciones”. En aquellos hechos del Instituto Quercus de Sant Joan, la Guardia Civil lesionó a 14 personas en su actuación.

Asimismo, los jueces valoran que, aunque impedir que se siguiera votando suponía cumplir las órdenes judiciales, “de continuar” la votación “no hubiera tenido las consecuencias judiciales pretendidas por los organizadores”. “Nótese que en otros lugares de Catalunya no hubieron actuaciones policiales, las votaciones se realizaron, y se suministraron resultados, sin consecuencia jurídica alguna”, concluye.