La Fiscalía pide 25 años de prisión para Junqueras por la causa del 1-O
Crisis catalana
El Ministerio Público solicita 17 años para los Jordis y Forcadell, 16 para los ex consellers, y 11 para Trapero
Catalunya, Junqueras y la acusación de la Fiscalía contra los responsables del ‘procés’, en directo
Oriol Junqueras
Un total de 25 años de cárcel es la pena a la que se va a enfrentar el ex vicepresidente de la Generalitat y presidente de ERC, Oriol Junqueras, por el proceso independentista que se culminó el 27 de octubre de 2017 con una declaración unilateral de independencia. Ésta es la petición de la Fiscalía según el escrito de acusación presentado este viernes ante el Tribunal Supremo.
Junto a Junqueras, el Ministerio Público también acusa a varios exconsellers, como Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva o Dolors Bassa, así como al ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Para los primeros, solicita una pena de 16 años de cárcel por rebelión, y para los dos activistas la pena solicitada se eleva a los 17 de años de cárcel. La misma acusación, 17 años, recae para la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Todos ellos están en prisión preventiva y dadas las altas penas a las que se enfrentan su situación personal no se va a modificar hasta que se celebre el juicio, aún sin fecha.
Además de los presos, otras nueves personas están procesadas por los mismos hechos. En el caso de los ex consellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, la Fiscalía solicita 7 años de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave, además de una multa. Finalmente, para la diputada de la CUP, Mireia Boya, y los ex miembros de la Mesa del Parlament procesados, el Ministerio Público solicita una sanción económica, también por desobediencia.
En el caso que se ha instruido en la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha solicitado 11 años de prisión para el ex Major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, también por un presunto delito de rebelión. Por lo tanto, el Ministerio Público ha optado por mantener su posición inicial de considerar que en Catalunya se incitó a la violencia en los días previos al referéndum de 1 de octubre así como en días posteriores.
Además del delito de rebelión, la Fiscalía también les acusa del de malversación de caudales públicos, por haber autorizado gastos desde el Govern para organizar el 1-O a pesar de que hubiera sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
Para la Fiscalía, los acusados desarrollaron una estrategia planificada a fin de conseguir la independencia de Catalunya como nuevo Estado con forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo, y el social,
“La actuación de los acusados pretendía orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquella, para conseguir como objetivo último –con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado– declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional”, sostiene el Ministerio Público.
Violencia para su plan criminal
Según el escrito conocido este viernes, el plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- “la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones -como así sucedió-”.
Para el Ministerio Público, el cuerpo policial autonómico, dirigido por Josep Lluis Trapero -para quien solicita 11 años de prisión también por rebelión- “podría llegar a proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”.
El papel de la Mesa del Parlament
La Fiscalía considera que el desafío independentista se desarrolló desde el ámbito parlamentario, del Govern y de las asociaciones. El papel de la Mesa del Parlament para lograr el desafío independentista fue, a los ojos de los fiscales, esencial. “Los acusados miembros de la Mesa, aun siendo plenamente conscientes de que incumplían su deber de inadmitir y paralizar aquellas actuaciones contrarias al orden constitucional, y a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos que les formuló el Tribunal Constitucional para que se abstuvieran de tramitar iniciativas de esa índole, y desoyendo las resoluciones dictadas por aquel, votaron sistemáticamente a favor de la admisión”, recoge el escrito de conclusiones provisionales.
A su juicio, con esta maniobra permitieron que se tramitaran las resoluciones parlamentarias y las normas legales, “todas ellas tendentes a crear el marco legal que sustentara la construcción de la república catalana, a sabiendas de que eran abiertamente inconstitucionales, de manera que dieran aparente cobertura jurídica al proceso de independencia diseñado y querido por todos los acusados.
Actuación del Govern
Paralelamente, según la Fiscalía, los acusados miembros del Govern, “en ejecución del plan acordado y conscientes de la notaria ilegalidad de su proceder, adoptaron las decisiones ejecutivas necesarias para garantizar la realización del referéndum y favorecer de esta manera la consecuencia de la independencia mediante la creación de un nuevo Estado”.
Además, en los días previos al 1-O varios acusados, como Junqueras, Turull, Romeva, Forn, Bassa, Forcadell, Sànchez y Cuixart, “plenamente conscientes” de la ilicitud del proceso de secesión que venían impulsando, de la patente ilegalidad de la iniciativas adoptadas, y de la “altísima probabilidad” de que se produjeran incidentes violentos, como los que habían sucedido el 20 de septiembre ante la Conselleria de Economia, hicieron reiterados y continuos llamamientos públicos -a través de medios de comunicación, redes sociales y concentraciones públicas- “a la movilización de la ciudadanía para que acudieran a votar, para proteger los centros de votación y evitar que las fuerzas del orden público cumplieran con su misión de cerrar los centros e incautar el material electoral”.
Las peticiones de penas de la Fiscalía para los procesados por el 1-O