Primero fue el cuestionamiento de la prolongación de la prisión provisional para los líderes independentistas encarcelados, estrategia en la que se pronunciaron, con el asentimiento de Pedro Sánchez, desde la vicepresidenta Carmen Calvo hasta los ministros Meritxell Batet y Josep Borrell o la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera. Y ahora es el propio presidente del Gobierno quien sumó, el pasado miércoles desde el Congreso, el cuestionamiento de que al proceso independentista que culminó hace un año con el 1-O y una fugaz declaración unilateral de independencia en el Parlament se le pueda aplicar el delito de rebelión. Una tesis que ayer apuntaló de nuevo Calvo, y que puede prefigurar la acusación que finalmente emita la semana que viene la Abogacía del Estado.
Para que el proceso independentista se pudiera equiparar a un golpe de Estado, que es “básicamente” a lo que se refiere el delito de rebelión, “falta un arma”, aseguró ayer la vicepresidenta del Gobierno en una entrevista en Onda Cero. “Lo que podemos llamar golpe de Estado requiere de unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectados con las armas. Aquí, y en la legislación alemana, de la que ya dio también prueba el Tribunal de Schleswig-Holstein”, dijo Calvo, en referencia al tribunal alemán que rechazó la rebelión en el caso de la petición de extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El Gobierno prefigura con su posición la calificación final de la Abogacía del Estado
“Hay que adecuar las normas, y no sólo en estos delitos que son muy graves, a las situaciones con las que en estos momentos nos movemos. No sólo por los acontecimientos que vivimos en Catalunya, sino porque hay algunos tipos que ya no se adecúan”, aseguró, confirmando el interés del Gobierno por una modificación del Código Penal para redefinir el delito de rebelión, como ya defendió Sánchez cuando estaba en la oposición.
“Nosotros como Gobierno no calificamos, faltaría más, pero sí que es verdad que para hablar de golpe de Estado, para hablar en ese sentido de delito máximo, tenemos que hablar de unos instrumentos de fuerza. Un golpe de Estado requiere fuerza, y unos instrumentos de fuerza coercitivos”, insistió. La vicepresidenta advirtió, en todo caso, que la Abogacía del Estado no ha calificado los delitos por ahora, por lo que si en lugar de acusar de rebelión finalmente se decanta por la sedición, no estaría rebajando y cambiando su criterio. “Como no ha habido calificaciones provisionales, no va a haber ningún cambio ni en una dirección ni en otra”, reiteró.
Este gesto del Gobierno, al rechazar el delito de rebelión en el proceso independentista, pretendería vencer las resistencias de ERC y el PDECat para sentarse a negociar la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado. Otra cosa es que sea suficiente. Y el problema es que Sánchez se mueve en un terreno muy peligroso y resbaladizo, pues algunos ministros ya alertan de que sería “muy contraproducente” que el Gobierno se posicionara públicamente a favor de una rebaja de las acusaciones en el proceso judicial contra los líderes independentistas. “No hay nada peor que enfadar a un juez o tratar de enmendarle la plana”, advierte uno de ellos.
La Moncloa mantiene la voluntad de adecuar el delito al “momento en que nos movemos”
Todos estos pronunciamientos, sin embargo, siguen de momento sin satisfacer al Govern de la Generalitat, que respecto a la negociación de los presupuestos mantiene una estrategia coordinada con los partidos que lo integra, precisamente ERC y el PDECat. El Gabinete de Quim Torra valora, en este sentido, las últimas palabras de los miembros del Gobierno español, pero entiende que son insuficientes. “No basta con insinuaciones o sugerencias, hacen falta hechos y no palabras”, recordaba ayer a La Vanguardia una fuente del Govern, que continúa a la espera de que Sánchez pase a la acción para poder considerar que su voluntad de “resolver políticamente un conflicto que es político” es real.
En esta dirección, la propia portavoz del Govern, Elsa Artadi, ya advertía en la rueda de prensa del pasado martes que lo que se espera del Gobierno del PSOE “no son gestos, sino actuaciones concretas en el ámbito de la represión –en referencia a los presos– y en el de una propuesta política”. El Ejecutivo de Torra se mantiene inflexible en su posición –“es el Gobierno español el que tiene que concretar qué quiere hacer”, remachaba Artadi–, a la espera de acciones específicas más allá de las palabras, que podrían articularse efectivamente a través de la Abogacía del Estado. Una opción esta que en medios de ERC y PDECat se ha puesto sobre la mesa, en algún caso incluso públicamente, cuando menos como uno de los elementos que podría contribuir a desbloquear la situación.
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