Los grupos parlamentarios del PSOE, Unidos Podemos, Compromís y ERC registraron ayer en el Congreso de los Diputados la propuesta de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que elimina el poder de veto que el PP había reservado al Senado (donde goza de una holgada mayoría merced al sistema de circunscripciones) para la aprobación del objetivo de déficit. Ni el techo de gasto ni un proyecto de presupuestos generales del Estado serán remitidos a las Cortes en tanto esta reforma esté aprobada.
A pesar de anunciar su disposición a apoyarla, la proposición de ley no cuenta con la firma del PDECat, que habría preferido la fórmula del decreto ley, explicaba ayer su portavoz, Carles Campuzano, si bien su grupo está de acuerdo con la reforma de este artículo. PDECat, como Unidos Podemos, Compromís y ERC, también espera oír del Gobierno cómo se plasmará su compromiso para relajar la regla de gasto que se aplica a los ayuntamientos, limitando sus inversiones aun teniendo superávit. El calendario electoral es determinante para todas las formaciones políticas. Y el movimiento de Compromís y ERC sumándose su firma a la de los padres del acuerdo (Gobierno y Podemos) también supone que ambas formaciones se colocan en posición de salida ante la negociación de presupuestos.
El PDECat expresa sus reservas al pacto para eludir el bloqueo de los populares a un aumento del gasto
La única modificación que incluye la reforma registrada ayer afecta al apartado 6 del artículo 15, en el que anteriormente se exigía que el techo de gasto debería ser aprobado por el Congreso y por el Senado. Ninguna otra ley ordinaria se tramita mediante este peculiar procedimiento. De común, lo que vota el Senado, si modifica algún aspecto de lo que haya remitido el Congreso debe regresar para una nueva votación en la cámara baja. Y así será para la senda de déficit: “Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple”. En consonancia con el procedimiento ordinario legislativo español, la nueva redacción añade que la última palabra será del Congreso, como ocurre con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Como el resto de leyes ordinarias.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, recordaba ayer, tras el consejo de ministros, que la situación actual, en la que el Senado se reservaba la última palabra para el techo de gasto, ya fue desaconsejada por el Consejo de Estado cuando el PP modificó en el 2012 la ley de Estabilidad Presupuestaria del 2007, y que en este sentido la reforma propuesta por Podemos, pactada con el Gobierno el pasado martes y registrada ayer en el Congreso, solo restituye la situación legislativa natural.
La tramitación será con carácter urgente, es decir, en lectura única, pero aún así, retrasará varias semanas la aprobación del techo de gasto y la consecuente negociación de los presupuestos del 2019. Preguntada ayer sobre si el Gobierno renunciaba a presentar su proyecto de cuentas antes del 30 de septiembre, como establece la ley, Calvo asintió. Explicó que el ejecutivo antepone al cumplimiento de los plazos de presentación de techo de gato y presupuestos –que por otra parte no se han cumplido en los últimos tres ejercicios– la necesidad de contar con unos presupuestos que incorporen los cinco puntos más de gasto que el Gobierno ha pactado con Bruselas (del 1, 3% al 1,8% de objetivo de déficit) y que repercutirán en los Servicios Sociales y la financiación de las comunidades autónomas. El diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro, tras el registro de la propuesta de reforma, subrayaba que aprobarla permite pensar en unos presupuesto más expansivos y “nos acerca a un proyecto progresista de país”.
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