¿Para qué sirve una comisión de investigación?
Situaciones vividas durante la comisión del caso Pujol abren el debate de repensar aspectos del formato o incluso a nivel legislativo
Expertos coinciden en valorar la eficacia de una comisión en función de si contribuye al debate público y responsabilizan a los políticos de que se las convierta en espectáculo
Marta Ferrusola, la mujer del expresident de la Generalitat Jordi Pujol, ante la comisión del Parlament que investiga el fraude fiscal de la familia Pujol
Pocos son los que estos días defienden una comisión de investigación. El devenir de la del caso Pujol no ha ayudado para nada a prestigiar un mecanismo cuya eficacia o utilidad siempre se encuentra en entredicho. Sin embargo, sobre el papel se trata de un instrumento de control democrático de primera magnitud, hasta el punto de que todas las constituciones modernas lo recogen en su articulado. Entonces, al contrario de lo pensado mayoritariamente, sí sirven para algo. Pero, ¿para qué?
Los expertos recuerdan que la eficacia de una comisión de estas características no puede medirse en función de si se descubre o no una verdad irrefutable. Y es que, en tanto que máximo órgano de la representación de la pluralidad social, un Parlamento sólo aspira –y ya es algo- a exponer ante la opinión pública las distintas versiones de unos mismos hechos. "En una comisión, más que el resultado final, porque en ella no se puede condenar a nadie, lo importante es precisamente que se hable de ese tema", subraya Ignacio Torres Muro, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Así pues, una comisión de investigación solo evalúa responsabilidades políticas, dejando para los tribunales juzgar las penales. Desde este punto de vista, solo habrá valido la pena una comisión si ha contribuido al debate público. "Aunque no se tome ninguna medida, la eficacia del control parlamentario radica en el conocimiento de la opinión pública a través de los medios. Si se airean los escándalos, eso tiene una eficacia diferida muy importante: impactará en las siguientes elecciones", indica el profesor Javier García Roca, director del instituto de Derecho Parlamentario también de la Complutense.
Desde este punto de vista, una de las grandes críticas que se hacen a estas comisiones, el hecho de convertirse en un show mediático, parece ser un gaje del oficio. Los especialistas se debaten entre verlo simplemente como un mal menor o reclamar a los grupos políticos más rigor y evitar centrarse en cuestiones superfluas, quizás más morbosas de cara a la galería, pero nada concluyentes a la hora de dirimir responsabilidades. Para Torres Muro, hablar de espectáculo no es más que "una forma muy crítica de describir la propia realidad de una comisión", por lo que pide "no rasgarse excesivamente las vestiduras". "En la medida en que el parlamentarismo se hace más para los medios, se impone una teatralización. Es inevitable", recuerda García Roca. También se alerta de que excesivas críticas a las comisiones por su condición de mediáticas pueden tener como objetivo su propia deslegitimación para esconder hechos controvertidos.
Soluciones para evitar el espectáculo
Otra cosa es que, en el marco de este show, las comisiones se llenen de datos irrelevantes o de asuntos íntimos que no ayudan a esclarecer los hechos y que solo contribuyen a más confusión. Aquí es dónde los expertos responsabilizan a los políticos de hacer un mal uso del instrumento y apuntan a algunas soluciones con el objetivo de "repensar estas comisiones". Para el catedrático de Derecho Constitucional de la UB, Xavier Arbós, habría que debatir la necesidad de incluir expertos en distintas áreas que puedan asesorar a los parlamentarios.
Arbós cree además que experiencias como las de la comisión del fraude deben servir para replantear aspectos que pueden parecer menos relevantes como la escenografía. "No parece razonable que el compareciente se siente a la misma altura que el presidente de la comisión y por encima de los diputados", subraya Arbós, que recuerda el formato estadounidense -más parecido al de un tribunal- e invita al Parlament a explorar otros modelos.
Hay consenso en que lo primero debería ser siempre concretar bien el objeto de investigación. "Hay que concentrar el tiro, sino se cae en abrir una causa general, que puede responder a error técnico o político, pero también a una voluntad política", mantiene Torres Muro, que añade que "no parece razonable tratar de investigar en un marco así toda la corrupción de los últimos veinte años".
En manos del Gobierno de turno
Los juristas también señalan uno de los grandes déficits del reglamento español sobre la comisión de investigación. "Las debería crear la minoría –exige García Roca- porque es la que tiene interés en controlar al Gobierno. Por eso, en España o no se crean o se crean tarde y mal". Recordando casos como los de la legislación alemana o griega, Torres Muro tiene una opinión similar: "En España, es una herramienta que solo se establece cuando el escándalo es mayúsculo". "No puede ser que la mayoría lo controle todo porque entonces, no se controla nada", remata García Roca.
La compatibilidad con el proceso judicial, a debate
Otro de los debates sobre la mesa entre constitucionalistas es el de la compatibilidad entre un proceso penal y una comisión parlamentaria. Para la mayoría de ellos, una vez están claros los límites de cada marco, no debería haber problema porque además los imputados ya saben a qué se exponen. "Son cosas que más que resolverse de forma dogmática, hay que apelar a la colaboración entre las partes", subraya Torres Muro, que admite que muchos magistrados preferirían vetar las comparecencias de personas encausadas.
Aunque sin discutir esta compatibilidad, el profesor Arbós llama a debatir en profundidad sobre la necesidad de citar a personas imputadas en casos judiciales. En su opinión, los parlamentarios deberían plantearse –contando con asesores técnicos- la utilidad de cada citación y ser conscientes de sus limitaciones.
Pero Torres Muro alerta ante "caer en recortar una función fundamental del Parlamento" por lo que apela simplemente al "autocontrol" de las comisiones y de sus miembros. Esta colaboración ya existe. Los jueces ofician a la comisión para que les facilite sus progresos y, en última instancia, toda la información de la misma se pone a disposición de la Fiscalía por si halla hechos delictivos.
Maria Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, durante su declaración en el Parlament de Catalunya
Sin consenso sobre la obligatoriedad de comparecer en parlamentos autonómicos
Hasta el momento ningún miembro de la administración del Estado ha pasado por la comisión del fraude. Los ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, el jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, y los directores de la Policía y el CNI, entre otros, han sido citados por el Parlament pero todos sin excepción han declinado la ‘invitación’ de la cámara catalana. ¿Motivo? En base a un dictamen del Consejo de Estado, alegan que deben responder sobre asuntos que competan a la administración del Estado y el lugar para hacerlo es el Congreso.
Pero los expertos no lo ven así. Evitar comparecer podría constituir un delito de desobediencia según el Código Penal, que además no hace distinciones según parlamentos, recuerdan. "No se les cita para rendir cuentas, sino por si pueden aportar información relevante para la investigación. Es evidente que un ministro puede saber cosas que afecten a hechos acontecidos en el marco de un gobierno autonómico y no debería haber problema por comparecer en otro parlamento", afirma Torres Muro.