Barcelona. (EUROPA PRESS).- La alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, ha declarado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la presunta colocación a dedo de la excargo del tripartito Carmina Llumà como directora del Área Territorial y ha negado haber recibido presiones para escogerla ya que era su candidata preferida.
Según han explicado fuentes judiciales, ha asegurado que Carmina Llumà era la candidata más adecuada para el puesto por sus conocimientos en urbanismo ya que fue secretaria general de Política Territorial del tripartito, y que nadie la presionó para tomar esta decisión.
Ha negado haber hablado o recibido llamadas del exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos ni su hermano y concejal, Francisco Bustos, aunque sí ha admitido haber hablado del proceso de selección del puesto con el exsecretario de organización del PSC y diputado del Parlament Daniel Fernández.
Lo hizo en dos ocasiones: una primera para informarle de que estaba buscando a una jurista de urbanismo que debería abordar las problemáticas urbanísticas heredadas en el municipio, y una segunda vez para explicarle que su candidata preferida era Llumà.
Sobre la conversación entre Fernández y Manuel Bustos en que el primero asegura haber dicho a la alcaldesa que al 'No apta' le quiten el 'No', ella ha asegurado al juez que desconoce esta conversación y no puede pronunciarse sobre ella pero que, en cualquier caso, Fernández no la presionó. Pérez ha declarado hora y media la tarde de este viernes ante el juez del TSJC Joan Manel Abril -que investiga si hubo tráfico de influencias en este proceso de selección-, y a la salida sólo ha contestado, a preguntas de los periodistas, que la declaración ha ido "muy bien", mientras se iba escoltada por un séquito de amigos y concejales que han dificultado que la fotografiaran.
La psicóloga responsable del informe de evaluación de Llumà, que ha declarado como testigo, ha relatado al juez que, tras emitir un primer dictamen declarándola 'no apta', mantuvo una reunión en el consistorio a la que asistieron la alcaldesa; el concejal de Urbanismo, Juan Parra; la de Seguridad Ciudadana, Informática, Recursos Humanos, Transportes y Movilidad, Carmen Porro, y el director de Recursos Humanos, Pedro Sarrión.
Fuentes judiciales han explicado que en esa reunión -inhabitual en estos procedimientos y que se produjo tras las conversaciones sospechosas entre Bustos y Fernández de mayo de 2012-, la evaluadora recibió presiones, por lo que ahora la Fiscalía estudia pedir la citación ante el juez de los concejales.