* La autora forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia
El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó recientemente el dictamen de la reforma constitucional que permite la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, no obstante, este deberá ser ratificado en una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria.
Ahora bien, se intenta revertir una medida que fue prohibida en el año 2015, mediante la promulgación de la Ley Nº 30305, con la esperanza de frenar la corrupción y promover la alternancia en el poder.
Sin embargo, los últimos años han demostrado que esta prohibición no ha sido suficiente para detener el avance de la corrupción. Según la Procuraduría General del Estado (2022), en su informe temático, determinan que la cantidad de procesos contra autoridades locales y regionales desde el año 2018 al 2022 ha aumentado en un 86.86 %, lo que indica que las raíces del problema son más profundas y complejas de lo que se pensaba.
Vale decir, la prohibición de la reelección inmediata fue implementada con la idea de impedir que los funcionarios se perpetúen en el poder y utilicen sus posiciones para crear redes de clientelismo y corrupción. Empero, la alarmante tasa de aumento de la corrupción establece que este objetivo no se ha alcanzado.
Por lo que, la corrupción sigue siendo un problema endémico en todos los niveles de gobierno, lo que nos lleva a cuestionar si los dispositivos legales enfocados únicamente en limitar la duración en el cargo son suficientes para combatir este flagelo.
En realidad, el problema radica en que las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar la corrupción a menudo no son lo suficientemente fuertes o independientes. Sin un sistema judicial robusto y sin mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, la corrupción puede florecer independientemente de las limitaciones en la reelección.
En este contexto, la propuesta de permitir nuevamente la reelección inmediata podría interpretarse como una oportunidad para que los gobernadores y alcaldes demuestren su capacidad de gestión y su compromiso con el desarrollo local (voluntad política), siempre y cuando se implemente junto con medidas estrictas de supervisión y transparencia. De todas formas, esto también implica un gran reto y responsabilidad para la ciudadanía.
Y es que el verdadero poder en una democracia reside en el pueblo. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de elegir a sus gobernantes y, por ende, de evaluar sus desempeños y tomar decisiones informadas en las urnas.
Los ciudadanos tienen la responsabilidad de elegir a sus gobernantes y, por ende, de evaluar sus desempeños
Es por eso que la reelección inmediata no debe verse como un cheque en blanco para los actuales mandatarios, sino como un voto de confianza que puede ser retirado si no cumplen con las expectativas de buen gobierno y transparencia.
En virtud de ello, es fundamental que los peruanos se involucren activamente en el proceso democrático, informándose sobre las propuestas y antecedentes de los candidatos, y participando en la fiscalización de sus gestiones, ya que una ciudadanía bien informada y activa es el mejor antídoto contra la corrupción.
Asimismo, los votantes deben ejercer su derecho con responsabilidad, castigando a los corruptos al no elegirlos en las próximas elecciones y premiando a quienes demuestren integridad y eficiencia en la gestión pública.
Además, los medios de comunicación y la sociedad civil tienen un rol crucial en esta tarea. La prensa libre y los organismos de control ciudadanos deben continuar su labor de investigación y denuncia, proporcionando a los ciudadanos la información necesaria para tomar decisiones informadas.
Entonces, permitir la reelección inmediata puede ser una medida que, si bien controversial, abre un espacio para la evaluación crítica y continua de nuestros líderes locales y regionales.
Permitir la reelección inmediata abre un espacio para la evaluación crítica
Aun así, de aprobarse esta medida en una segunda votación, no debe convertirse en un instrumento para la perpetuación de la corrupción, es esencial fortalecer las instituciones de control y fomentar una cultura de transparencia y participación ciudadana activa.
Finalmente, la reelección inmediata más que una solución o un problema, es una oportunidad para que el pueblo peruano asuma su rol protagónico en la construcción de un país más justo y libre de corrupción. La responsabilidad última recae en los ciudadanos, quienes tienen en sus manos la capacidad de elegir a sus gobernantes y de exigirles rendición de cuentas.
Por lo tanto, no debemos olvidar que la lucha contra la corrupción es un esfuerzo colectivo, y comienza con el compromiso de cada uno de nosotros de participar activamente en nuestra democracia.
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