Examen a las Pensiones de Gracia en Chile
Lectores Corresponsales
La reparación no debe depender de la valía moral de la víctima, sino del hecho que sufrió un daño injusto
Un policía detiene a un manifestante durante una protesta por la autonomía y resistencia del pueblo mapuche, en Santiago (Chile).
* El autor forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia
Las Pensiones concedidas por Gracia se erigen como un elemento de particular importancia, remontándose a 1836, un periodo donde las legislaciones sobre pensiones de montepíos para militares comenzaban a dar forma a las políticas sociales del país.
Estas pensiones, inicialmente dirigidas a viudas, hijos, nietas y hermanas de autoridades civiles y militares, así como a familiares de quienes perecieron en batallas o incidentes causados por incendios, se convirtieron con el tiempo en un mecanismo que suscitó cambios significativos.
En estos días, ha surgido un debate significativo en relación con las Pensiones de Gracia, específicamente en cuanto a la asignación de estas pensiones a personas con antecedentes penales en el contexto del estallido social chileno.
Este tema ha ganado atención adicional tras la divulgación de un informe detallado por parte de la Contraloría, el cual ha señalado irregularidades en el proceso de concesión de estas pensiones. La presentación de estos hallazgos ha suscitado cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad en el sistema de otorgamiento de beneficios sociales, generando una discusión pública sobre la necesidad de abordar estas preocupaciones de manera justa y eficaz.
En un Estado de derecho, la justicia y la equidad deben ser las piedras angulares que guíen nuestras decisiones y políticas. Reflexionando sobre la relación entre el Estado y aquellos ciudadanos que han sido injustamente lesionados por sus agentes, surge una cuestión crucial: la reparación a las víctimas.
Fuerzas Especiales de Carabineros detienen a manifestantes durante una protesta convocada por organizaciones estudiantiles en 2021.
Es innegable que, cuando el Estado, en representación de sus agentes, infringe daño injusto a un individuo, la justicia demanda una compensación. Este principio fundamental de la justicia occidental defiende que la reparación no debe depender de la valía moral de la víctima, sino de la simple premisa de que sufrió un daño injusto.
Resulta, por tanto, inaceptable condicionar la reparación a la ausencia de antecedentes penales de la víctima. Este enfoque, aparte de ser injusto, se torna inhumano y perpetúa un error sistemático. La revocación de pensiones alegando la existencia de antecedentes penales parece ser una respuesta impulsada por la creciente aversión hacia la delincuencia, entendible pero no justificable.
En nuestra tradición occidental, se establece claramente el principio de que las víctimas merecen reparación, especialmente cuando el perpetrador es el propio Estado. No deberíamos cuestionar la moralidad de la víctima; en cambio, deberíamos centrarnos en cómo aliviar su sufrimiento y compensar la injusticia que ha sufrido.
En nuestra tradición occidental, se establece claramente el principio de que las víctimas merecen reparación
Por supuesto, la discusión sobre la forma y el alcance de la reparación es válida. La gravedad y la duración de las lesiones deben ser consideradas al determinar el tipo y la cantidad de compensación. Una pérdida permanente, como la de un ojo, merece una reparación de por vida. Por otro lado, lesiones temporales podrían justificar una compensación única o anual.
Adentrándonos en el complejo terreno de las revocaciones de beneficios, nos encontramos ante un escenario que demanda un análisis meticuloso.
La posibilidad de despojar a un individuo de un beneficio, basándonos únicamente en su historial penal, plantea un desafío considerable, donde las sutilezas legales se entrelazan con cuestiones éticas.
Carabineros arrestan a un hombre durante una protesta en contra del Gobiern.
Es esencial recalcar que la legislación—Ley 18.056 Del Ministerio del Interior— que rige estas pensiones no establece explícitamente la relevancia de antecedentes penales como criterio para su concesión.
En consecuencia, la aplicación de la revocación basada únicamente en estos antecedentes se presenta como un ejercicio de interpretación legal. La ausencia de una conexión clara entre la conducta penal y los requisitos de elegibilidad crea una disonancia que debe ser abordada con precisión.
Es importante recordar que, en el Informe Rettig, un documento crucial en la historia reciente de Chile que examinó las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, nunca se revisaron antecedentes penales de ninguna víctima para calificarla como tal.
La evaluación se centró en determinar si un agente del Estado había asesinado o hecho desaparecer a una persona —resaltando así la diferencia en los criterios utilizados en la evaluación de víctimas en ese contexto específico—
Más allá de la inquietud ética que pueda surgir, debemos acordar que el Principio de Juridicidad tiene que estar presente en cada decisión que se tome desde el Estado. Si el beneficiario actuó de buena fe—Bona Fides como se establecía en el derecho romano— y el Estado cometió un error al conceder el beneficio, la revocación, desde un punto de vista estrictamente legal, carece de fundamento.
Un manifestante lanza al fuego una estatua durante una jornada de protestas cerca de la Plaza Italia, en Santiago.
En este sentido, la jurisprudencia tiende a respaldar la idea de que la revocación debe fundamentarse en la existencia de un incumplimiento claro de los requisitos establecidos.
No obstante, el panorama cambia radicalmente cuando nos enfrentamos a engaños deliberados, como la manipulación de antecedentes médicos.
En estos casos, la revocación no solo se justifica, sino que se convierte en una medida necesaria para preservar la integridad del sistema y garantizar que los beneficios sean otorgados de manera justa y equitativa.
En este complejo escenario de las Pensiones de Gracia, la discusión va más allá de la burocracia y la interpretación legal. Nos enfrentamos a un dilema ético: ¿cómo equilibrar la reparación a las víctimas con la necesidad de preservar la integridad del sistema?
En este complejo escenario de las Pensiones de Gracia, la discusión va más allá de la burocracia y la interpretación legal
En un país donde la justicia y la equidad deben ser faros que guíen nuestras decisiones, la revocación de beneficios no puede ser impulsada por prejuicios morales o políticos.
Debemos recordar que el Estado, al corregir sus errores, no juzga la moralidad de la víctima, sino que cumple con el principio fundamental de estar acorde a la ley.
La transparencia en el proceso de otorgamiento de beneficios es vital para restaurar la confianza en nuestras instituciones. Sin embargo, cualquier revocación debe basarse en evidencias claras de incumplimiento, evitando así convertirse en un acto de retribución.
En el equilibrio entre legalidad y ética, recordemos que la reparación a las víctimas no debe depender de su historial penal. Al abordar estas cuestiones, aboguemos por un sistema de Pensiones de Gracia que refleje su verdadera esencia: ser una fuerza reparadora, no punitiva.