La extrema derecha ha conseguido introducir en el debate político temas como la inseguridad o la inmigración. Ha sucedido aquí y en el resto del mundo. En la reciente campaña electoral en Alemania se han llevado la palma. Además, ya se ha comprobado que los cinturones sanitarios para frenar a la ultraderecha han fracasado y, por eso, se percibe un cambio de estrategia en los partidos centrales. Ha quedado claro que la batalla política no se gana con solo decir que los ultras son muy malos. La gente ya no compra ese mensaje porque lo ve vacío si no se acompaña de soluciones a los problemas ciudadanos.
Esto explicaría el viraje de Junts pidiendo las competencias estatales sobre inmigración para Catalunya o su negativa a desbancar de la alcaldía de Ripoll a Sílvia Orriols, líder de la extrema derecha independentista, para no convertirla en una víctima y evitar que en dos años consiga la mayoría absoluta. Fue justo lo que sucedió en Badalona con el cordón sanitario al alcalde Xavier García Albiol cuando lo echaron a través de una moción de censura y arrasó en las siguientes elecciones.
Dos furgonetas de los Mossos d'Esquadra en Barcelona
Junts observa cómo los mensajes de la derecha extrema calan en su electorado y los alcaldes del territorio están muy preocupados porque temen que les resten votos. La consigna es: hay que reaccionar. Hace algo más de un año, nueve alcaldes de Junts del Maresme, la comarca con más militantes junteros de Catalunya, comparecieron convocados por el alcalde de Calella para pedir más policías para luchar contra los multirreincidentes que atemorizaban a la población.
Aquella reivindicación quedó manchada porque se relacionó la oleada de robos que sufría la zona con menores inmigrantes tutelados y se reclamó la expulsión del país a los delincuentes extranjeros reincidentes. El revuelo político fue grande, pero alguien en los despachos policiales, ahora gobernados por el PSC, tomó nota y un año más tarde, ha bajado la alarma vecinal.
¿Qué ha pasado? Sencillo, se ha encarcelado a 19 de los delincuentes reincidentes en esa población y, en consecuencia, se han reducido considerablemente los delitos. Los robos con fuerza en el interior de los domicilios han disminuido un 34,5%, los hurtos un 9% y los robos con violencia en las tiendas (que allí hay muchas) han caído un 18,20%. Además, ha habido un 12% más de detenciones. [Nota: el concejal de Seguridad de Calella, Soufian Laroussi Akhrif Ben Ziane, es del PSC]. Dos ejemplos más: en Santa Coloma de Gramenet, ciudad de la que fue alcaldesa la actual consejera de Interior, ha habido un 54% más de actuaciones contra las ocupaciones ilegales. Muy cerca de allí, en Tiana, la colocación de cámaras de seguridad, ha reducido los delitos a la mitad.
¿Así que era cierto? El problema no era una invención interesada, pero se estaba obviando. Ahora se actúa, sin ruido y con eficacia. Hay más policías, más cámaras, más vigilancia contra la ocupación, más detenciones y menos politiqueo.
El cordón sanitario ha fracasado, ahora toca trabajar para resolver los problemas reales
No se debe bajar la guardia porque la petición que más repiten los alcaldes cuando se reúnen con la consejera de Interior, es que hace falta más policía. Los refuerzos están todavía en la academia, pero mientras llegan se activarán unidades de la Brimo para acompañar a las patrullas policiales convencionales en la lucha contra los reincidentes, como explicaba ayer Mayka Navarro.
Esta presencia policial solo debe inquietar a los delincuentes, aunque no tardaremos en oír voces, esta vez de la extrema izquierda, criticando el despliegue. Serán los mismos que hasta ahora han desoído a la gente que reclamaba soluciones para este grave problema real. La ausencia de una respuesta explica que parte del electorado migre a espacios políticos drásticos. Quizás PSC y Junts hayan descubierto cómo frenar ese éxodo y el secreto no es otro que trabajar.
